La Justicia federal deberá analizar el pedido para frenar el proyecto de GNL en el Golfo San Matías

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar a la apelación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra la decisión que había apartado al Juzgado Federal de Viedma de la causa por el proyecto de gas natural licuado (GNL) de la empresa Southern Energy que amenazan la biodiversidad del Golfo San Matías.

Así, el expediente seguirá en la Justicia federal, que deberá resolver el pedido de suspensión de las obras, según informaron las organizaciones ambientalistas.

Qué proyecto busca instalarse en el Golfo San Matías

El Golfo San Matías, en la costa de Río Negro, se convirtió en un punto estratégico para los planes de exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta. Allí se proyecta instalar buques capaces de transformar gas natural en gas natural licuado (GNL) para enviarlo al mercado internacional, junto con gasoductos, instalaciones costeras y operaciones marítimas.

Pero el desarrollo de esta infraestructura también abrió una disputa ambiental y judicial. La AAdeAAy FARN impulsaron una acción preventiva para que Southern Energy se abstenga de avanzar con las obras y operar el complejo hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental integral.

Según un comunicado que emitieron las organizaciones ambientalistas, en una resolución firmada el 5 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Viedma y estableció que la causa debe continuar en la Justicia federal.

El fallo representa un avance procesal para las organizaciones, aunque todavía no ordena detener las obras ni resuelve el fondo de la demanda. Ahora, el juzgado deberá tratar el pedido de una medida cautelar para suspender las intervenciones mientras continúa el proceso.

Por qué interviene la Justicia federal

El conflicto judicial gira en torno al alcance territorial de los posibles impactos ambientales. El Juzgado Federal de Viedma se había apartado de la causa al considerar que correspondía intervenir a la Justicia provincial, dado que las instalaciones se encuentran en Río Negro.

Las organizaciones apelaron esa decisión porque, según explicaron en su comunicado, el juzgado confundía “el lugar donde se construye el proyecto con el territorio que puede sufrir sus consecuencias”. En tanto, solicitaron desde la Unesco frenar las obras petroleras en el Golfo San Matías por riesgos ambientales.

La Cámara acogió ese planteo y consideró que los riesgos sobre el mar, las especies y sus desplazamientos pueden extenderse más allá de los límites provinciales.

Para fundamentar su decisión, el tribunal valoró documentación científica sobre la fauna marina y los posibles efectos de las operaciones. Entre los elementos mencionados figura un informe sobre la ballena franca austral y el desarrollo hidrocarburífero en el Golfo San Matías, con mapas de seguimiento satelital que muestran el uso de distintas áreas del golfo y los desplazamientos de estos animales.

La documentación también señala una posible superposición entre esos recorridos y las rutas de las embarcaciones vinculadas con la actividad, lo que plantea riesgos de colisión.

Además, la Cámara consideró un informe elaborado por FARN junto con la organización internacional ELAW sobre especies marinas y migratorias, que analiza posibles impactos asociados al ruido submarino, el aumento de la turbidez del agua y la pérdida de hábitats del fondo marino.

Según las organizaciones, estos elementos permiten sostener que los impactos denunciados podrían superar el área inmediata de las obras y afectar un ecosistema compartido.

El carácter preventivo de la demanda también resultó central. “La acción legal busca impedir que los daños ocurran”, señalaron AAdeAA y FARN. Por eso, argumentaron que no corresponde exigir la demostración definitiva de un daño ya consumado para determinar la competencia judicial, sino aportar elementos objetivos que permitan considerar verosímil que sus efectos se extiendan a más de una jurisdicción.

Qué cuestionan las organizaciones del proyecto de Southern Energy

El proyecto apunta a transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, procesarlo en unidades flotantes de licuefacción y exportarlo por vía marítima. La primera etapa contempla la instalación del buque Hilli Episeyo, a unos 4,5 kilómetros de la costa de Fuerte Argentino. Una segunda etapa prevé incorporar otra unidad de licuefacción.

La demanda cuestiona la forma en que se evaluaron y autorizaron las distintas partes del complejo. Las organizaciones sostienen que se realizó una evaluación ambiental fragmentada, que impide conocer los efectos acumulativos de las instalaciones y las actividades asociadas.

Entre los puntos que plantean figuran presuntas irregularidades en la autorización de la primera etapa, el incumplimiento de observaciones formuladas por la propia provincia y la falta de autorización ambiental de la segunda etapa al momento de presentar la acción judicial. También cuestionan el inicio de actividades logísticas y constructivas sin la aprobación del estudio correspondiente al Centro de Soporte Logístico.

Otro eje del reclamo es la evaluación climática. Las organizaciones solicitan que se analicen las emisiones de toda la cadena del GNL, incluidas las fugas de metano y la combustión del gas exportado, y su relación con los compromisos climáticos asumidos por Argentina.

Estos planteos forman parte de la demanda y todavía deben ser analizados durante el proceso judicial. La resolución de la Cámara no implica que haya confirmado las irregularidades denunciadas ni que haya determinado la existencia de daños ambientales.

Qué puede pasar ahora con las obras

Con la competencia federal restablecida, el Juzgado Federal de Viedma deberá avanzar con el expediente y analizar la medida cautelar solicitada por las organizaciones. El pedido busca que Southern Energy se abstenga de iniciar o continuar las obras y de operar el complejo hasta que se realice una evaluación ambiental integral.

Desde AAdeAA-CAJE sostuvieron que «la expansión de la infraestructura fósil sobre el Golfo San Matías exige un control judicial que considere la integridad del ecosistema y los riesgos del proyecto en su conjunto».

La resolución de la Cámara permite avanzar en ese camino, pero la suspensión de las obras todavía está pendiente. Las organizaciones advirtieron sobre la necesidad de evitar que las intervenciones consoliden transformaciones irreversibles antes de que se resuelva la causa.

Por ahora, el fallo garantiza que la discusión continúe en la Justicia federal. El próximo paso será la decisión sobre la cautelar, que determinará si corresponde adoptar medidas urgentes mientras se examina la demanda.