El agua que tomamos: 1 de cada 3 argentinos consume contaminantes peligrosos sin saberlo
Por Pablo Martelli, director General de Hidrolit, quien analiza la importancia del acceso al agua segura como derecho.
Millones de argentinos consumen agua contaminada sin saberlo. En muchas localidades, el líquido que llega a hogares, escuelas y centros de salud contiene niveles de arsénico que exceden los valores recomendados por organismos internacionales. A simple vista no tiene color, olor ni sabor, pero su riesgo es real.
En muchas regiones, hablar del agua como un recurso natural disponible y seguro se ha vuelto un privilegio cada vez más restringido. La abundancia aparente contrasta con una realidad compleja, marcada por una distribución desigual, problemas de infraestructura, contaminación de origen natural y humano, y la falta de acceso seguro para millones de personas.
Presencia de arsénico en el agua
Uno de los desafíos menos visibilizados pero más urgentes es la presencia de arsénico en el agua subterránea, un contaminante natural que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa un riesgo severo para la salud cuando se consume en niveles superiores a 0,01 mg/l, especialmente en poblaciones vulnerables (1). En muchas zonas del país, este límite se supera ampliamente.
Según un estudio del Programa de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario (2024), cerca de 17 millones de personas en Argentina —es decir, uno de cada tres habitantes— consumen agua con niveles de concentración de arsénico superiores a las recomendadas (2). La contaminación afecta a unas 12 provincias, entre ellas Buenos Aires, La Pampa y Catamarca, y tiene un origen mixto: procesos naturales como la erosión de rocas en los acuíferos y actividades humanas como la minería y el uso intensivo de agroquímicos.
El arsénico, silencioso y persistente, se ha ido acumulando en las napas a lo largo de más de un siglo.
Frente a este panorama, herramientas como el Mapa Interactivo de Arsénico en Agua desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) permiten visualizar con claridad la magnitud del problema: localidad por localidad, con indicadores en rojo, amarillo y verde, muestran dónde el agua está fuera de los parámetros seguros. Este tipo de plataformas no solo generan conciencia, sino que permiten tomar decisiones más informadas, orientar políticas públicas y planificar intervenciones más urgentes y focalizadas.
La crisis hídrica global ya no es una amenaza del futuro: es una realidad del presente, y Argentina no está exenta. Pero esta situación también representa una oportunidad: repensar la gestión del agua desde una perspectiva más sustentable, equitativa y descentralizada. La innovación tecnológica, la mejora en las regulaciones, y sobre todo la conciencia ciudadana, son claves para avanzar.
Acceso al agua segura, un derecho
En este contexto, el acceso al agua segura no puede seguir siendo una promesa diferida. Es un derecho esencial que demanda no solo soluciones técnicas, sino también una mayor comprensión del problema por parte de los organismos involucrados. Capacitar a funcionarios y equipos técnicos sobre los riesgos del arsénico y las soluciones disponibles para su remoción es un paso crítico para impulsar un acceso más rápido y equitativo al agua segura.
Una parte fundamental de la respuesta es descentralizar el proceso de potabilización, permitiendo que hogares, escuelas y comunidades incorporen sistemas de tratamiento accesibles y efectivos. En regiones afectadas por arsénico, los sistemas de filtración diseñados para remover metales pesados representan una herramienta concreta para mejorar la calidad del agua directamente en el punto de consumo.
Estas tecnologías no sustituyen las soluciones estructurales a largo plazo, pero ofrecen una vía eficaz y complementaria para reducir la exposición y proteger la salud de millones de personas.
El arsénico es invisible. Pero sus consecuencias, si no actuamos, serán visibles, irreversibles y devastadoras. No existe una única solución, ni llegará de forma inmediata. Sin embargo, el primer paso es claro, asumir el problema, visibilizarlo y poner en marcha un nuevo paradigma donde el agua sea entendida como lo que es: un bien común, vital y urgente, que debe ser protegido colectivamente así como a través de decisiones individuales informadas y sostenibles.