Cambio climático: Con qué países Argentina compartiría su “no” al Acuerdo de París

Los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a realizar una transición hacia sociedades bajas en carbono y con mayor resiliencia frente al cambio climático.

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En concreto, las 33 naciones de la región han expresado ya sus compromisos nacionales de acción climática y, además, algunos de ellos han manifestado la aspiración de alcanzar carbono neutralidad a mediados de siglo.

Para lograr cumplir esas metas, un reciente informe elaborado por técnicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organización de las Naciones Unidas, estima que la inversión anual debería situarse entre el 3.7% y 4.9% del PBI regional hasta 2030.

Es decir, un flujo anual de entre u$s215.000 millones y u$s284.000 millones, mientras que en la actualidad dichos flujos de financiamiento climático ascienden a 0.5% del PBI regional, por lo que deben incrementarse entre 8 y 10 veces para cerrar la brecha de financiamiento.

Las estimaciones incluyen inversiones en el sistema energético, del transporte y la reducción de la deforestación, entre otros, con estimaciones que consideran inversiones en sistema de alertas tempranas, prevención de la pobreza, protección costera, servicios de agua y saneamiento y protección de la biodiversidad.

Renovables y electromovilidad

El documento llamado “Necesidades de Financiamiento y Objetivos Climáticos” aclara que los requerimientos de inversión varían entre países en función de sus objetivos específicos y sus características particulares.

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“La inversión en sectores que permiten una transición hacia economías sostenibles, carbono neutrales y resilientes al clima, tienen el potencial para ser un elemento catalizador para el cambio estructural con inclusión social”, detalla el trabajo redactado por un grupo de expertos de la CEPAL entre los que se encuentran Carlos de Miguel, Oficial a Cargo de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica del organismo; Santiago Lorenzo; José Eduardo Alatorre; José Javier Gómez y Jimy Ferrer, funcionarios de la Unidad de Economía del Cambio Climático de esa División, y Lucía Rezza e Ignacio Fernández, consultores de la misma División, en el marco del apoyo a las actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC).

Como ejemplo, citan las inversiones en energías renovables o en electromovilidad para el transporte público, “que exhiben importantes multiplicadores de producción y empleo, y de contar con una política de desarrollo productivo adecuado, permiten una mejor inserción en las cadenas de valor, reducir los requerimientos de importaciones y maximizar la creación de empleo interno”.

el año pasado, la Argentina contribuida de manera activa con los compromisos de acción climática para la región, lo cual se reflejaba en sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).

Y, como el resto de los países de esta zona, la reducción comprometida de emisiones para 2030, era de entre 24% y 29% con respecto al escenario inercial, dependiendo de si la reducción es de carácter incondicional o condicional a apoyo internacional.

Millonario financiamiento

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Para el caso de la adaptación, la capacidad para enfrentar los retos que impone el cambio climático depende de variables geográficas locales, como proximidad con zonas costeras, económicas, como la calidad de la infraestructura y del espacio fiscal para financiarlas, y sociales, como la prevalencia de pobreza, la existencia de redes de protección social y la provisión de bienes y servicios básicos señala el paper.

El documento cuenta con ocho secciones. En la segunda, se presenta el panorama de financiamiento climático a nivel global y regional y se contrasta contra el compromiso de los países desarrollados a los países en desarrollo de u$s100.000 millones anuales.

En la tercera se calculan los compromisos de reducción de emisiones a nivel regional y se compara con los escenarios consistentes para no superar aumentos de 1.5°C y 2°C de temperatura.

Adicionalmente, se presenta la distribución sectorial de las emisiones y, por tanto, los sectores prioritarios para la acción climática.

En tanto, la cuarta sección está dedicada a la inversión en actividades de mitigación, las cuales incluyen la transformación del sistema energético, del sector transporte, detallando puntualmente el costo de electrificación del transporte público regional y la reducción de la deforestación. La quinta sección se enfoca en inversión en infraestructura la cual es transversal a adaptación y mitigación, enfocándose en estimaciones del sector transporte, agua y saneamiento, irrigación e infraestructura para el control de inundaciones.

