Las provincias con más tierras en manos extranjeras y qué pasó durante los diez días sin ley

¿De quién es la tierra argentina? La pregunta volvió al centro de la escena después de que un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras habilitara la compra de tierras rurales por capitales extranjeros durante diez días sin las restricciones que establecía la Ley de Tierras.”después de que un «fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

En ese breve período, una inmobiliaria rural promocionó campos patagónicos con lagos, lagunas y ríos, e invitó a inversores extranjeros a aprovechar la oportunidad. El caso fue documentado por el Observatorio de Tierras en su décimo informe, publicado el 12 de octubre.

La investigación no confirma que esas operaciones se hayan concretado, pero sí advierte que durante esa ventana legal se ofrecieron propiedades que podían quedar fuera de las restricciones de la normativa anterior: tierras en zonas de frontera, con cuerpos de agua, en departamentos que ya superaban los límites de extranjerización o que excedían las superficies permitidas.

El episodio expuso una discusión que va más allá de quién compra varias hectáreas. La propiedad de la tierra también define quién controla territorios con reservas de agua dulce, bosques, minerales y otros bienes estratégicos. “Cuando la Ley de Tierras no estaba en funcionamiento, tuvimos una ventana sin ningún tipo de límite ni de restricción a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, la Argentina estuvo sinceramente en riesgo”, sostuvo Micaela Larrosa, investigadora del Observatorio de Tierras, en una entrevista con Economía Sustentable.

Cuáles son las provincias argentinas con más tierras en manos de extranjeros

Los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales ubican a Salta como la provincia con mayor proporción de superficie rural en manos extranjeras, con alrededor del 11,4%. Le siguen Misiones, con el 11,3%, y San Juan, con el 10,4%. En el país hay unas 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas o empresas extranjeras, cerca del 5% de la superficie rural total.

Sin embargo, el promedio provincial puede ocultar concentraciones mucho más altas. La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba un límite del 15% de tierras rurales extranjerizadas por provincia, departamento o municipio, además de otras restricciones para determinadas operaciones. Según los datos oficiales analizados por el Observatorio y otros relevamientos, hay más de 30 departamentos o partidos que superan ese umbral.

En Salta, los casos más extremos son San Carlos y Molinos, en los Valles Calchaquíes: allí, la proporción de tierra rural en manos extranjeras ronda el 60%. Larrosa vincula parte de ese proceso con grandes fincas destinadas a la producción vitivinícola, bodegas y emprendimientos turísticos. Pero la presión no se limita al vino: también crece el interés asociado a proyectos mineros.

En Misiones, la investigadora señaló el papel de Arauco, empresa de origen chileno vinculada al monocultivo forestal de eucaliptus, con importantes extensiones de tierra en distintos departamentos. Allí, además, hay una particularidad territorial: cerca del 90% de la provincia se encuentra en zona de frontera, según el dato mencionado por Larrosa. La combinación entre concentración de la propiedad y ubicación fronteriza abre interrogantes sobre el control territorial y los mecanismos de fiscalización.

San Juan completa los primeros puestos. En esa provincia cordillerana, la extranjerización se relaciona, según la investigadora, con el interés por los proyectos mineros y los minerales críticos. La tendencia se extiende por la cordillera hacia el norte y la Patagonia, donde hay grandes extensiones en manos de capitales extranjeros.

Uno de los ejemplos más contundentes aparece en Neuquén. El departamento Lácar, donde se encuentra San Martín de los Andes y el lago Lácar, tiene alrededor del 54% de su superficie rural en manos extranjeras. “El agua, el clima frío, las reservas de agua dulce, los glaciares: según dónde uno ponga el ojo en el mapa, ve que Argentina tiene bienes naturales estratégicos”, planteó Larrosa.

