La comunidad Mbya Guaraní denunció amenazas del empresario forestal Alfredo Ruff en Misiones

Un video reciente de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II denunció por amenazas al empresario forestal Alfredo Ruff, después del desalojo del territorio que habitan, efectuado el 28 de julio por fuerzas de seguridad dentro del municipio de Garuhapé, en la provincia de Misiones.

• La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II denunció amenazas del empresario forestal Alfredo Ruff tras un desalojo ocurrido el 28 de julio en Garuhapé, Misiones, durante el cual fueron destruidas viviendas y cultivos de siete familias.
• El cacique Santiago Ramos sostiene que el territorio les corresponde por derechos ancestrales y reclama al Estado provincial el reconocimiento de las tierras relevadas por el INAI, mientras organizaciones denuncian irregularidades en el operativo y en la actuación judicial.
• Tras regresar al territorio el 2 de agosto, la comunidad inició un proceso de recuperación y reconstrucción, en medio de un conflicto que vuelve a poner en debate la protección constitucional de los pueblos originarios y el avance de los proyectos de desalojos exprés.

En el registro compartido en las redes, el cacique Santiago Ramos acusó: “Estoy muy amenazado de Alfredo Ruff (sic). Antes de que pase algo grave, por la gente, por los niños y niñas que están dentro de ese territorio, nosotros estamos con miedo y estamos amenazados”.

Según su relato, el empresario llegó con “sus matones” para obligarlos a retirarse de las hectáreas en disputa, a las que regresaron después del desalojo porque aseguran que les corresponden por derechos ancestrales. El video muestra patentes tapadas, algunas personas con gorras y capuchas para evitar ser reconocidas.

El 28 de julio, alrededor de cincuenta personas, entre policías y gendarmes de Misiones, avanzaron sobre la tekoa Mbya Guaraní Puente Quemado II con el objetivo de expulsarlos del territorio. El “mburuvicha”, Santiago Ramos, contó que aquella mañana además de los patrulleros, se hicieron presentes un juez, su secretario, y un comisario para dar cumplimiento a una supuesta orden de desalojo.

Siete familias fueron trasladadas con sus pertenencias fuera del lugar en un camión jaula propiedad deAlfredo Ruff. A principios de mayo, la detención del cacique Santiago Ramos había sido detenido, junto con otros miembros de la comunidad por el cargo de “usurpación”, pero liberados horas después frente a la presión social. En esta ocasión, se procedió, no solo al desalojo, sino a la destrucción con topadoras de las viviendas indígenas y sus cultivos, destinados al autoconsumo.

Por su parte, en declaraciones al medio Misiones Online, Ruff denunció “un problema de usurpación, ya organizado y deliberado”, de tierras de las que dice ser propietario. También acusó a la organización Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) de impulsar una “toma masiva, organizada y deliberada” junto a integrantes de una comunidad mbya. El abogado y exjuez Osvaldo Rubén Lunge es quien lo representa como querellante. Si bien el empresario Alfredo Ruff manifestó predisposición para dar su testimonio, luego dejó de contestar y bloqueó el contacto.

Consultado por Economía Sustentable, el cacique aseguró que el 2 de agosto regresaron al territorio para defenderlo. “No pueden actuar, el juez no puede dar orden a la policía, ni su secretario, ni el comisario, si está anulada la orden de desalojo”. Las parcelas 141, 140 y 139 fueron relevadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por lo que Ramos apela al derecho de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. “Habla clarito que somos preexistentes, nosotros no venimos después de los criollos. Nosotros ya estamos antes de los criollos, eso es lo que respalda la Ley”. Además exige desde su comunidad al gobierno provincial “que solucione nuestro territorio ya que está en el relevamiento territorial por la ley 26.160. Que solucionen porque está en la mano del Estado Provincial y la Justicia”.

El cacique Ramos declaró que están en proceso de recuperación de las tierras. “Estamos resistiendo en este momento y estamos construyendo las casas grandes (ogavasu) que nosotros tenemos como guías espirituales, pero la gente sufrió daño y perjuicio porque cortaron todo con la motosierra, las casitas y le quemaron todo y absolutamente todo perdieron”. Aclaró que no son tantas las hectáreas para plantar, porque su consumo no es grande, pero que ellos cuidan el monte porque ahí encuentran todo. “Tanto medicina natural, en la fruta y bueno, algunos alimentos que hay dentro del territorio”.

