Costanera Sur: la Justicia porteña declaró nulo el convenio que habilitó a IRSA a construir torres

Ante el pedido de organizaciones sociales de frenar el convenio que habilitó a IRSA a construir torres en Costanera Sur, la Justicia porteña hizo lugar al amparo y frenó el emprendimiento inmobiliario que se llevará cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En el escrito, cuestionaron “la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final” en torno al proyecto inmobiliario conocido como “Costa Urbana”. 

En rigor, el predio en cuestión pertenece a la empresa IRSA, no obstante el lugar no tenía, antes del convenio, el permiso necesario para la construcción de viviendas en altura dado que solo estaban autorizados usos deportivos ya que allí iba a levantarse la Ciudad Deportiva Boca Juniors, algo que nunca ocurrió.

En la sentencia, que está en el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 10, a cargo de Aurelio Ammirato, se explica que “el procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone” y añadió que “este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó”.

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Con estos argumentos, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada “admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA”.

Así lo informaron los amparistas, que en julio del 2021 elevaron el recurso colectivo ante el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 10, a cargo de Aurelio Ammirato, para frenar el acuerdo urbano con IRSA sobre el predio de España 2230/40 que permitió la construcción de una decena de torres de 145 metros de altura. 

La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (La Defe).

Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y del ODC, consideró que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes”. 

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“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, agregó.

Por su parte, María Eva Koutsovitis, de la CLIC, señaló que “frenamos la venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”.

Qué solución disponible hay

“Tenés una solución tecnológica y otra política: la primera, hay que descontaminar y poner plantas de tratamiento. Y la segunda, que es la política, cómo a alguien le va a interesar tomar esta medida si no podés acceder al río como, por ejemplo, sí hacen en Montevideo, Uruguay”, explica Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente, en diálogo con Economía Sustentable.

“Ellos (los uruguayos) tienen acceso al mismo río que nosotros y también tenían un proceso de contaminación altísimo y el proceso de recuperación del mismo se dio a través de la política. Ahora, las personas pueden acceder al río, a la playa”, argumenta.

“Es determinante la importancia de los porteños sobre este espacio: hace 50 años, por lo menos, que está prohibido bañarse en el Río de la Plata y lo naturalizamos. Previo a esta situación actual, Buenos Aires era una ciudad con costa. Hoy en día, podríamos ser como Barcelona, Lisboa o cualquier ciudad centroamericana”, justifica.

El megaproyecto de IRSA contempla la construcción de torres, centros comerciales y oficinas. Por este motivo, Federovisky, indica: “El proceso privatizador de la costa favorecería solo a los sectores de mejor poder adquisitivo y que no necesitan que el río esté limpio. Solo con tener la vista libre, les alcanza”.

Y remarca: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bien público está capturado por los sectores de mejor poder adquisitivo”.