Europa, dividida por la ley antideforestación: once países piden retrasos y cambios
Austria y Luxemburgo lideran un bloque que reclama retrasar y flexibilizar la normativa que busca frenar la deforestación global impulsada por el consumo europeo.
La Unión Europea (UE) vuelve a estar bajo presión interna por su ley contra la deforestación. Según un documento al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters, un grupo de once países miembros, entre ellos Austria, Luxemburgo, Italia y Finlandia, exige a la Comisión Europea que retrase aún más la implementación de la normativa y modifique sus puntos clave para hacerla más flexible.
La legislación, pionera a nivel mundial, busca reducir el 10% de la deforestación global que, según estimaciones, está vinculada al consumo europeo de productos como soja, carne vacuna, aceite de palma, café y cacao. No obstante, se ha convertido en un tema de alta tensión dentro del bloque y ha sido blanco de críticas tanto internas como externas.
Exigencias «altas»
Ya en 2023, la UE pospuso un año la entrada en vigencia de la ley, prevista ahora para diciembre de 2025, debido a la presión de socios comerciales como Brasil y Estados Unidos, y tras objeciones de parte del sector privado europeo. Además, en los últimos días, la Comisión anunció que la mayoría de los países quedarán exentos de los controles más estrictos.
Pero para los once gobiernos firmantes del nuevo documento, esas modificaciones no son suficientes. Argumentan que las exigencias para los productores agrícolas y forestales siguen siendo “altas, cuando no imposibles de cumplir”, y que resultan desproporcionadas en relación con los objetivos de la regulación.
El grupo, integrado por Austria, Luxemburgo, Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Italia, Letonia, Portugal, Rumania y Eslovenia, propone aplazar nuevamente la fecha de aplicación y crear una nueva categoría de países “de riesgo muy bajo de deforestación”. Estos quedarían exentos de controles aduaneros y del requisito de rastrear el origen de las mercancías.Q
Qué dice la normativa actual
La normativa actual establece que, a partir de diciembre de 2025, todas las empresas que quieran comercializar ciertos productos en el mercado europeo deberán presentar declaraciones de diligencia debida que demuestren que no están asociados a la deforestación. Esta obligación también se aplicará a las exportaciones desde la UE.
El incumplimiento podría derivar en multas de hasta el 4% del volumen de negocios anual dentro del bloque.
Hasta el momento, la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre esta nueva ofensiva por parte de los Estados miembros. El documento será debatido este lunes por los ministros de Agricultura en Bruselas, en lo que se anticipa como una sesión clave para el futuro inmediato de la política ambiental europea.