La organización Rebelión o Extinción de Misiones, develó que antes del desalojo, efectivos policiales les habían ofrecido dinero a una parte de la comunidad para que abandonaran el territorio, lo que fue rechazado. “Estamos frente a un hecho de una enorme gravedad institucional que exige una investigación inmediata para determinar quién dio esa instrucción, con qué recursos se realizó ese ofrecimiento y en beneficio de quién. Denunciamos al juez Roberto Sena, que permitió ejecutar el desalojo mientras permanecían pendientes recursos e impugnaciones sobre el procedimiento”. También denunciaron al Gobierno de Misiones, el Ministerio de Ecología y la Dirección de Asuntos Guaraníes “por no velar por los derechos del Pueblo Mbya”. El responsable de esta dirección, que pertenece al Ministerio de Derechos Humanos, Francisco Rodriguez, informó que están trabajando, y que realizaron una nueva mesa de diálogo, el 13 de agosto, con las partes. “Ante la denuncia del cacique se reforzó la seguridad en el lugar particular y en la zona para que no ocurra más esta situación”.

Desde el sitio de noticias del ministerio dejaron constancia del encuentro: “El acta deja expresamente establecido que la participación en esta instancia no implica renuncia, desistimiento ni modificación de las acciones judiciales existentes, ni de los derechos territoriales que cada parte invoca”.

Desde XR Misiones piden colaboraciones solidarias para recuperar sus alimentos y herramientas para reconstruir su “tekoa”.

Cómo protege la Constitución Nacional el derecho a la tierra de los pueblos mbya

Un comunicado difundido por el medio La Izquierda Diario —que junta firmas contra la criminalización de los pueblos originarios— menciona irregularidades: “El caso lo está tratando un juzgado de instrucción, cuando en realidad, al tratarse de un territorio que se encuentra en demanda por titularización, el Juez Roberto Antonio Sena debería haber derivado el caso al Juzgado Civil de Posadas y no intervenir en el pedido del denunciante Alfredo Ruff”.

La abogada Roxana Rivas, integrante del Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), que representa a la comunidad, dijo que a partir de las amenazas —que además muchas fueron públicas—, hicieron una denuncia ante la comisaría, que es lo que corresponde. Además, pusieron en conocimiento del juez penal que lleva la causa, pidiendo a su vez que lo remita al fiscal de turno y que se instruya la causa por amenaza.

“La manera que tiene el pueblo de acreditar sus derechos sobre el territorio ancestral, entre otras, es el relevamiento territorial que es lo que se hizo a través del INAI y que le otorga una resolución reconociendo los derechos en la ocupación ancestral, en el uso de ese territorio. Y eso es una resolución administrativa que lo dicta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, implica el reconocimiento estatal de la posesión, que es un derecho sobre esos territorios”, agrega.

Mientras el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene media sanción del Senado y todavía debe discutirse en Diputados, el proyecto de “desalojos exprés” pretende ser una herramienta que permitiría “procesos sumarísimos” para acelerar los operativos en propiedades urbanas y rurales. El abogado y docente de la Universidad Nacional de Misiones José Luis Fuentes, aporta su perspectiva.

– Ellos están ya en un proceso que se les aplicó anticipadamente. Son una muestra de lo que podría ser la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en lo que quedó vigente, porque ellos recibieron desalojo exprés. Un juez sin verificar el fondo de la cuestión, la Constitución Nacional, Convenio 169 OIT (Organización Internacional del Trabajo), el relevamiento de la ley 26,160; el juez ve que alguien tiene un título de propiedad, (que es Ruff), y ordena el desalojo. Eso es lo que va a pasar. Como en otras comunidades, hay inquilinos, pobladores rurales y otro tipo de dinámica que pueda darse con el territorio. Ellos volvieron, porque esa es la potencia del pueblo guaraní, ¿no? No se rinden, entonces ellos luego de ser desalojados volvieron días después.

El conflicto, según explica Fuentes, es que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas junto con la provincia de Misiones, en convenio, le reconoce esa posesión a la comunidad. “Pero obviamente nunca regularizaron, nunca le dieron la propiedad comunitaria con los papeles. Entonces, Ruff tiene el título de propiedad de esa tierra y ellos tienen la posesión ancestral”.

Fuentes destaca que el desalojo se produjo en condiciones inhumanas, vulnerando diversos tratados internacionales. Luego un fiscal reconoció que ese desalojo fue realizado de manera ilegal, que tendría que haber tenido un trato de fondo más prudente.

“Y yo creo que van a va a triunfar la comunidad. Por supuesto que necesitan un marco de seguridad, de solidaridad más amplio, ¿no? Y que con la Constitución en la mano, con el artículo 75 inciso 17 que expresa, la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos, todos los defendamos para que ellos se fortalezcan y puedan permanecer ahí”, concluye.