El 17 de enero de 2023 la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo del Dr. Ramiro González, denunció a la empresa Absolon S.A.-ubicada en la localidad bonaerense de Roque Pérez- por presuntas infracciones a la normativa que regula los residuos peligrosos en Argentina (Ley 24.051). La investigación también alcanzó al frigorífico La Canaria, otra planta que opera en la zona. El disparador fue la difusión periodística de una fotografía aérea tomada por un parapentista que sobrevolaba el área y captó el momento en que un líquido rojizo desembocaba en el Río Salado. Tras un extenso proceso judicial que incluyó inspecciones y muestreos del cuerpo de agua, en abril pasado el juez federal Gabriel Di Giulio procesó sin prisión preventiva al presidente de Absolon y ordenó un embargo por 20 millones de pesos. Meses antes, el titular de La Canaria había sido procesado en la misma causa y embargado por 10 millones. Según consta en la resolución aportada por la abogada María José Buglione, fiscal subrogante de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul que desarrolló la investigación, los efluentes habrían sido descargados desde el punto de control de residuos de la empresa y conducidos a través de un caño subterráneo hacia el exterior de la planta. Desde allí, se derivarían por un canal hasta el Río Salado, ubicado a unos dos kilómetros. Estas descargas ilegales se habrían realizado de manera reiterada entre enero de 2023 y febrero de 2025, con al menos cuatro episodios verificados por las autoridades. La Justicia Federal de Azul procesó a los titulares de los frigoríficos Absolon S.A. y La Canaria por el presunto vuelco ilegal de efluentes contaminantes en el Río Salado, tras detectar restos orgánicos, bacterias fecales y sustancias por encima de los límites permitidos Las distintas medidas de prueba realizadas por organismos de control -como la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires-, deteterminaron que los efluentes vertidos por la empresa presentaban valores superiores a los establecidos por la normativa ambiental. En diálogo con Economía Sustentable, la abogada María Inés Soroet, Secreraria de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, señaló que los análisis revelaron una importante carga de materia orgánica asociada a la actividad industrial, con presencia de restos de plumas, vísceras y sangre. Además, explicó que se detectaron niveles elevados de coliformes fecales, bacterias que evidencian contaminación por materia fecal y que “revisten un serio riesgo para la salud de la población que pueda entrar en contacto con el recurso de agua”. Las empresas bajo investigación Absolon S.A. comenzó a operar en Roque Pérez después de la quiebra de la histórica avícola Criave, cuyo cierre en 2018 dejó cientos de trabajadores afectados en la localidad. En el marco de la conflictividad destapada, la nueva firma tomó parte de la estructura productiva y obtuvo autorizaciones provisorias para retomar la faena y procesamiento de pollos dando continuidad a algunos puestos laborales. Desde entonces, la empresa comparte el corredor industrial de las afueras de Roque Pérez con el frigorífico La Canaria, fundado en 2017 y dedicado a la faena y desposte de reses. Ambas plantas se conectan a un mismo canal aliviador -un conducto por el que drenan excedentes de agua y residuos de la actividad industrial- que desemboca en el Río Salado. Según la investigación judicial, por allí se habrían vertido los efluentes industriales sin el tratamiento adecuado. Además, se constató que, aunque las firmas cuentan con sistemas para el procesamiento de los líquidos residuales, éstos presentaban deficiencias operativas que comprometieron el manejo ambiental de los desechos generados. La investigación reveló que las descargas habrían ocurrido de manera reiterada entre 2023 y 2025, en un caso que se convirtió en un antecedente clave para la justicia penal ambiental en la provincia de Buenos Aires La postura de los imputados Los presidentes de ambas empresas niegan haber incurrido en contaminación en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos. Durante las audiencias indagatorias hicieron uso de su derecho a no declarar y presentaron escritos de descargo en los que sostuvieron que los hechos investigados no configuran