CABA contra la participación ciudadana: reclaman 23 millones de pesos a asociación por una denuncia
Así lo aseguró la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, en el marco de un conflicto judicial por la construcción de una nueva estación de la línea H.
En el marco de un conflicto judicial por la construcción de una nueva estación de la Línea H, la Defensoría del Pueblo, a través de María Rosa Muiños, se presentó como “amicus curiae” en el caso que tiene enfrentados a la asociación Basta de Demoler y al GCBA.
Según informó la Defensoría del Pueblo, en 2012, la Ciudad comenzó la construcción de una nueva estación de la línea H del subterráneo en Plaza Alvear, en violación de las normativas urbanísticas y generando un daño irreparable al hábitat de dicha zona.
Frente a este hecho, la asociación vecinal Basta de Demoler y la historiadora urbana Sonia Berjman iniciaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar que hizo que se frenara la obra.
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En consecuencia, si bien la causa no prosperó, el GCBA modificó el proyecto original dando a entender que la obra en Plaza Alvear era irregular y dañaba el ambiente.
A partir de esta situación, el nuevo planeta era construir la estación donde actualmente se encuentra la terminal Facultad de Derecho. Sin embargo, luego de terminar la obra, junto a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) presentaron una demanda contra la Asociación y Berjman.
El reclamo de la Ciudad, junto a SBASE, es de 23 millones de pesos contra Basta de Demoler y Berjman, según entienden ellos por los daños ocasionados a partir de la denuncia.
Tal como figura en el escrito presentado ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°6, “en el caso analizado, surge claramente que la pretensión del GCBA y de la empresa SBASE de reclamar los daños ocasionados por el ejercicio legítimo de un derecho -como es el de acceso a la justicia para tutelar un bien jurídico colectivo- resulta una forma encubierta de imponer un costo a la acción de amparo con el único objeto de desalentar la participación de la ciudadanía en la protección de los bienes culturales de la Ciudad de Buenos Aires”.
En este sentido, se argumenta que el principio de gratuidad sobre la intervención de la Asociación Basta de Demoler se encuentra protegido por la normativa vigente y que el reclamo por un hipotético daño de los amparistas debió haberse realizado al momento de ser presentada la medida cautelar.
Por ello, el documento firmado por Muiños indica que se trata de una medida “extemporánea, abusiva y de carácter intimidatorio” que busca contradecir por la vía judicial los postulados centrales de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
