El debate por la vigencia o no de la actual ley de biocombustibles se metió de lleno en la agenda parlamentaria a partir de la presentación realizada por un grupo de diputados del Interbloque Federal que piden la continuidad del esquema que regula las actividades de las empresas productoras y comercializadoras de este tipo de combustibles más amigables con el medio ambiente que la nafta y el gasoil. Mientras desde el Gobierno se dejó trascender la posibilidad de impulsar en el Congreso de una nueva ley para terminar con la grieta que se generó el año pasado con este sector, los legisladores plantearon la necesidad de mantener intacta la normativa por los próximos tres años. Por ese motivo, enviaron una comunicación al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para que convoque a una sesión especial el próximo 25 de marzo a las 12 horas con el objetivo de tratar y aprobar al prórroga de la ley que regula el negocio de los biocombustibles. “Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a efectos de solicitarle que, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de la HCDN, se convoque a sesión especial para el día jueves 25 de marzo de 2021, a las 12 hs. a fin de que se trate el siguiente proyecto venido en revisión”, sostiene la nota firmada por los diputados Eduardo Bucca; Andres Zottos; Carlos Gutierrez; Luis Contigiani; Paulo Cassinerio ;Alejandra Vigo; Enrique Estevez; Claudia Marquez; Graciela Camaño y Jorge E. Sarghini. En conjunto, reclaman la extensión de la ley de biocombustibles hasta el 1 de diciembre del 2024 para mantener la norma que permite la promoción para la producción y uso sustentable de los biocombustibles en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que los beneficios de la norma vigente expiran en mayo próximo. El Interbloque Federal está formado por figuras que responden a Consenso Federal, el espacio político fundado por Roberto Lavagna, y por los cuatro diputados de Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti, además de legisladores socialistas. En disputa A fines del año pasado, el propio Massa había prometido tratar la prórroga de la norma. En ese momento, el diputado frenó una moción para votar el tema sobre tablas prometiendo que se lo analizaría en las sesiones extraordinarias de enero pasado. Eso no ocurrió porque el Poder Ejecutivo no envió el proyecto que ya tenía media sanción del Senado, debido a que desde algunos sectores del oficialismo aseguraron que la norma «afecta a la industria de los hidrocarburos«. También se argumentó un embate contra la norma de parte de las provincias petroleras que buscaron forzar la caída de la promoción para evitar la obligación de utilizar un corte de 12% en etanol y 10% en biodiésel. Quienes desde el oficialismo impulsan la necesidad de cambios a la ley argumentan que el Gobierno no puede ni debe abordar esta problemática desde la perspectiva de un solo sector o una única región sino que se deben integrar las necesidades y realidades diversas de las zonas productoras. Un caso es el de Córdoba, donde sus autoridades provinciales parecen apoyar la presentación de los diputados massistas para prorrogar la ley. Por lo menos así lo manifestó el vicegobernador Manuel Calvo, quien reclamó la continuidad de la normativa. En declaraciones periodísticas a medios de su provincia, aseguró que se encuentra “llevando a cabo un trabajo permanente con nuestros diputados nacionales para generar una agenda que permita que esa ley que fue sancionada por unanimidad en el Senado pueda tener en el breve plazo el tratamiento adecuado en la cámara de Diputados». Ocurre que Córdoba es una de las provincias productoras de biodiesel del país donde se generaron inversiones importantes que se han llevado adelante para dar valor en origen a la producción. Para el vicegobernador “no se explica que Diputados no se aboque a tratar este tema de manera urgente, ya que en los próximos 58 días la Argentina se queda sin esta importante ley que regula la actividad”. La postura de Calvo contrasta con las de quienes, desde la alianza política gobernante a nivel nacional, pretenden modificar sustancialmente el régimen de promoción de este tipo de combustibles con el objetivo de terminar con las tensiones generadas durante el 2020 por el congelamiento de los precios de esta industria que son fijados