Qué pasó con la Ley de Tierras en el Congreso y cuál es su estado actual

El décimo informe del Observatorio de Tierras reconstruye un caso que tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2026. Tres días antes del primer fallo de la Corte se había creado en Instagram el perfil de una inmobiliaria rural llamada Loma Alta Propiedades. El 30 de septiembre publicó la oferta de un campo en Río Pico, Chubut, con costa de lago, laguna y río, aptitud turística y forestal y acceso directo a espejos de agua.

El 3 de octubre, la cuenta difundió placas dirigidas a potenciales inversores extranjeros y llamó a aprovechar la ventana abierta por el fallo judicial. La promoción destacaba las posibilidades de invertir en la Patagonia y ofrecía acompañamiento para concretar las operaciones, incluso mediante contactos con abogados y escribanos para verificar las condiciones legales de cada compra.

Para el Observatorio, la secuencia plantea preguntas sobre quién estaba detrás de la inmobiliaria y cómo se preparó la oferta. El informe señala que el perfil podría no corresponder a una empresa independiente, sino funcionar como fachada de otra inmobiliaria de la zona. También identifica vínculos entre el corredor que figuraba en las publicaciones y una firma inmobiliaria local. Son indicios que el organismo expone en su investigación, no una prueba de que se haya cerrado una venta irregular.

La relevancia del caso está en lo que podía habilitar esa ventana temporal: operaciones sobre terrenos que, bajo la Ley de Tierras, estaban sujetos a restricciones por incluir lagos o ser ribereños, ubicarse en zonas de frontera, encontrarse en departamentos que ya superaban el 15% de extranjerización o exceder los límites de superficie por titular o nacionalidad.

El Observatorio advirtió, además, que no hay información pública suficiente para descartar que hayan existido otras operaciones durante esos diez días. Por eso reclama que los gobiernos provinciales establezcan mecanismos para reconstruir qué ocurrió y si se consolidaron derechos de propiedad que no hubieran podido obtenerse bajo la normativa anterior.

Qué pasa en Mendoza con la extranjerización de la tierra

En la entrevista con Economía Sustentable, Larrosa también puso el foco en Mendoza, donde la discusión sobre la propiedad de la tierra se cruza con los proyectos mineros y la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Según explicó, el interés por la tierra en esa provincia está relacionado con la expansión minera y con la presión sobre las reservas de agua dulce.

La preocupación tiene una dimensión que excede los límites provinciales y se suma a las modificaciones a la Ley de Glaciares. Una parte importante de los ríos argentinos nace en la cordillera y atraviesa distintas jurisdicciones. Por eso, las decisiones sobre los territorios donde se encuentran las fuentes de agua pueden repercutir en otras provincias. Larrosa recordó, por ejemplo, los conflictos entre Mendoza y La Pampa vinculados al agua.

“Los ríos no siempre son asunto de la provincia que está sobre la cordillera, sino también de todas las que están hacia el centro del país”, señaló durante la conversación. En ese marco, el Observatorio lee la desregulación de la propiedad rural y los cambios propuestos para la Ley de Glaciares como parte de una disputa más amplia por el acceso y el control de bienes naturales.

Qué pasó con la Ley de Tierras

La situación legal cambió nuevamente el 22 de octubre, cuando en la Sesión de Diputados el oficialismo retiró el artículo que buscaba derogar las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. Así, la ley vigente se mantiene, aunque el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debe volver al Senado por los cambios realizados.

La ventana de diez días quedó atrás, pero sus consecuencias todavía deben investigarse. Para el Observatorio de Tierras, es necesario conocer qué operaciones se intentaron o concretaron, quiénes son sus beneficiarios y qué mecanismos de control existen para evitar que se consoliden adquisiciones que comprometan territorios estratégicos.

“Los investigadores y las investigadoras somos quienes podemos llevar estos datos a todos lados donde tengan interés en difundirlos”, dijo Larrosa. En un país donde la propiedad extranjera supera el 50% de la superficie rural en varios departamentos, la pregunta por quién posee la tierra no es abstracta: involucra el acceso al agua, el avance de actividades extractivas, la soberanía territorial y la capacidad del Estado para saber qué sucede con sus bienes comunes.