¿Cómo será el sistema de monitoreo de incendios en el Delta que prepara el Gobierno?

Teniendo en cuenta que una importante serie de incendios vienen poniendo en peligro la biodiversidad del Delta del río Paraná, que constituye un humedal de importancia internacional, de escala continental y único en el país, el Gobierno acaba de poner en marcha un sistema de prevención de riesgos y promoción del desarrollo sostenible en esa zona.

El plan se bautizó como Red de Faros de Conservación a partir del cual se instalarán nodos interconectados, estratégicamente localizados en el Delta que estarán equipados con bases con personal permanente, lanchas, cuatriciclos, motos, drones con cámaras térmicas, torres de control con cámaras térmicas , equipos de monitoreo ambiental y equipos de comunicación, entre otros.

La importancia del nuevo sistema de preservación del Delta tiene que ver con la calificación oficial de “estratégica” a toda esta reserva de agua dulce superficial, proveedor de servicios ecosistémicos  “irremplazable en la región y ámbito de la historia y la cultura de nuestra Nación”. 

Así se sostiene en la Resolución 432/2020 del Ministerio de Desarrollo Sostenible en el cual se explican las principales razones por las cuales se pondrá en marcha el nuevo sistema de cuidado de la biodiversidad del Delta, en especial para evitar que se repitan los grandes incendios que este territorio (identificado como PIECAS-DP) ha sufrido en los años 2008, 2012 y 2020, que han arrasado cientos de miles de hectáreas. 

“Esto permite inferir un probable proceso cíclico asociado a condiciones de bajante del río y sequías regionales, todo lo cual se vincula a las consecuencias del cambio climático y a las modificaciones del uso del suelo para actividades productivas como la ganadería”, detalla la resolución oficial que también expone la “ocurrencia progresiva y continua de incendios en el delta medio y en menor medida en el delta superior e inferior”. 

Para el organismo que conduce el ministro Juan Cabandié el origen de esta emergencia surge de la combinación de dos circunstancias extraordinarias como son la bajante del río Paraná y la sequía regional, fenómenos que generaron condiciones altamente favorables para los incendios. 

Sin embargo, el Gobierno también asume que el inicio de los fuegos tiene origen en actividades humanas vinculadas a la producción primaria (ganadería vacuna), la caza furtiva y la recreación entre otras, mediando la desaprensión, el desconocimiento, el descuido y también el vandalismo y la especulación con el cambio de usos del suelo post incendios.

“Si bien la práctica de la quema, arraigada a las costumbres lugareñas, constituye una herramienta a fin de obtener rebrote como forraje para el ganado, se han registrado desde marzo a la actualidad numerosos incendios desproporcionados que generan un grave daño ambiental”, advierte el documento oficial al que accedió Econosus.

Ocurre que los efectos indeseables del fuego, como la presencia de humo que altera la visibilidad y genera molestias y afectaciones en las vías respiratorias a las personas que se exponen, producen efectos directos sobre el ambiente como la remoción de la cobertura vegetal, la muerte de muchos animales y la degradación de suelo, además de liberar gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

Se trata de un escenario complejo, riesgoso y similar al que ya ocurrió en el 2008, cuando en el marco de una causa judicial tramitada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se firmó un acuerdo ientre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y el gobierno nacional para desarrollar el llamado Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS).

En agosto pasado, una sentencia judicial de la Corte ordenó como medida cautelar, que las tres provincias y los municipios de Victoria y Rosario, constituyan, de manera inmediata, un Comité de Emergencia Ambiental, que tenga por objeto mitigar los incendios en el Delta.

Según el fallo, el comité deberá adoptar “medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, en la región del Delta del Paraná, utilizando las bases del PIECAS-DP, Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná”.

A partir de la actual situación de emergencia, ahora se impulsa la reactivación de ese sistema a partir de la elaboración de esa denominada Red de Faros de Conservación para prevenir riesgos y promocionar el desarrollo sostenible del Delta.

