El Gobierno de Entre Ríos declaró el 4 de noviembre el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en zonas de islas y anegadizos de seis departamentos de la provincia por la llegada de El Niño, al igual que la declaración de emergencia hídrica en CABA.
La medida, que busca aliviar las pérdidas económicas provocadas por las inundaciones asociadas a la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, regirá desde el 1° de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027.
La decisión se formalizó mediante el decreto 3692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y sus ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. Los departamentos alcanzados son La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
Según los informes técnicos que fundamentaron la medida, las inundaciones provocaron importantes perjuicios sobre la actividad productiva. En el caso de la ganadería, se estima una afectación superior al 50% de la capacidad productiva, como consecuencia de la disminución de la productividad, las ventas forzosas de hacienda a precios más bajos y los mayores costos de alimentación, traslado y arrendamiento de campos para reubicar los animales.
La apicultura también registra consecuencias por la crecida, con pérdidas directas en los apiarios ubicados en zonas de humedales, islas y franjas costeras, además de dificultades para retirar y trasladar las colmenas.
Qué beneficios contempla la emergencia agropecuaria en Entre Ríos
Entre las principales medidas de alivio, el decreto instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a diferir hasta el 31 de enero de 2028 los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural correspondientes a 2026 y 2027 que operen durante el período de emergencia.
Además, los productores podrán acceder a un plan especial y opcional de facilidades de pago de hasta tres cuotas mensuales consecutivas, sin intereses de financiación. La primera cuota vencerá el 10 de marzo de 2028. La norma también contempla la condonación de multas e intereses generados por el pago fuera de término durante el período de prórroga.
Para quienes acrediten la condición de desastre agropecuario, se establecen exenciones del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. El porcentaje de la exención será equivalente a las pérdidas declaradas en el certificado de desastre correspondiente.
Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos. El documento tendrá que estar firmado por un profesional matriculado de las ciencias agropecuarias y certificado por una entidad pública o privada representativa o vinculada con el sector afectado. A partir de esa presentación, el Ministerio de Desarrollo Económico emitirá los certificados correspondientes.
Pedido de homologación nacional y el respaldo de las entidades rurales
El Gobierno de Frigerio informó que el ministro Guillermo Bernaudo inició las gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional para obtener la declaración de emergencia agropecuaria. La homologación nacional es un paso clave para que los productores puedan acceder a los beneficios contemplados en la Ley 26.509, que establece herramientas de asistencia para las actividades agropecuarias afectadas por emergencias y desastres.
La decisión provincial recibió el respaldo de distintas entidades rurales, según detalló un comunicado oficial del Gobierno de Entre Ríos. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), su director del distrito III Entre Ríos, Matías Martiarena, destacó la rapidez de las gestiones y el alcance de la medida.
“Sin dudas, esto es una herramienta más para los productores que están en una situación muy delicada, previendo también lo que puede llegar a ser uno de los peores fenómenos de El Niño de la historia”, sostuvo.
En la misma línea, el director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere, consideró que la declaración es necesaria frente a la gravedad de los daños productivos y valoró el reconocimiento de los mayores costos que enfrentan los productores.
Sin embargo, advirtió que el próximo paso será conseguir la homologación nacional. “El desafío es que esta declaración se traduzca en soluciones concretas, proteja al productor y permita sostener la capacidad productiva de Entre Ríos”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol, destacó la celeridad de la respuesta provincial y la posibilidad de anticiparse a los efectos de la creciente. También Ronald Garnier, dirigente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), valoró que la declaración tenga vigencia desde el 1° de agosto, lo que permite incluir a productores que debieron movilizarse antes de la firma del decreto.
La medida se suma a la emergencia hídrica declarada en agosto mediante el decreto 2660, que abarcó a todo el territorio entrerriano para implementar acciones de prevención y mitigación frente al escenario hidrometeorológico asociado al fenómeno de El Niño.
Cómo es el plan nacional para afrontar El Niño
Frente al fenómeno climático El Niño que ya científicos de la UBA alertaron que podría ser el más potente en 40 años, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, oficializó la puesta en marcha del plan para responder a posibles inundaciones por El Niño.
La medida apunta a blindar operativamente a las provincias de la Cuenca del Plata y unificar la respuesta estatal ante probables inundaciones, anegamientos de rutas y emergencias sanitarias en las regiones ribereñas.
El plan involucra oficialmente a ocho provincias: Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, en Mendoza, el Gobierno local propuso declarar la emergencia por riesgo climático ante El Niño.
La estrategia propone un monitoreo constante y cooperación entre el Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA). Estas organizaciones trabajarán coordinadamente para prever y mitigar los efectos del clima extremo.
El monitoreo hidro-meteorológico continuo se apoyará en la información provista en tiempo real por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), centralizando los mapas de riesgo mediante el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).