Arsénico en el agua: advierten que millones de argentinos consumen niveles superiores a los permitidos
Diversos estudios científicos alertan sobre la presencia de este elemento de origen natural en las napas de gran parte del territorio nacional. Los riesgos del consumo prolongado y la necesidad de adecuar la infraestructura de saneamiento a los estándares de la OMS.
La presencia de arsénico en las fuentes de agua destinadas al consumo humano constituye uno de los desafíos sanitarios más persistentes y silenciosos en la Argentina. Recientes relevamientos y estudios de instituciones académicas advierten que una proporción significativa de la población nacional reside en áreas donde los niveles de este elemento químico superan los límites recomendados internacionalmente. A diferencia de otros contaminantes derivados de la actividad industrial, el arsénico en el Cono Sur tiene un origen predominantemente natural, vinculado a la composición geológica de los sedimentos volcánicos que nutren las napas freáticas.
Esta problemática afecta principalmente a las regiones de la llanura chaco-pampeana, Cuyo y el Noroeste Argentino. En estas zonas, el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento tanto para el consumo doméstico como para la producción agropecuaria. El principal riesgo asociado a esta situación es el desarrollo del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad provocada por la ingesta sostenida de agua con elevadas concentraciones de arsénico, que puede manifestarse a través de lesiones cutáneas y diversas patologías oncológicas.
La brecha entre la normativa local y los estándares internacionales
El debate sobre la calidad del agua en el país está atravesado por la discrepancia entre los parámetros del Código Alimentario Argentino (CAA) y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras que el organismo internacional establece un límite máximo de 0,01 miligramos de arsénico por litro (mg/l) para considerar el agua como segura, la normativa nacional ha mantenido históricamente un margen de tolerancia mayor, de 0,05 mg/l, debido a las dificultades técnicas y económicas que implica la adecuación de las plantas potabilizadoras en diversas localidades.
Aunque se han realizado intentos regulatorios para unificar los criterios y descender al nivel sugerido por la OMS, la falta de infraestructura de saneamiento y la disparidad de recursos entre las grandes urbes y las comunidades rurales dificultan la aplicación efectiva de la norma. La implementación de tecnologías de remoción de arsénico, como la ósmosis inversa o la coagulación-filtración, requiere de inversiones sostenidas que muchas cooperativas de agua y municipios pequeños aún no han podido concretar.
Desafíos para el acceso al agua segura
La falta de información pública actualizada y de monitoreos sistemáticos en pozos particulares agrava el cuadro de exposición. En muchas áreas donde la red de agua potable es deficiente o inexistente, los habitantes recurren a perforaciones domiciliarias sin realizar análisis físico-químicos previos. Esta situación invisibiliza el alcance real del impacto en la salud pública, ya que los síntomas del hidroarsenicismo suelen aparecer tras años o décadas de consumo, lo que dificulta el diagnóstico temprano y la trazabilidad de la fuente de contaminación.
Para mitigar esta crisis, especialistas en ingeniería sanitaria subrayan la importancia de avanzar en soluciones escalables que permitan el tratamiento del agua en el punto de consumo, especialmente en viviendas aisladas o escuelas rurales. Asimismo, la expansión de las redes de acueductos que transportan agua desde fuentes superficiales menos mineralizadas se presenta como una solución estructural a largo plazo. La gestión del arsénico requiere, por tanto, un abordaje integral que combine la actualización normativa con el fortalecimiento de la infraestructura pública para garantizar el derecho al acceso al agua segura en todo el territorio nacional.
