“Basta de fast fashion”: la otra pelea del sector textil con el Gobierno

La relación entre el sector textil y el gobierno de Javier Milei ha alcanzado su punto de máxima tensión en lo que va de este 2026.

Lo que comenzó como una diferencia de visión económica se ha transformado en un cruce de acusaciones directas entre los principales funcionarios del gabinete y los referentes industriales.

El conflicto escaló tras declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó de «robo» los precios de la ropa en Argentina y afirmó que nunca compró ropa en el país, defendiendo la apertura de importaciones como la única vía para forzar una baja de precios.

El ministro también puso en duda la cifra de 150.000 familias que dependen del sector, tildándolo de «cuento» para justificar el proteccionismo.

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reforzó esta postura comparando el costo de un jean local (hipotéticamente u$s100) frente a uno importado (u$s25), minimizando el riesgo de pérdida de empleos por la apertura.

Desde el sector, varias organizaciones empresarias salieron a responder estas acusaciones, como la Fundación Pro Tejer y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), desde donde se enviaron mensajes de fuerte tono cuestionador a las políticas libertarias.

Desilusión empresaria

Los empresarios argumentan que el Gobierno bajó impuestos para importar ropa (especialmente de Asia), pero no redujo la carga tributaria ni los costos logísticos para quienes producen localmente.

Por caso, Claudio Drescher (CIAI) respondió que el ministro «tampoco debería comprar comida o neumáticos» en el país, ya que también son más caros que en el exterior debido a la estructura de costos argentina.

Además, muchos empresarios del rubro, que apoyaron al gobierno en las urnas, hoy se sienten atacados y señalan que el Poder Ejecutivo se ha convertido en «parte de la casta» al no solucionar los problemas de fondo de la competitividad.

Según la visión del sector, la pelea ocurre en un contexto de indicadores extremadamente críticos para la industria, con 18.330 puestos de trabajo registrados perdidos desde el inicio de la gestión de Milei y fábricas que operan al 29% o 30% de su capacidad, lo cual significa que siete de cada 10 máquinas están paradas.

Del mismo modo, desde esta industria aseguran que en los últimos dos años han cerrado cerca de 700 establecimientos, incluyendo firmas centenarias como Emilio Alal en el NEA.

Advierten además que, aunque la ropa se abarató un 30,6% en términos reales (frente a la inflación general), las ventas no repuntan porque el poder adquisitivo sigue muy golpeado.

La otra pelea, la ambiental

Pero esta disputa económica y política, también tiene un costado que involucra la agenda ambiental y de sustentabilidad de la industria textil argentina, teniendo en cuenta que se trata de un tema que ya no es considerado como una opción de marketing, sino como un requisito de supervivencia.

Más que nada, frente a la competencia de plataformas de ultra fast fashion (como Shein o Temu) y las nuevas regulaciones globales de donde, precisamente, se encuentra ingresando la mayor cantidad de ropa y calzado del exterior.

Se trata de plataformas que utilizan el concepto de “fast fashion” (moda rápida), que ha transformado la relación de los consumidores con la moda, pasando de verla como un bien duradero a un objeto de consumo efímero.

Pero en la industria local advierten que, aunque los precios bajos son atractivos para el bolsillo, el costo real lo está pagando el planeta y sus recursos, como el agua, por ejemplo.

Esto se debe a que la industria textil es la segunda mayor consumidora de agua en el mundo al punto que para fabricar unos simples jeans, se requieren aproximadamente 7.500 litros de agua, lo que equivale a lo que una persona promedio bebe en siete años.

Además, se produce un impacto químico, si se tiene en cuenta que el teñido de textiles es responsable del 20% de la contaminación industrial del agua potable.

Los químicos tóxicos suelen verterse en ríos en países productores, afectando ecosistemas enteros y la salud de las comunidades locales, lo mismo que ocurre con el oxígeno, en donde la moda rápida genera entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de carbono, superando incluso a todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados.

El efecto “políester”

En este sentido, los expertos explican que la ropa suele fabricarse en países que dependen del carbón para obtener energía (como China, India o Bangladesh) y luego se transporta a miles de kilómetros, aumentando la huella de carbono logística.

Además, gran parte de esos productos utiliza poliéster, una fibra sintética derivada del petróleo cuya producción no solo emite gases de efecto invernadero, sino que tarda cientos de años en degradarse.

