La Justicia bonaerense dio un paso inédito en la lucha contra la caza ilegal al ordenar el secuestro de dos perros galgos que eran presuntamente utilizados para actividades cinegéticas clandestinas en un establecimiento rural de San Antonio de Areco.
La medida fue impulsada por el fiscal Lisandro Masson, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes, y ejecutada por el Comando de Prevención Rural (CPR) local, en el marco de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Fauna Silvestre.
Según fuentes vinculadas al caso, se trata de la primera vez que una causa de este tipo deriva en la incautación efectiva de los animales utilizados para la caza ilegal en la región, una decisión que podría sentar un precedente para futuras investigaciones en la provincia de Buenos Aires.
Los galgos fueron retirados del establecimiento y entregados bajo custodia judicial a la asociación civil Corazones Vagabundos, que quedó a cargo de su cuidado mientras avanza el proceso judicial.
Cómo estaban los galgos
El operativo estuvo acompañado por una evaluación sanitaria de los animales, cuyos resultados reforzaron los argumentos que motivaron la intervención judicial.
De acuerdo con los informes veterinarios, ambos galgos presentaban un marcado deterioro físico pese a su corta edad. Los especialistas detectaron lesiones, cortes, dolores crónicos y dificultades de movilidad compatibles con situaciones de maltrato y exigencia física extrema.
Uno de los perros presenta además una posible hernia, mientras que ambos evidencian secuelas que podrían estar asociadas a prácticas frecuentes en ámbitos de caza furtiva, como la restricción de alimento para potenciar el instinto de persecución.
Los profesionales también señalaron que los animales mostraban resistencia al contacto físico y signos de sufrimiento acumulado.
Una decisión que divide aguas
La resolución judicial generó reacciones contrapuestas en la comunidad. Mientras organizaciones de protección animal celebraron el fallo como un avance contra la caza clandestina y el maltrato animal, sectores vinculados a esta práctica cuestionaron la decisión y expresaron su rechazo a través de redes sociales y espacios comunitarios.
Desde Corazones Vagabundos aclararon públicamente que la entidad no participó de la denuncia que originó la causa y que su intervención se produjo únicamente a pedido de la Fiscalía para garantizar un destino seguro a los animales.
Sin embargo, la organización aseguró haber recibido insultos, agresiones y amenazas luego de que trascendiera el operativo.
La causa continúa ahora en sede judicial, donde la Fiscalía busca determinar las responsabilidades de los propietarios o responsables del establecimiento rural investigado. En paralelo, la ONG enfrenta otro desafío: encontrar hogares de tránsito para los galgos rescatados.
La organización informó que mantiene una deuda veterinaria cercana a los ocho millones de pesos y lanzó una campaña solidaria para conseguir familias o espacios rurales donde los animales puedan recuperarse física y emocionalmente.