por el Estado nacional. Dicho cepo provocó, según las empresas del sector, un derrumbe de la actividad que se profundizó debido a las consecuencias que generaron en toda la economía del país las medidas sanitarias para combatir la pandemia del Covid-19. Situación insostenible Muchos productores denunciaron atravesar una situación “insostenible”, y hasta se puso en tela de juicio la continuidad de un centenar de compañías y miles de fuentes laborales, en especial en las provincias del Noroeste, que concentran la mayor actividad producción de biodiesel a partir de la soja, y bioetanol, del maíz y la caña de azúcar. En febrero pasado, y tras una visita a Tucumán, el presidente Alberto Fernández prometió revisar el régimen y modificarlo a partir de una nueva ley que permita sostener una industria sustentable que aporta u$s1.500 millones anuales a las arcas estatales y que genera 7000 empleos. La iniciativa oficial entiende la necesidad de mantener el esquema de promoción actual pero incorporando nuevos aportes que mejoren su productividad y competitividad de una industria que, a diferencia del petróleo, carbón o gas natural, ofrece fuentes de energía renovables y con una producción mucho más rápida. Hasta el momento, el proyecto no fue debatido en Diputados y desde el Gobierno aseguraron que están trabajando para que sea considerada en los próximos meses, luego del encuentro que el Presidente Fernández mantuvo con industriales del NOA y NEA ante quienes se comprometió a continuar con esta política implementada en 2006. Las autoridades aseguran que el nuevo esquema legal que regirá a los biocombustibles será “exitoso” y que se seguirá basando en los preceptos del régimen actual que fue creado por el ex presidente Néstor Kirchner. El propio Presidente adelantó que el petróleo será sumado a la nueva ley para incrementar la viabilidad económica de la industria en la medida en que también constituye un instrumento estratégico para proveer el equilibrio imprescindible para el desarrollo estable y sostenido del sector a partir de una norma que permita a todas las 10 provincias productoras donde se radicaron 54 plantas industriales beneficios económicos, socio-productivos, energéticos y ambientales. Lejos de la postura presidencial, la diputada Caamaño advierte que “son miles los puestos de trabajo que siguen en la incertidumbre, además del agregado de valor y energía limpia que se promueve”. Desde su cuenta de twitter, la legisladora pide que la ley “sea la codificación de las aspiraciones de una sociedad como comunidad, en función de lo cual nosotros educamos, creamos hábitos y reglamos nuestras conductas”. Desde el sector empresario se recuerda que a principios de año, el Gobierno estableció una serie de aumentos correspondientes para el biodiesel y bioetanol, luego de un congelamiento establecido en el 2019, por el anterior presidente Mauricio Macri. Ese cepo a los valores hizo que los empresarios no lograran cubrir los costos de producción y quedaran amenazados miles de puestos de trabajo, plantas y pymes. Pero, tras la insistencia y pedidos por parte de los gremios, se logró acceder a incrementos que mejoraron la performance de las compañías. Hasta los aumentos otorgados por el Gobierno, en enero pasado, el sector atravesó momentos críticos que, según los industriales, se debieron a permanentes cambios en el modo de determinación de los precios entre 2017 y 2019, cuando se abandonó la fórmula que actualizaba los valores de materia casi automática en función de diversos indicadores, y garantizando una mínima rentabilidad para los operadores. Cuando el Frente de Todos llegó al poder decidió mantener el congelamiento de los valores de los combustibles, afectando la productividad del sector que profundizó su crisis con la pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento que derrumbaron el consumo de naftas y gasoil, que se “cortan” con biocombustibles con una caída superior al 25%. El crítico escenario causó la parálisis de todas las plantas de biodiesel que abastecen el mercado interno que, de manera adicional, sufrieron un fuerte incremento de sus costos por encima del precio congelado, lo que, sumado al elevado costo financiero que origina la estacionalidad para distribuir el abastecimiento en 12 meses, configuraron un quebranto económico para la actividad.