Cada vez que se lava una prenda sintética, se desprenden miles de pequeñas fibras de plástico y los estudios internacionales advierten que medio millón de toneladas de microfibra terminan en el océano cada año, que son ingeridas por la vida marina y, eventualmente, terminan en la cadena alimenticia humana.

Del mismo modo, se asegura que el modelo de «usar y tirar» ha creado una montaña de basura textil sin precedentes, además de que menos del 1% de la ropa vieja se recicla para fabricar ropa nueva.

De hecho, muchos países envían su exceso de ropa donada o no vendida al sur global y como ejemplo se puede citar es el Desierto de Atacama en Chile, donde existen vertederos clandestinos masivos de ropa que no se degrada y que a menudo es quemada de forma tóxica.

A partir de este escenario crítico para el medio ambiente, la industria textil argentina también se manifiesta en contra del ingreso de este tipo de moda producida bajo el concepto de “fast fashion”.

Sus referentes aseguran que la solución parece residir en la moda circular y el concepto de Slow Fashion, que prioriza la calidad sobre la cantidad, el uso de fibras naturales y el reciclaje textil real.

Señalan que este tipo de producción permite, por ejemplo, extender el uso de una prenda y ejemplifican con que si se lograra este objetivo solo por nueve meses más, el producto reduciría su huella de carbono, agua y residuos en un 20% a 30%.

Oportunidad para el país

“Debemos adoptar una nueva forma de pensar nuestra industria textil, ya que el fast fashion es cada vez más cuestionado debido al enorme daño ambiental y social que ha generado”, advierte Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer.

Se trata de una organización que representa y asiste a toda la cadena de valor agroindustrial textil y de confecciones de la Argentina, agrupando a empresas, sindicatos, universidades y centros de investigación (como el INTI), con el objetivo de impulsar el desarrollo, fortalecer la industria nacional y promover el empleo.

Para el ejecutivo, “en un mundo que revaloriza lo natural y lo sostenible Argentina tiene una oportunidad que no puede dejar pasar”.

Galfione fundamenta sus palabras recordando un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el que se sostiene que la industria de la moda rápida es responsable del 10% de las emisiones anuales de carbono -cifra que se ha duplicado en relación con el año 2000- y ha generado el 20% de la contaminación del agua potable a nivel mundial.

Asimismo, señala que muchas fábricas de confección de este tipo cuentan con condiciones peligrosas de seguridad e higiene y hasta esconden casos de explotación laboral e infantil, “como parte de un modelo de negocios

imperante de los últimos 20 años que, en búsqueda de menores costos, deslocalizó la producción de ropa en países con menores estándares laborales y ambientales (India, Bangladesh y Pakistán)”.

Por eso entiende que la mayor conciencia y responsabilidad respecto a las formas de producción y su efecto en las personas y el ambiente pone en jaque la continuidad del fast fashion como modelo hegemónico y abre paso a una industria y a un consumidor que revaloriza lo ético, lo natural y lo sostenible.

Pero aclara que su mirada no se trata de una estrategia meramente comercial, sino que se enfoca en la lucha contra el cambio climático “que es la principal misión de la agenda 2030 de la ONU y objetivo de los gobiernos de países desarrollados”.

Ejemplos internacionales

Para poner algunos ejemplos, recuerda que el Parlamento Europeo ha declarado como meta para 2030 que las prendas que se comercialicen deben ser duraderas, reciclables, sin sustancias nocivas y respetar los derechos laborales.

Otro caso es el de Francia, que ha logrado la media sanción de un proyecto de ley que busca limitar los excesos de ropa ultrarrápida (aplicación de tasas a las prendas de bajo costo, exigencia información de impacto ambiental al consumidor y el apoyo a productores de ropa sostenible).

También en Estados Unidos se busca recuperar el trabajo y valor que genera esta industria en su país a través de herramientas de promoción económica, de fomento del compre local y de barreras no arancelarias que limitan la comercialización de textiles nocivos a la salud.

A su vez, en vistas del aporte de la cadena de valor en términos de empleo y gracias a la mayor eficiencia que permitió la industria 4.0, digitalización, innovación y robotización de procesos, muchos países buscan relocalizar la fabricación textil en cercanía a los centros de consumo.

“La pandemia y las tensiones geopolíticas han acelerado este proceso de recuperación de las cadenas de suministro en el país de origen” sostiene el titular de Pro Tejer.