El objetivo es poder desplegar una política de prevención para la conservación y el desarrollo sostenible, en un área de cerca de dos millones de hectáreas.

El programa arrancará con el desarrollo de una Central de Prevención de Incendios para el Delta, con torres para mejorar el control visual, un programa de información, capacitación y disuasión y la utilización de drones de monitoreo. Además, los dos primeros faros serán instalados en el Parque Nacional Pre Delta y en Parque Nacional Islas de Santa Fe.

En la resolución oficial se explica que desde esta central se coordinarán las tareas de brigadistas nacionales y provinciales y la asignación de recursos.

También se encarará un proceso de monitoreo de biodiversidad y la evaluación del estado de las especies claves y amenazadas; se promoverá la generación de conectividad biológica, el mapeo de vegetación del bosque ribereño y de barranca y la identificación de zonas incendiadas o sobre-pastoreadas a restaurar.

También habrá un mecanismo permanente de monitoreo para la prevención de riesgos ambientales; de llevarán adelante acciones para conservar la biodiversidad y promover la conectividad ambiental; se acompañará a productores rurales y pobladores isleños en la transición de las actividades hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Según la resolución oficial, “la red de Faros de Conservación ha sido concebida complementariamente para constituir una referencia en el territorio, para el diálogo y la cooperación con los diferentes actores y para la implementación articulada de diferentes políticas públicas que contribuyan al desarrollo sostenible en el territorio”.

Factores históricos

En el 2014 el plan ya había establecido tres lineamientos y recomendaciones fundamentales para el desarrollo sostenible del Delta:

1. Mantener la condición e integridad del conjunto de humedales y los bienes y servicios ambientales.

2. Las intervenciones asociadas a infraestructuras deben ajustarse a las condiciones ecológicas y las dinámicas hídricas, atendiendo a las necesidades de la población isleña.

3. Las actividades productivas deben ajustarse a regulaciones que aseguren la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la dinámica hidrológica atendiendo la equidad social.

Desde principios de este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promovió la reactivación del PIECAS por la necesidad de avanzar en el desarrollo territorial sostenible de la zona y el  combate a los incendios que comenzaron a extenderse, afectando en forma directa a la población isleña y la biodiversidad y también a ciudades cercanas, a causa del intenso humo. 

En respuesta a esta situación, se declaró la emergencia ambiental y zona crítica de protección ambiental al Delta disponiendo por el término de 180 días la prohibición de la quema de pastizales.

“Desde entonces, ha sido incesante la tarea del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y de los organismos provinciales de manejo del fuego en el combate de los incendios, destinándose gran cantidad de recursos económicos y humanos, coyuntura que  modificó la agenda inicial del CIAN del PIECAS-DP, la cual debió orientarse a la atención de la emergencia”, detalla la resolución oficial. 

De manera paralela se elaboró la estrategia de instalación de los faros para abordar la gestión del riesgo de incendios en el delta enfocado en la prevención y alerta temprana.

El programa es concebido como una acción necesaria en el contexto de la emergencia de incendios, pero su horizonte de implementación y desarrollo se extiende hacia el mediano y largo plazo a fin de contribuir de modo constante a la mayor presencia del Estado en el territorio para implementar políticas públicas de gestión de riesgos y promoción del desarrollo sostenible.

Problemas y planteos

Según las autoridades, los problemas a abordar pueden dividirse en dos: uno recurrente y de tipo sectorial dado por los incendios y otro de carácter estructural e integral dado por el modelo de desarrollo territorial vigente que es de tipo espontaneo, no planificado y que tiene consecuencias no deseadas.

Esto permite inferir un probable proceso cíclico, asociado a condiciones de bajante del río y sequías regionales, todo lo cual se vincula a las consecuencias del cambio climático y a las modificaciones en los usos del suelo para actividades productivas como la ganadería.

