Balas de goma, heridos y detenidos en un desalojo a una comunidad indígena en Humahuaca

Tras una orden judicial dictada este lunes por el juez Juan Pablo Calderón, un violento operativo policial avanzó sobre el territorio de la comunidad indígena Santa Rosa de Humahuaca y desalojó a una familia indígena. Sus integrantes denuncian que la orden estuvo basada en un error de la Dirección Provincial de Inmuebles, que incluso habría sido reconocido por el organismo en mayo. 

La comunidad indígena Santa Rosa, ubicada en la ciudad jujeña de Humahuaca, enfrentó el pasado 10 de agosto un violento desalojo policial que, según denuncian sus integrantes, se habría originado por un error de superposición de planos cometido por la Dirección Provincial de Inmuebles. Los videos y fotos del operativo se hicieron rápidamente virales por el nivel de violencia que exponen: de un lado, cientos de efectivos armados con palos y balas de goma. Del otro, una comunidad que recibe los golpes y levanta sus wiphalas en defensa del territorio que habita desde hace siglos. La represión dejó como saldo heridos de balas de goma, mujeres y niños violentados, nueve detenidos y fue calificada por comuneros y organizaciones sociales como un atropello a los derechos indígenas.

La medida fue ordenada por el juez Juan Pablo Calderón a partir de una demanda iniciada por una vecina de apellido Ciares de Chauqui. En diálogo con Economía Sustentable, Silvana Llanes, abogada defensora de la comunidad, señaló que Ciares habría comprado una fracción de terreno y que, cuando la Dirección Provincial de Inmuebles realizó la mensura de su propiedad, terminó aprobando por error un plano que excedía los límites efectivos del inmueble y se superponía con el sector de tierras comunitarias donde vive la familia Soruco. 

“En mayo la familia presentó una nota a la Dirección de Inmuebles con los planos comunitarios para que vieran que había un error. Ahí fue cuando ellos mismos lo reconocieron. Dijeron que había una superposición de planos y que entonces debían suspender la matrícula inmobiliaria de la señora Ciares”, señaló Llanes. 

Pero el reconocimiento del error nunca se tradujo en la anulación efectiva de los planos ni en rectificaciones en el expediente iniciado contra los Soruco. Fue así que, tres meses después, el Juez Calderón ordenó el desalojo de la familia.

Represión y derechos vulnerados

A las siete y media de la mañana del pasado lunes, alrededor de 600 policías rodearon el barrio donde vive la comunidad Santa Rosa. La familia Soruco había sido previamente notificada el sábado, pero cuestionaba la legalidad del procedimiento ya que el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy aún no había garantizado una solución habitacional tras su desalojo. 

“Como en las casas de los Soruco había menores, ese era un requisito que había establecido el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para que la Justicia pudiera proceder. Pero el Instituto de Vivienda y Urbanismo contestó mediante oficio que no tenían viviendas disponibles y que tampoco iban a tener en lo sucesivo. O sea que el operativo se realizó pasando por alto esa manda judicial”, señaló Llanes.  

Según reconstruyeron los miembros de la comunidad, una vez cerrado el perímetro del barrio, los policías comenzaron a pedir los documentos de identidad a todo aquel que quisiera entrar o salir. Luego, intentaron avanzar sobre las casas de los Soruco pero uno de los comuneros se negó: “acá no entran porque esto es territorio comunitario”, les dijo. A partir de entonces comenzó una represión que organizaciones y referentes de derechos humanos denunciaron como particularmente violenta y desmedida.

“La situación vivida fue grave. El despliegue policial fue desmedido debido a la cantidad de efectivos policiales, bomberos e incluso civiles que no dudaron en reprimir con balas de goma, disparando a la cara y al cuerpo y deteniendo violentamente a miembros de la comunidad, incluso a mujeres con sus hijos y a abuelos. Hasta fueron con maquinarias para derribar las casas”, señaló a Economía Sustentable Natalia Morales, diputada provincial por el PTS-FITU y miembro de la comisión de derechos humanos y de pueblos indígenas en la legislatura de Jujuy.

Los heridos de bala de goma recién habrían podido recibir atención médica horas más tarde en el hospital de Humahuaca porque, según apuntó la abogada, el mismo Juez Calderón habría solicitado al SAME que no asista al lugar durante los hechos. Los nueve detenidos fueron liberados por la noche. 

Al momento de escribir esta nota la situación represiva se ha calmado, pero la comunidad sigue alerta y resistiendo en el territorio. La abogada notificó que el comunero realizó la denuncia en la Fiscalía de Humahuaca por violencia institucional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los jueces de paz intervinientes, y denunció a la familia Ciares por los delitos de daños y lesiones contra los Soruco.

Intereses inmobiliarios 

El conflicto ocurrió en una zona atravesada por el crecimiento del turismo y la valorización inmobiliaria de la tierra. Desde que la Quebrada de Humahuaca fue inscripta en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en 2003, el incremento de la actividad turística estuvo acompañado por el avance de loteos y emprendimientos de alojamiento sobre terrenos comunitarios o que antes estaban destinados a usos rurales y productivos. 

Es por eso que, para los miembros de la comunidad, los favores políticos orientados al negocio inmobiliario estarían detrás de intento de desalojo.  De hecho, la familia Soruco señaló que el abogado que inició la demanda sería el actual director de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y estaría trabajando con la intendenta de Humahuaca.

“Acá hay un entramado político y quieren sacar a la familia a como de lugar porque la zona cotiza mucho, entonces quieren hacer residencias y hostales. Fijate que la señora Ciares tiene el terreno pero nunca construyó su casa”, dijo Llanes. 

El episodio ocurrió, además, apenas tres días después de que el Senado diera media sanción a la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, entre otros puntos, propone agilizar los procedimientos de desalojo. Así, lo sucedido en Santa Rosa expone qué puede ocurrir en caso de que se flexibilicen aún más las normativas sobre la tierra en favor de la propiedad privada y en detrimento de los derechos indígenas.