Río Paraná: ordenan indagar a directivos de ATANOR por presunta contaminación ambiental
La Cámara Federal de Rosario dispuso que sean citados a declaración junto a ocho funcionarios provinciales por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná, el suelo y el aire en San Nicolás.
La Justicia federal dio un nuevo paso en una causa que investiga un presunto caso de contaminación ambiental en San Nicolás. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que sean citados a declaración indagatoria seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y tres expresidentes de la Autoridad del Agua por su eventual responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y zonas aledañas.
La decisión revierte años de discusiones judiciales y responde a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello y la querella que representa a vecinos de la ciudad bonaerense.
La investigación se inició en junio de 2014, cuando habitantes de San Nicolás denunciaron que la planta local de la firma agroquímica realizaba vertidos contaminantes al Río Paraná, enterraba residuos tóxicos, utilizaba caños clandestinos y generaba emisiones que afectaban al ambiente y a la salud de la población cercana.
Según la causa, diversos vecinos del denominado Barrio Química aseguraron haber sufrido consecuencias sanitarias vinculadas a la actividad industrial, mientras que algunos habitantes habrían fallecido por enfermedades presuntamente relacionadas con la contaminación.
Las medidas de prueba impulsadas por la fiscalía incluyeron testimonios de vecinos y exempleados, además de análisis ambientales que detectaron la presencia de atrazina en muestras de agua del Río Paraná y de cipermetrina y trifuralina en muestras de suelo.
Contaminación del Río Paraná: qué investigan la Justicia y la fiscalía
En mayo de 2023, el fiscal Di Lello solicitó la indagatoria de los directivos de la empresa y de los responsables de los organismos provinciales de control.
A los representantes de ATANOR les atribuyó haber contaminado, al menos hasta julio de 2020, el río, las barrancas, el suelo y el aire mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”.
De acuerdo con la acusación, esas acciones habrían puesto en riesgo la salud pública y la de los habitantes de los barrios Química y Ponce de León.
Respecto de los funcionarios del organismo ambiental bonaerense, la fiscalía sostuvo que habrían “incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”, al no fiscalizar adecuadamente las actividades de la planta ni ejecutar acciones destinadas a prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo.
Por su parte, a los expresidentes de la Autoridad del Agua se les atribuye haber omitido controles vinculados a la preservación de los recursos hídricos y al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires.
Causa ambiental en San Nicolás: la Cámara cuestionó las demoras y ordenó las indagatorias
La resolución de la Cámara Federal llegó luego de que el juez de primera instancia rechazara en varias oportunidades los pedidos de indagatoria formulados por la fiscalía y la querella.
Al analizar el expediente, la jueza Silvina María Andalaf Casiello consideró que existían elementos suficientes para avanzar con las declaraciones de los imputados y señaló que las pruebas pendientes podrán evaluarse en una etapa posterior del proceso.
En ese sentido, sostuvo: “las pruebas en producción pendientes o por producirse, serán valoradas oportunamente para el caso del dictado de la situación de mérito de los encausados”.
La magistrada también remarcó las extensas demoras que registra la investigación y destacó que “la instrucción se encuentra delegada, hace once años, no habiéndola reasumido el magistrado”.
Finalmente, concluyó: “Por todo lo analizado y dado los diversos y reiterados pedidos de llamados a indagatoria, los que han sido diferidos de decidir, o rechazados por el magistrado, en base a distintas argumentaciones, siendo denegado ello una vez más (…) considero corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, y disponer el llamado a recibir declaración indagatoria de las personas individualizadas por la fiscalía y la querella”.