Las causas principales que favorecen la generación y la propagación de este tipo de problemas y en especial de los incendios en la región, se asocian a las condiciones del contexto biofísico como la bajante extraordinaria del río Paraná; precipitaciones por debajo de la media anual (sequía); desecación de la biomasa generándose gran cantidad de material combustible.

También por ausencia o disminución significativa de agua en cuerpos lenticos (lagunas, interior de islas);  disminución de caudales e incluso ausencia de agua en cuerpos loticos (arroyos, riachos, brazos); obstrucción por sedimentación de las secciones de los cauces que conducen los caudales desde el cauce principal de rio al interior del delta.

Con relación al inicio de los focos ígneos de muy probable origen intencional, el Gobierno asegura que se generan por mal manejo de pasturas naturales para la actividad de ganadería vacuna extensiva en las islas (quema para rebrote); caza furtiva (para acorralar animales silvestres como carpinchos); actividades recreativas (fogones, campamentos, fuego para cocinar); especulación con posibles cambios de uso del suelo post incendio.

“En este marco, se venía observando una débil presencia del Estado en el territorio para prevenir las quemas irregulares y dificultades para dar cumplimiento efectivo a las leyes provinciales de control del fuego; difícil gobernabilidad del territorio, por su gran extensión y su complicada accesibilidad a causa de la dinámica hidrológica pulsátil con fases de inundación y sequia”, señala la resolución oficial.

De acuerdo a las autoridades, la carencia de un plan de desarrollo o de manejo que establezca pautas de usos del suelo y regulación de actividades, genera una gran cantidad de consecuencias negativas para la región:

• Destrucción de ecosistemas y hábitats
• Pérdida de biodiversidad
• Degradación de tierras
• Contaminación del agua con cenizas
• Pérdida de la capacidad productiva del territorio
• Riesgo para la vida de la población isleña.
• Contaminación del aire por el humo, que afecta la salud de la población isleña y de las ciudades cercanas al delta.
• Malestar social en las grandes ciudades del entorno.
• Aumento de emisiones de GEI.

A partir de esta agenda, se elaborará e implementará  el proyecto de monitoreo del ámbito de cada uno de los faros a ser instalados para fortalecer el conocimiento vinculado con el impacto del uso del fuego; identificar y mapear las distintas actividades que se desarrollan en sus áreas de influencia y mapear las regiones críticas asociadas a las actividades identificadas.

Características de la red

La red será coordinada por un grupo de funcionarios que serán responsables de elaborar una planificación estratégica (horizonte de 5 años) y planes operativos anuales (POA) con objetivos, metas, líneas de acción y previsión de recursos necesarios.

Según la medida oficial, cada Faro o nodo tendrá un coordinador/a responsable formalmente designado y contará con un equipo de personas entrenadas.

Se establecerá un sistema de comunicación permanente y activa, además de otro de evaluación periódica del programa y se considerará a cada faro como un nodo que forma parte de una red interconectada y que posee un esquema de comunicación y diálogo con la población del entorno y con las jurisdicciones que integran el delta del río Paraná.

Se trata de  núcleos operativos insertos en el territorio para la irradiación de políticas ambientales de conservación y desarrollo sostenible con inclusión social.

Serán accesibles desde tierra firme, accesibles entre sí, distribuidos equidistantemente y abarcando el territorio, ubicados en puntos estratégicos por su conectividad y condiciones ecológicas para constituir un corredor de biodiversidad y socio cultural.

Tendrán una distribución geográfica adecuada para abarcar el territorio y se estima la necesidad de contar con entre seis y ocho agentes de conservación por cada faro, dependiendo de las dimensiones y localización.

El Gobierno dispondrá de los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos que demande el emplazamiento, equipamiento y funcionamiento de cada faro y del sistema.

También podrá recibir fondos de las provincias integrantes y los municipios involucrados en el territorito PIECAS; organismos del Estado nacional;  fondos internacionales de adaptación al cambio climático o similares, y organizaciones no gubernamentales.