La Justicia avaló la continuidad de la investigación por el daño ambiental en Lomas de Olmedo
Tres resoluciones judiciales rechazaron los planteos de uno de los imputados y confirmaron la continuidad de María Sofía Fuentes al frente de la investigación por el derrame y las emanaciones de hidrocarburos que provocaron graves daños ambientales en Salta.
La investigación por la contaminación ambiental registrada en el área de Lomas de Olmedo, en la provincia de Salta, continuará bajo la conducción de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes. Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de que la Justicia rechazara distintos planteos impulsados por uno de los imputados en la causa.
El expediente busca determinar las responsabilidades por las emanaciones descontroladas de gases y fluidos detectadas en el pozo LO-X10, un episodio que generó un importante impacto sobre el ecosistema de la zona y reavivó las preocupaciones por los pasivos ambientales vinculados a la actividad petrolera.
De acuerdo con la información oficial, la fiscal dispuso la realización de “numerosas medidas probatorias” destinadas a reconstruir el origen de la surgencia, establecer las condiciones en las que el pozo fue perforado, explotado y posteriormente abandonado, así como analizar la actuación de las distintas empresas que tuvieron la concesión del área a lo largo de los años.
Además, el procurador general de Salta, Pedro Oscar García Castiella, creó una Unidad Fiscal junto a la fiscal civil de Orán, Marcela de los Ángeles Fernández, con el objetivo de impulsar las acciones de reparación socioambiental derivadas del caso.
La investigación busca determinar las causas de la contaminación en Lomas de Olmedo
Para avanzar en la causa, el Ministerio Público incorporó una importante cantidad de documentación técnica, antecedentes administrativos, informes de organismos especializados y peritajes forenses.
Entre las pruebas figura un informe elaborado por un ingeniero en petróleo que analiza las características constructivas del pozo, su historial operativo y las posibles causas que habrían originado la pérdida detectada en 2023.
Asimismo, el procurador designó al ingeniero en recursos naturales Joel Medina y a la geóloga Melina Celedon, integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para realizar las tareas técnicas necesarias.
El informe elaborado por los especialistas ya fue presentado ante el Juzgado de Garantías y evalúa los procesos que dieron lugar a las emanaciones descontroladas de gases y fluidos, además de las consecuencias del “daño grave al ecosistema observadas en superficie”.
Por su parte, la empresa President Petroleum S.A. presentó un informe elaborado por el ingeniero Miguel Ángel Basile, quien concluyó que la surgencia podría haber estado relacionada con un deficiente abandono del pozo y con procesos de corrosión o roturas generadas por el paso del tiempo, hipótesis que actualmente forman parte de la investigación judicial.
La Justicia rechazó los planteos de la defensa y confirmó a la fiscal
En el marco del proceso, la defensa de uno de los imputados presentó un pedido de recusación contra la fiscal María Sofía Fuentes al considerar que existía una supuesta falta de objetividad en la investigación.
Sin embargo, el Juzgado de Garantías desestimó el planteo al entender que no se acreditó ninguna de las causales legales previstas para apartar a la representante del Ministerio Público Fiscal.
En su resolución, el magistrado sostuvo que las diferencias expresadas por la defensa respecto de la estrategia investigativa y determinadas decisiones procesales “no constituyen prueba de parcialidad ni de pérdida de objetividad”.
El juez también destacó que la actuación de la fiscal se ajustó a las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal para impulsar la acción penal y conducir la investigación desde la recepción de la denuncia, remarcando además que la defensa tuvo en todo momento la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos procesales.
En una resolución adicional, el tribunal también declaró “carente de objeto” un planteo de nulidad presentado contra la ampliación de la imputación, al considerar que esa cuestión ya había sido analizada judicialmente y se encontraba recurrida.
La continuidad de la investigación resulta clave para esclarecer las responsabilidades por uno de los episodios de contaminación petrolera más relevantes de los últimos años en el norte argentino, un caso que podría sentar precedentes sobre la remediación ambiental y el tratamiento de los pasivos generados por la actividad hidrocarburífera en el país.