Qué se hace en Argentina

En Argentina, las empresas textiles e indumentaria ya están evolucionando a modelos más sostenibles, entendiendo los desafíos, pero también la oportunidad que representa.

Por caso, bajo el marco de la Ley de Economía Circular, cámaras como la CIAI y la Fundación Pro Tejer han establecido mesas de trabajo para que los descartes textiles de una fábrica se conviertan en materia prima de otra.

Además, empresas líderes como Santista Argentina ya han certificado procesos de triple impacto (CAME Sustentable) para producir tejidos de algodón reciclado y mezclas sustentables, reduciendo la dependencia de fibras vírgenes.

Una de las innovaciones más ambiciosas para este año es la implementación progresiva de la trazabilidad digital.

Se trata de un sistema de etiquetas con códigos QR o tecnología blockchain que permite al consumidor (y a los reguladores) conocer todo el ciclo de vida de la prenda: desde dónde se cultivó la fibra hasta cuánta energía se usó en su confección.

El objetivo es combatir el greenwashing y garantizar que la ropa fabricada localmente cumple con estándares ambientales que los productos importados de bajo costo suelen ignorar.

También se buscará potenciar la biodiversidad del país para crear fibras con baja huella hídrica y de carbono y a fortalecer proyectos en el NOA (Jujuy y Salta) para la producción de hilo de llama y vicuña bajo estándares de bienestar animal, posicionándolos como fibras de lujo sustentable exportables.

También el uso de fibra de caña de bambú y otros biomateriales está creciendo en el segmento de indumentaria técnica y deportiva, aprovechando que requieren menos pesticidas y agua que el algodón convencional.

Optimizar recursos

También y bajo el paradigma de la economía circular, se expande más la reutilización de desechos textiles y ropa para la elaboración de nuevos hilados, telas y prendas.

En el sector se asegura que la Argentina cuenta con variedad y cantidad de fibras naturales que son revalorizadas por el menor consumo de energía asociada, por ser biodegradables y porque sus propiedades brindan mayor confort y significan un mayor cuidado a la salud humana.

Además, se vienen realizando inversiones en máquinas y procesos que optimizan energía, el uso del agua y productos químicos, siendo cada vez más el número de empresas que logran alcanzar certificaciones internacionales de calidad.

Inclusive, algunos optan por sustituir colorantes químicos por naturales y crecen los proyectos nacionales de producción de algodón y otras fibras 100% orgánicas.

A partir de estos datos, Galfione entiende que “la convicción e iniciativa privada para ser parte de modelos más sostenibles es una realidad y un paso necesario, mas no suficiente”.

Reclamos al Gobierno

Es que para el ejecutivo, el Estado Nacional debe acompañar los esfuerzos del sector privado con regulación y esquemas de incentivos que fijen el rumbo hacia una industria textil más amigable con el medio ambiente.

En este sentido, reclama que no se trate en igualdad de condiciones al fast fashion con la ropa producida en el país, “que paga impuestos, cumple estándares ambientales y laborales”.

Sus reclamos pasan por la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio que incluya una serie de condiciones fundamentales para mejorar la calidad de los productos:

• Elevar estándares de calidad con el fin de preservar la salud y seguridad del consumidor
• Exigir transparencia de información acerca del proceso de fabricación y del producto
• Promover la trazabilidad de la cadena y que limite la comercialización de productos del fast fashion.
• Fortalecer herramientas de control en pos de garantizar la competencia justa y combatir el contrabando y agilizar normas antidumping y dumping social.

También reclama que se acompañe con incentivos económicos y fiscales a la industria textil y moda sostenible promoviendo la economía circular, las certificaciones y sellos de calidad, la trazabilidad, la calidad de fibras naturales y la incorporación de innovaciones y tecnologías relacionadas.

Se busca además que las prendas importadas enfrenten los mismos controles de microplásticos (poliéster) y químicos tóxicos que se exigen a las fábricas nacionales.

“Construir un modelo de negocios textil y de moda sostenible es estar un paso adelante y reafirmar el compromiso con el planeta y el bienestar social”, destaca el empresario, para quien “Argentina también debe diseñar e implementar una estrategia público-privada y ofrecer soluciones a un problema que preocupa seriamente al mundo”.

El desafío actual radica en que la industria local debe financiar estas mejoras en un contexto de caída del consumo interno, lo que ha llevado a las cámaras empresarias a pedir al Gobierno que los impuestos al trabajo se tomen a cuenta de inversiones en tecnología verde.