Más de 5.000 basurales a cielo abierto se expanden sin control en todo el país, recibiendo residuos -incluso industriales- sin ningún tipo de tratamiento previo. Las cámaras que agrupan a las empresas especializadas en gestión de residuos advierten que menos del 5% de estos desechos tiene un destino ambientalmente adecuado. El caso de Santa Fe evidencia una realidad extendida: la normativa existe, pero la fiscalización es débil o directamente inexistente. Preocupa a cámaras ambientales la cantidad de residuos industriales sin tratamiento En Argentina, los basurales a cielo abierto se convirtieron en uno de los principales pasivos ambientales sin resolver. Según el último informe oficial sobre el «Estado del Ambiente», publicado en 2023 por la Subsecretaría de Ambiente, existen unos 5.200 basurales de este tipo distribuidos a lo largo del país, lo que equivale a más de dos por municipio en promedio. La cifra se mantiene prácticamente sin cambios en los últimos años, lo que genera preocupación entre especialistas del sector, como la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA). El problema va más allá del número: es estructural. Muchos de estos sitios reciben residuos sin clasificación ni tratamiento, incluyendo materiales industriales, peligrosos y patogénicos, en clara violación de las normativas nacionales y provinciales vigentes. La falta de controles efectivos y sanciones concretas permite que numerosas industrias opten por métodos ilegales más baratos, pero altamente contaminantes. Desde ambas cámaras empresarias explican que, además, hay una gran confusión entre basurales y rellenos sanitarios. Los basurales a cielo abierto son espacios donde los residuos se depositan de forma indiscriminada, sin infraestructura ni medidas de protección ambiental. No cuentan con impermeabilización del suelo, ni con sistemas de control de lixiviados -líquidos tóxicos que escurren de la basura- ni monitoreo de gases producidos por la descomposición. Esta situación provoca una grave contaminación del aire, del agua subterránea y de los suelos, con efectos directos sobre la salud de las personas. En contraste, los rellenos sanitarios son sistemas de disposición final que cumplen con normas técnicas y ambientales. Están diseñados con capas impermeables, mecanismos de recolección de lixiviados y control de emisiones de biogás, además de monitoreo ambiental continuo. Solo pueden operar con habilitación oficial y están destinados a residuos que no pueden reciclarse ni valorizarse. La generación de residuos industriales y un tratamiento que no alcanza Uno de los factores que agravan la expansión de los basurales ilegales es la escasa proporción de residuos industriales que reciben tratamiento. Según los últimos datos durante enero y febrero del 2025 proyectados por el Observatorio de Residuos Peligrosos, una iniciativa conjunta entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, CATRIES y CAITPA, en Argentina se generaron más de 25 millones de toneladas de residuos industriales en el último año. Sin embargo, solo el 4,07% de ese volumen fue tratado adecuadamente. Los datos se basan en una encuesta mensual realizada a 37 firmas tratadoras asociadas a las cámaras, con un total de 47 plantas operativas. El informe estima que hay más de 32.700 empresas generadoras de residuos en el país, pero menos del 8,5% de ellas contrata servicios de tratamiento con operadores habilitados. “El 96% de los residuos industriales generados terminann sin tratamiento adecuado. Muchos de ellos van a parar directamente a basurales ilegales. Esto no solo genera un pasivo ambiental, sino que pone en riesgo la salud y la seguridad de toda la población”, advierte Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES. Los basurales a cielo abierto generan múltiples contaminantes. Entre los más graves, se encuentra el lixiviado, que puede infiltrarse hasta las napas freáticas, contaminando el agua potable. También se libera biogás, una mezcla de metano y dióxido de carbono, que contribuye al cambio climático y representa un riesgo por su inflamabilidad. Además, el problema no solo es ambiental, sino también social. “Muchas veces estos basurales están ubicados cerca o dentro de barrios de bajos recursos. Allí, las familias acceden al agua desde napas contaminadas o viven sobre terrenos rellenados con residuos”, señala Gustavo Solari, presidente de CAITPA. El marco regulatorio: el caso de Santa Fe La provincia de Santa Fe cuenta con legislación propia para la gestión de residuos industriales, articulada con la Ley Nacional 24.051, que establece que los residuos peligrosos deben ser tratados por operadores habilitados y controlados por las autoridades ambientales. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que otorga habilitaciones y certificaciones a empresas tratadoras y exige a las industrias la presentación de un manifiesto de residuos, donde deben detallar la cantidad, tipo y destino final de los residuos generados. Además, rige la Ley Provincial N.º 11.717 sobre Política Ambiental y la N.º 13.055 para residuos industriales, que establece sanciones por disposición inadecuada. Sin embargo, desde las cámaras alertan sobre la falta de fiscalización sistemática y la necesidad urgente de políticas públicas más integrales. “La ausencia de un control y monitoreo federal permite que las empresas no gestionen adecuadamente sus residuos sin mayores consecuencias para ellos pero con enorme impacto ambiental para la población en general y nuestro ecosistema. El problema no es la falta de normativa, sino la falta de aplicación. De nada sirve tener una normativa moderna si no podemos hacer que cuestiones básicas como no volcar los residuos de manera informal no sea sancionado”, remarca Kalinec. Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES Residuos industriales: piden mayor control estatal, incentivos y conciencia social Frente a un panorama ambiental cada vez más preocupante, expertos y cámaras del sector coinciden en que es urgente avanzar en distintos frentes. Uno de los principales desafíos es reforzar la fiscalización estatal. Desde la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) advierten que el control sobre el destino final de los residuos industriales es débil, y que las sanciones para quienes incumplen la normativa ambiental son escasas. “Sin consecuencias concretas para quienes contaminan, el sistema seguirá colapsado y a merced de prácticas informales”, sostienen. Además, las entidades proponen el diseño de políticas que promuevan el cumplimiento ambiental a través de incentivos. Beneficios fiscales o acceso preferencial a créditos verdes para las empresas que gestionen correctamente sus residuos serían herramientas útiles para impulsar un cambio de comportamiento en el sector privado, especialmente en un contexto económico complejo. También remarcan la importancia de llevar adelante campañas de concientización dirigidas tanto a las empresas como a la ciudadanía. El tratamiento de residuos suele ser percibido como un tema técnico o lejano, pero sus impactos -tanto ambientales como sanitarios- afectan directamente a las comunidades, sobre todo a las más vulnerables. Por último, ambas cámaras subrayan que una política ambiental seria no puede prescindir de una gestión adecuada de residuos. “No se puede hablar de sostenibilidad sin resolver este problema estructural”, afirman. En esa línea, Gustavo Solari advierte: “La contaminación por residuos industriales no es invisible. Está en los cursos de agua, en los suelos, en el aire que respiramos. Si no actuamos con urgencia y con una mirada a largo plazo, los costos serán cada vez más altos e irreversibles”.
