Argentina avanza contra la pesca ilegal con reglas más estrictas y control satelital
La medida oficial busca optimizar la protección de los recursos marinos frente a la pesca no declarada. Qué dice la resolución.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de control para fortalecer la vigilancia y el régimen de sanciones sobre buques extranjeros que operan de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
La medida apunta a proteger los recursos marinos frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) y a reforzar la soberanía del país sobre su plataforma continental.
Qué dice el nuevo protocolo
La iniciativa fue formalizada a través de la Disposición N° 20/2026, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.
El nuevo protocolo introduce criterios claros y verificables para presumir la realización de actividades de pesca ilegal, simplificando conceptos técnicos que hasta ahora resultaban complejos de probar.
Entre los principales puntos de la normativa, se establece que un buque de bandera extranjera podrá ser considerado en presunta infracción si navega a una velocidad inferior a seis nudos realizando cambios de rumbo compatibles con maniobras de pesca. En el caso específico de los buques poteros, dedicados a la captura de calamar, la presunción se activará cuando se desplacen a dos nudos o menos sin una justificación válida.
El control y la fiscalización se apoyarán en tecnología de última generación. La Prefectura Naval Argentina utilizará el Sistema Guardacostas, que integra registros satelitales y electrónicos de alta precisión, como herramienta clave para el seguimiento de embarcaciones y la generación de evidencia.
Medida sobre riesgo de daños graves al ecosistema marino
Desde el Gobierno subrayan que la norma no tiene únicamente un carácter punitivo. El nuevo marco regulatorio garantiza el debido proceso, permitiendo que los capitanes de los buques involucrados presenten descargos y pruebas técnicas —como informes meteorológicos o reportes de averías— para explicar los movimientos detectados.
La medida se enmarca en la aplicación del Principio Precautorio, que obliga al Estado a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta en el momento de la detección. Con este nuevo protocolo, Argentina busca cerrar vacíos legales, mejorar la capacidad de control en el Atlántico Sur y avanzar en la protección de uno de sus principales activos estratégicos: el mar y sus recursos
