Los pasivos tóxicos que dejaron dos industrias y ahora llegan a la Justicia
Mientras el caso Petroquímica Capitán Bermúdez continúa atravesado por una disputa judicial, AR Zinc recibió una orden para contener residuos que podrían alcanzar el río Paraná.
El cierre de grandes plantas industriales no siempre termina cuando dejan de producir. En el Cordón Industrial de Santa Fe, dos expedientes judiciales muestran qué ocurre cuando toneladas de residuos peligrosos permanecen en predios abandonados y las tareas de remediación no avanzan.
Los casos de Petroquímica Capitán Bermúdez y la ex AR Zinc, en Fray Luis Beltrán, llegaron a los tribunales de San Lorenzo con problemas ambientales de distinta naturaleza, pero con un punto en común: la existencia de pasivos que permanecen durante años después del cierre de las operaciones.
Mientras una de las causas quedó frenada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la otra tomó impulso durante septiembre de 2026 luego de que la Justicia ordenara medidas urgentes para evitar que residuos tóxicos terminen en el río Paraná.
Petroquímica Capitán Bermúdez y un pasivo ambiental sin resolver
La planta de Petroquímica Capitán Bermúdez dejó de operar después de que la empresa Celulosa modificara su proceso productivo y dejara de utilizar cloro, uno de los principales productos elaborados por la compañía vinculada al empresario Sergio Taselli.
El cierre dejó un predio de unas 21 hectáreas con contaminación y residuos industriales que, según la investigación judicial, requerían tareas de saneamiento.
El expediente tuvo un recorrido judicial extenso. En 2019, el juez Juan José Tutau decidió cerrar la causa mediante un “criterio de oportunidad”, una decisión que posteriormente fue cuestionada cuando otros fiscales retomaron la investigación.
En diciembre de 2020, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron que se anulara aquel cierre. Su planteo vinculó la decisión con una presunta maniobra destinada a beneficiar a los empresarios involucrados y evitar los costos de la reparación ambiental.
La causa volvió a avanzar con una resolución del juez Carlos Gazza, quien consideró que la contaminación podía representar un riesgo para la comunidad y afectar derechos colectivos.
En junio de 2022, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó la posibilidad de continuar con la investigación y rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por la defensa.
Sin embargo, el escenario cambió en noviembre de 2024. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Taselli y declaró inconstitucional la resolución que había permitido reabrir la investigación. La decisión contó con votos a favor y en disidencia dentro del máximo tribunal provincial.
El fallo dejó nuevamente frenada la persecución penal vinculada con la contaminación del predio y abrió la posibilidad de que el caso sea llevado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
AR Zinc enfrenta una orden urgente por los residuos tóxicos
En Fray Luis Beltrán, el expediente por el predio de la ex AR Zinc tomó otro camino. La planta dejó de operar después de que Glencore abandonara la producción de lingotes de zinc y el predio pasara posteriormente a manos de Integra Capital.
El principal problema ambiental está relacionado con la acumulación de residuos derivados del procesamiento de metales pesados. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia judicial, en el lugar permanecen unas 800.000 toneladas de residuos, entre ellos jarosita.
La ubicación del predio aumenta el riesgo. Una parte de las instalaciones se encuentra sobre la costa del río Paraná y la estabilidad de la barranca se convirtió en uno de los principales puntos de preocupación para la Fiscalía.
El 25 de septiembre de 2026, el fiscal Maximiliano Nicosia solicitó que AR Zinc cese la situación considerada antijurídica y adopte medidas para contener el riesgo ambiental.
Entre los pedidos estuvieron el apuntalamiento urgente de la barranca, el cierre del predio para impedir el ingreso de personas y la remediación definitiva de los residuos acumulados.
La preocupación central es que un derrumbe pueda arrastrar parte del material hacia el Paraná. La Fiscalía también planteó que las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podían aumentar el riesgo sobre la zona.
El juez Eugenio Romanini ordenó a la empresa comenzar de inmediato las gestiones técnicas para estabilizar la barranca y evitar la dispersión de los residuos.
La resolución establece que AR Zinc deberá informar en 10 días qué alternativa utilizará para abordar el material, ya sea mediante remoción o tratamiento y contención. En un plazo de 15 días deberá presentar la documentación técnica y los profesionales responsables de las tareas.
El cronograma judicial establece además que las obras deberán completarse en un período máximo de ocho meses y que la empresa deberá presentar informes quincenales sobre el avance de los trabajos, bajo seguimiento de organismos judiciales y ambientales.
Los dos expedientes muestran el peso que pueden adquirir los pasivos ambientales después del cierre de una industria. En un caso, el conflicto permanece trabado por una disputa sobre la continuidad de la investigación penal; en el otro, la Justicia impuso medidas concretas ante el riesgo de que los residuos acumulados terminen afectando uno de los principales cursos de agua del país.