una conducta penalmente reprochable. Además, argumentaron que las sustancias detectadas en los análisis no encuadran como “residuos peligrosos” según la Ley 24.051 y que no existen pruebas de un daño ambiental concreto ni de un riesgo efectivo para la salud pública. No obstante, el juez federal Gabriel Di Giulio consideró acreditados, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, los elementos del delito previsto en la Ley 24.051 y rechazó los planteos de las defensas. En línea con lo requerido por la fiscalía interviniente y los fiscales auxiliares María José Buglione y Lucas Moyano, en diciembre de 2025 dispuso el procesamiento del titular de La Canaria y trabó un embargo por 10 millones de pesos sobre sus bienes. Cuatro meses después, resolvió en el mismo sentido respecto del titular de Absolon, aunque con un embargo de 20 millones. Según pudo saber este medio, ambas resoluciones fueron apeladas y aún permanecen pendientes de revisión por la instancia superior. Absolon: un historial de contaminación Las irregularidades ambientales en la planta de Absolon S.A. habían sido detectadas años antes de que el caso tomara estado público. En enero de 2020, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) dispuso la clausura preventiva total del establecimiento tras constatar “grave peligro de daño inminente sobre el ambiente” y una serie de incumplimientos a la normativa vigente. Un año después, la empresa fue nuevamente sancionada con multas por infracciones ambientales. Las inspecciones se intensificaron a comienzos de 2023, luego de la difusión de las imágenes aéreas del vuelco de efluentes. En distintos operativos realizados junto a personal municipal, Policía de Delitos Ambientales y técnicos de la Autoridad del Agua (ADA), los inspectores detectaron líquidos “malolientes”, sustancias flotantes y deficiencias en las instalaciones de tratamiento de residuos. Además, constataron que la firma no contaba con permiso de vuelco de efluentes ni autorización para la explotación del recurso hídrico. Los análisis realizados sobre las muestras tomadas en la planta arrojaron niveles elevados de fósforo, nitrógeno, coliformes fecales y parámetros asociados a una alta carga orgánica, compatibles con residuos provenientes de la faena industrial. En distintas resoluciones, la Autoridad del Agua advirtió sobre la existencia de un “grave peligro de daño inminente sobre la salud, la población y el medio ambiente” y ordenó el cese de los vertidos en un plazo de 48 horas. Sin embargo, nuevas inspecciones y allanamientos realizados entre 2024 y 2025 concluyeron que la planta continuaba operando y evacuando efluentes hacia el canal de desagüe conectado con el Río Salado. Además, constataron que, si bien la firma argumentaba estar trabajando en la mejora del sistema de tratamiento de los residuos, las obras realizadas eran “insuficientes” en relación al los desechos producidos y “se encontraban detenidas desde hace aproximadamente dos años”. Un problema ambiental y productivo El vertido de residuos sin tratamiento sobre cursos de agua no es excepcional, sino un problema recurrente en la provincia de Buenos Aires. Sostiene Soroet que desde la creación de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental en el 2006, se han impulsado aproximadamente 1450 investigaciones preliminares vinculadas a hechos de contaminación de este tipo. El caso del Río Salado es particularmente sensible porque atraviesa una de las principales regiones agroproductivas del país, sostieniendo establecimientos ganaderos, agrícolas y agroindustriales de gran escala. Según estimaciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la cuenca de este río es responsable del 25 al 30% de la producción nacional de granos y carne. Así, los fallos que dispusieron los procesamientos de los frigoríficas constituyen un antecedente fundamental: no solo porque fueron los primeros dictados en materia penal ambiental en Azul, sino porque, señala Soroet, “permiten consolidar criterios de intervención judicial necesaria y eficiente en miras a promover mayores estándares de cumplimiento ambiental por parte de los sectores industriales”. De lo que se trata, sostiene la abogada, es de lograr un equilibrio entre la preservación del ambiente y actividades productivas y económicas.
