El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que en América Latina y el Caribe, un tercio de los desechos termina su ciclo en basurales a cielo abierto o causando daños ecológicos debido a una gestión inadecuada y el transcurso del tiempo. Estos sitios se caracterizan por la disposición indiscriminada de residuos sólidos, sin control operativo y con medidas ambientales deficientes, representando un riesgo para la salud al contaminar recursos vitales como agua, suelo y aire. En Argentina, la proliferación de basurales a cielo abierto está estrechamente ligada al incremento en la generación de desechos industriales por parte de las empresas, combinado con un escaso nivel de tratamiento. En el último año, se estima que se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos industriales, de las cuales solo el 7,1% recibió algún tipo de tratamiento, equivalente a aproximadamente 1.293.820 toneladas. Este dato proviene de un estudio realizado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, el cual revela que casi el 93% de estos residuos no son tratados adecuadamente. De acuerdo con los datos recopilados, en Argentina existen 402.711 empresas responsables de generar residuos industriales y peligrosos. Sin embargo, apenas el 8,44% de ellas, unas 33.983 empresas, gestionan estos residuos con un proveedor autorizado para su tratamiento. Este dato proviene de información proporcionada por la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa). Los basurales a cielo abierto representan un problema ambiental y de salud pública cada vez más preocupante en Argentina, siendo un desafío que muchas administraciones prometen abordar pero que, en la mayoría de los casos, queda pendiente. Según el «Informe del Estado del Ambiente» de 2017, elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, había más de 5000 basurales a cielo abierto en todo el país, lo que equivale a un promedio de más de dos basurales por municipio, ocupando una superficie total de 8600 hectáreas. La situación es alarmante y requiere urgentemente políticas para detener la proliferación de estos depósitos y erradicar los existentes. Si nos basamos en los datos del último relevamiento del Observatorio (mayo 2021 – abril 2022), en el país se generaron un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales, de las cuales solo se trató el 9,6%, equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto significa un aumento en la generación de casi siete toneladas respecto al año anterior, pero el tratamiento no ha crecido en la misma medida. Como resultado, se incrementa la cantidad de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos desechados en el ecosistema. Cifras a nivel mundial Según los datos más recientes proporcionados por la ONU, cada año se recolectan en todo el mundo unas 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. La permanencia de estos desechos en vertederos conlleva la emisión de gases tóxicos durante su descomposición. De hecho, los residuos sólidos sin tratar contribuyen al 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que son responsables del cambio climático. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre las repercusiones directas del cambio climático en la propagación de enfermedades entre las personas. Por ejemplo, durante los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023, la OMS observó un aumento significativo en los casos registrados de dengue y chikungunya en Argentina. Esta problemática, lejos de mejorar, continúa empeorando, y en 2024 se han alcanzado cifras históricas. Según los últimos informes del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de este año se han notificado 102.898 casos, en comparación con los 8.343 casos registrados para el mismo período en 2023. Alerta de salud pública Claudia Kalinec, presidenta de Catries, ha advertido sobre las diversas consecuencias derivadas de la acumulación de toneladas de basura en los vertederos: «El 93% de los residuos que no se gestionan adecuadamente terminan en estos vertederos ilegales, contaminando el entorno. Este problema nos afecta a todos por igual, ya que resulta en una menor calidad de vida. Por ejemplo, la contaminación del agua y el humo producido por la quema ilegal de residuos en las calles afectan directamente al medio ambiente y la salud, con repercusiones en la seguridad vial, entre otras cosas. La agenda ambiental, especialmente en lo que respecta a los residuos, es fundamental y afecta a todas las áreas por igual». Consultado por este mismo tema, Gustavo Solari, al frente de Caitpa, enfatizó sobre el hecho de que los basurales a cielo abierto, habitualmente, están en zonas habitadas por familias de bajos recursos, poniendo de relevancia otro problema estructural: el social y habitacional. “La gente que vive en estos lugares, muchas veces, extrae el agua de la napa freática, la que se encuentra a menor profundidad del nivel del suelo y, por ende, la primera que se contamina. También ocurre que familias construyen sus viviendas encima del suelo donde hubo un basural o sobre pisos que están rellenados con basura y la exposición a restos residuales sigue estando presente”, expresó Solari. Otro punto no menor es que la acumulación de basura produce un deterioro en la calidad del aire que se respira. Argentina se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de emisión de gas metano entre 2019 y 2023 por basurales a cielo abierto, según publicó una investigación en el diario inglés The Guardian. Los datos fueron tomados en base a un análisis de satélites globales de todo el mundo, que hizo la empresa privada Kayrros. Y hay más: una evaluación global del metano publicada por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021, advirtió que los vertederos y las aguas residuales representan aproximadamente 20% de las emisiones. “No solo se contamina el aire por un proceso lento de descomposición de estos residuos acumulados, sino que hay ciudades donde los basurales están al costado de rutas o autopistas. Es ilegal pero igual sucede y ha pasado que se quemen residuos de un basural y todo ese humo que se genera afecte directamente la visibilidad de los conductores que manejan por esos trayectos, una práctica sumamente peligrosa”, advirtió Kalinec. En la actualidad, la ley 25.916 establece que la responsabilidad por la gestión y la disposición de los residuos domiciliarios está a cargo de los gobiernos municipales. La herramienta de control que existe para asegurarse de que cumplen con la normativa es a través de certificados que se le otorga a cada municipio por disponer los residuos de particulares en una planta habilitada. Con las empresas sucede lo mismo que con los municipios. Deben disponer sus residuos industriales en una planta habilitada y, así, reciben un certificado de disposición final. Sin embargo, al igual que con los domiciliarios, no abundan las políticas integrales que aborden el problema desde una perspectiva provincial y también nacional, frente a los más de 18 millones de toneladas de residuos industriales anuales que produce la Argentina. La ausencia de políticas y planes federales para llevar adelante un control y monitoreo del manejo de residuos es una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina, según destacaron los referentes de Catries y Caitpa. “Nuestras entidades no relevan estos datos, sabemos qué municipios y cuáles empresas llevan sus residuos a las plantas que están asociadas a nuestras cámaras. Pero es el ministerio de Ambiente u organismo ambiental de cada provincia el que debe fiscalizar y controlar la gestión de los residuos”, aseguran.