La sexta está dedicada a inversiones en adaptación, en donde se incluye biodiversidad, eventos extremos y pobreza.

Por su parte, la séptima sección recoge la información presentada en las secciones previas y presenta el resultado global del estudio, mientras que la octava sección concluye con reflexiones finales que, por las últimas declaraciones públicas de varios funcionarios de la Argentina, no serían tomadas en cuenta por el país.

Argentina, ¿de salida?

Por lo menos así surge de analizar las últimas declaraciones de Gerardo Werthein, flamante canciller argentino, quien admitió que el gobierno libertario “evalúa” retirarse del Acuerdo de París, un tratado internacional que establece compromisos para luchar contra el cambio climático.

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Esos compromisos incluyen limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; adaptarse a los impactos del cambio climático; aumentar los compromisos con el tiempo; ayudar a los países en desarrollo a adaptarse y mitigar el cambio climático.

El Acuerdo fue adoptado en la COP21 en París el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. En la actualidad, 194 partes lo han firmado, entre ellas 193 países y la Unión Europea.

Entre sus características, establece que los países se informen mutuamente y a la sociedad sobre sus avances; presenten planes de acción por el clima cada cinco años; se comprometan a alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible; se basen en la mejor ciencia disponible para aplicar el Acuerdo.

Todas estas premisas podrían quedar en la nada si finalmente la Argentina se retira del tratado, tal como lo anticipó el canciller Werthein en un reportaje publicado por el diario norteamericano The New York Times.

El reemplazante de Diana Mondino anticipó que el presidente Javier Milei “evalúa” la posibilidad de retirarse del tratado internacional firmado en 2015 con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar la crisis climática.

Según Werthein, el Gobierno evalúa su estrategia en todos los asuntos relacionados con el cambio climático en una medida que, el periódico norteamericano califica como “drástica” y además recuerda la decisión tomada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su primer mandato sacó a su país de dicho acuerdo, una iniciativa que luego fue revocada por Joe Biden.

El medio estadounidense sostiene que la permanencia de Argentina en el Acuerdo de París forma parte de una revisión más amplia de las políticas climáticas del gobierno de Milei.

Los países “rebeldes”

Si bien la Argentina hasta ahora no tomó ninguna decisión más allá de retirarse de la última reunión de la COP29, desde que asumió la presidencia, Milei se mostró reacio a seguir el camino adoptado por 133 países sobre las políticas mundiales para combatir la crisis climática.

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Cuando en el 2015, la Argentina firmó el pacto se comprometió a reducir las emisiones de gases contaminantes en un 18% para 2030, con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Pero, si ahora la administración libertaria deja de lado esos compromisos se sumará a unos pocos países que no firmaron el Acuerdo de París como son Irán, Irak, Libia, Sudán del Sur, Turquía y Yemen ya que en 2017 Donald Trump, solicitó su salida del pacto, que se hizo efectiva en noviembre de 2020, aunque a día de hoy ya ha regresado al acuerdo por orden del anterior presidente, Joe Biden, quien retornó al pacto para limitar las futuras emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de los países que no adhieren, Irán es el responsable de 1.3% de todas las emisiones de gas de efecto invernadero, aunque un estudio de Climate Action Tracker detalla que sus emisiones aumentaron entre 34% y 51% en 2023 en comparación con los niveles de 2010, y de 170% a 210% en comparación con los niveles de 1990.

El país explicó en noviembre de 2021 que no ratificaría el acuerdo por razones políticas y en tanto se mantengan las sanciones internacionales en su contra por su programa nuclear.

Por su parte Libia nunca presentó estrategias de mitigación o adaptación y hasta aseguró que piensa duplicar la producción de combustibles fósiles.

Otro caso es Yemen que no ha ratificado aún el Acuerdo de París a pesar de ser uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático gracias a su ubicación geográfica, en el oeste de la península Arábiga.

Además, figura entre los menos preparados para afrontar los efectos del calentamiento global y ocupa el puesto 174 de 185 en el índice de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, que señala que Yemen tiene una gran necesidad de inversión e innovaciones para mejorar la preparación y una gran urgencia para la acción.