La contaminación de una planta de bioetanol llegó a la CIDH y Argentina deberá responder
El organismo internacional investigará el conflicto ambiental de la planta de bioetanol de Porta Hermanos tras una denuncia de vecinos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió el Caso N.º 15.978 para analizar la posible responsabilidad internacional del Estado argentino frente al conflicto ambiental por la planta de bioetanol de Porta Hermanos, ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
La denuncia fue presentada por Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), con el acompañamiento de Fundeps, que cuestionan la falta de controles ambientales y el incumplimiento de decisiones judiciales que ordenaron realizar una Evaluación de Impacto Ambiental.
La apertura del caso inicia la etapa de análisis de fondo y no implica todavía una declaración de responsabilidad del Estado. La CIDH deberá determinar si Argentina incumplió sus obligaciones de prevenir posibles daños ambientales y garantizar derechos vinculados con la salud, el ambiente sano, la participación ciudadana, el acceso a la información y la tutela judicial efectiva.
Según Fundeps, se trata del primer caso argentino sobre contaminación industrial que alcanza esta instancia del Sistema Interamericano.
Dónde queda la planta industrial
El conflicto comenzó en 2012, cuando Porta Hermanos amplió sus instalaciones para producir bioetanol a partir de maíz. La planta está ubicada dentro de la zona urbana, a pocos metros de las viviendas de barrio San Antonio y otros sectores del sur de Córdoba.
A partir de esa expansión, habitantes de la zona comenzaron a denunciar olores persistentes, irritación ocular, afecciones dérmicas y digestivas, además de ruidos y vibraciones en las viviendas. La comunidad también impulsó estudios independientes para analizar los posibles efectos de la actividad industrial sobre la salud y el ambiente.
Uno de los relevamientos técnicos promovidos por las vecinas advirtió que la cantidad de combustible almacenado generaría una carga de fuego cien veces superior a la permitida para una zona urbana. Las organizaciones también alertaron que no existe un protocolo público de evacuación para los barrios cercanos ante un eventual incendio o accidente industrial.
La empresa continúa operando mientras las familias reclaman una evaluación integral de los riesgos y medidas efectivas de protección.
Una sentencia que todavía no se cumplió
En 2016, VUDAS presentó una acción colectiva de amparo ambiental. En diciembre de 2019, el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba ordenó a Porta Hermanos realizar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la Ley Provincial N.º 10.208, con una instancia de participación ciudadana.
La Cámara Federal de Córdoba confirmó esa sentencia en diciembre de 2020. Sin embargo, más de seis años después, el procedimiento ordenado continúa pendiente.
Durante ese período, la empresa y la Secretaría de Ambiente de Córdoba presentaron auditorías, monitoreos y habilitaciones administrativas como prueba del cumplimiento de las exigencias ambientales. La Justicia Federal rechazó en reiteradas oportunidades esa interpretación y sostuvo que esos instrumentos no reemplazan la Evaluación de Impacto Ambiental ni la participación pública requerida por la ley.
El 3 de agosto de 2026, la Cámara Federal volvió a intervenir y confirmó que Porta Hermanos continúa incumpliendo la sentencia. El tribunal también cuestionó a la Secretaría de Ambiente provincial por considerar suficientes los mismos argumentos presentados por la empresa.
Los jueces remarcaron que los años de funcionamiento de la planta no la eximen de cumplir con el procedimiento ambiental y que la producción de bioetanol refuerza la necesidad de evaluar sus posibles impactos.
Qué deberá analizar la CIDH
La petición ante la CIDH fue presentada en abril de 2024, después de que la causa recorriera distintas instancias judiciales y la Corte Suprema rechazara tratar el planteo de fondo mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Durante 2025, la Comisión comenzó a examinar los requisitos de admisibilidad y solicitó información al Estado argentino. Ahora, la denuncia quedó registrada formalmente como caso y avanzó hacia el análisis de fondo.
La CIDH deberá determinar si las respuestas administrativas y judiciales fueron eficaces y si el Estado actuó con la debida diligencia frente a un posible daño ambiental prolongado. Si encuentra violaciones a los derechos humanos, podrá formular recomendaciones destinadas a reparar a las personas afectadas, ejecutar las medidas pendientes y evitar la repetición de situaciones similares.
Una causa atravesada por una investigación sobre la Justicia
La apertura del caso ante la CIDH se produce mientras avanza una investigación penal contra los camaristas federales Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi por la presunta admisión de dádivas.
El Ministerio Público Fiscal investiga un viaje realizado por ambos magistrados en un avión privado entre Córdoba y Punta del Este. Según el requerimiento fiscal, el beneficio podría estar relacionado con empresas que tenían causas en trámite ante esos jueces, entre ellas Porta Hermanos.
La investigación continúa abierta y hasta el momento no existe una condena. La situación, sin embargo, profundizó los cuestionamientos sobre la independencia e imparcialidad de las decisiones adoptadas durante el extenso litigio ambiental.
