El Gobierno pone bajo la lupa a 45 empresas por la explotación del petróleo en Malvinas
Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra compañías, accionistas, ejecutivos y proveedores vinculados con la explotación de hidrocarburos que Argentina considera ilegal. Navitas y Rockhopper, al frente del proyecto Sea Lion, son los principales señalados.
El Gobierno argentino endureció su ofensiva contra la explotación de petróleo en las Islas Malvinas y abrió procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con actividades hidrocarburíferas que se desarrollan sin autorización argentina.
La medida alcanza a compañías que cuentan con licencias para operar en el área, pero también a accionistas, ejecutivos, inversores y proveedores de servicios relacionados con los proyectos petroleros. En el listado aparecen firmas y personas de distintos países, entre ellos Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán.
En el centro de las actuaciones se encuentran Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que impulsan Sea Lion, el proyecto que busca comenzar a producir petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas a partir de 2028.
La iniciativa contempla una inversión cercana a US$1.800 millones y representa uno de los principales focos de tensión entre Argentina y las empresas que participan de la explotación hidrocarburífera en el archipiélago.
Empresas sancionadas por el petróleo de Malvinas
Entre las compañías alcanzadas por los procedimientos aparecen Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, vinculadas directamente con el desarrollo de Sea Lion.
También fueron incluidos accionistas de Navitas, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial y Meitav Investment House.
Por el lado de Rockhopper, las actuaciones comprenden a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, además de accionistas e inversores relacionados con la compañía británica.
El alcance de la medida también se extiende a empresas vinculadas con otros proyectos hidrocarburíferos en la zona. En el listado figuran Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands, además de Eco (Atlantic) Oil & Gas, accionista de JHI, y algunos de sus inversores.
La ofensiva tampoco se limita a quienes tienen participación directa en los yacimientos. Entre los señalados aparecen compañías relacionadas con infraestructura, servicios y asesoramiento para la industria petrolera, como Noble Corporation, Netherland, Sewell & Associates (NSAI) y Fugro, además de inversores institucionales con participación en algunas de las firmas involucradas.
La estrategia del Gobierno apunta así a ampliar el alcance de las posibles sanciones y determinar las responsabilidades de los distintos actores que participan de la cadena vinculada con la explotación de hidrocarburos en las islas.
Proyecto Sea Lion y las sanciones de Argentina
El principal foco de la disputa es Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto y es su operadora, mientras que Rockhopper Exploration posee el 35% restante.
A fines de 2025, ambas compañías aprobaron la decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto. El desembolso previsto ronda los US$1.800 millones, de los cuales aproximadamente US$1.000 millones serían financiados mediante deuda.
El objetivo es comenzar la producción durante 2028, con una extracción inicial estimada en 55.000 barriles diarios. Navitas calcula que el yacimiento cuenta con reservas por unos 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a 603 millones de barriles.
El Gobierno argentino considera ilegal el proyecto porque se desarrolla en un área cuya soberanía reclama Argentina y sin autorización de las autoridades nacionales.
La ofensiva se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para personas y empresas que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
El régimen contempla multas equivalentes a entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo, inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para operar en Argentina, decomiso de equipos y materiales y la posibilidad de revertir concesiones y permisos hidrocarburíferos que las compañías tengan en territorio argentino. En caso de reincidencia, las sanciones pueden agravarse.
Las consecuencias también pueden alcanzar a compañías que presten servicios o mantengan determinados vínculos comerciales con los proyectos cuestionados.
La presión argentina ya comenzó a generar repercusiones entre grandes empresas internacionales de servicios petroleros. SLB, Halliburton y Baker Hughes marcaron distancia de Sea Lion y aseguraron que no participan del proyecto ni prevén involucrarse en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
De esta manera, el conflicto por la explotación petrolera vuelve a sumar un nuevo capítulo: mientras las empresas avanzan con un proyecto millonario que busca comenzar a extraer crudo en 2028, el Gobierno argentino intenta frenar su desarrollo mediante sanciones que podrían afectar no solo a los operadores, sino también a toda la red internacional que participa de la actividad.
