Polémica en Mendoza: aprueban una megamina que consumirá agua en plena crisis hídrica
El Gobierno habilitó una inversión minera de US$613 millones para explotar cobre y oro en Uspallata bajo el RIGI.
El Gobierno nacional aprobó este jueves el ingreso del proyecto “PSJ Cobre Mendocino” al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), habilitando una inversión minera de US$613 millones en Mendoza que promete transformar a la provincia en una nueva productora de cobre en Argentina.
La iniciativa, impulsada por Minera San Jorge S.A., contempla la explotación de cobre y oro en Uspallata, departamento de Las Heras, mediante una mina a cielo abierto con capacidad para procesar 10 millones de toneladas anuales. La aprobación fue oficializada a través de la Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía, que validó tanto el plan de inversión como el acceso a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos en la Ley Bases.
El proyecto se convirtió rápidamente en uno de los casos testigo del RIGI y en una señal política fuerte del Gobierno nacional para acelerar inversiones vinculadas a sectores estratégicos como minería, energía y exportaciones.
La iniciativa cuenta además con el respaldo del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien viene impulsando una apertura gradual de la minería metalífera en una provincia históricamente atravesada por resistencias sociales y ambientales.
Según el expediente oficial, la construcción comenzará en junio de 2027 y la operación comercial arrancará en enero de 2029. La empresa aseguró que al menos el 27% de las compras y contrataciones se destinarán a proveedores locales y proyectó la creación de 4000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.
La aprobación representa un punto de inflexión para Mendoza, que durante años mantuvo fuertes restricciones políticas y sociales sobre la minería metalífera debido a los debates por el uso del agua y los riesgos ambientales asociados a este tipo de explotaciones.
Proyecto minero San Jorge en Mendoza: inversión millonaria y apuesta al cobre
El proyecto PSJ Cobre Mendocino aparece en un momento clave para el mercado global del cobre, uno de los minerales más demandados por la transición energética internacional.
Con precios que rondan los US$4,85 por libra, el cobre se consolidó como un recurso estratégico para el desarrollo de autos eléctricos, paneles solares, redes eléctricas y aerogeneradores. Su capacidad de conducción eléctrica lo convierte en un insumo central para la electrificación global.
Actualmente el mundo consume cerca de 25 millones de toneladas anuales de cobre, pero las proyecciones indican que la demanda podría escalar hasta las 35 millones de toneladas hacia 2035. Ese déficit proyectado abrió una carrera global por nuevos yacimientos, donde Argentina empieza a posicionarse como uno de los territorios con mayores reservas aún sin explotar.
En ese escenario, el Gobierno busca utilizar el RIGI como herramienta para atraer grandes capitales internacionales y acelerar proyectos extractivos orientados a exportaciones y generación de divisas.
La apuesta oficial combina varios objetivos: aumentar inversiones, fortalecer reservas en dólares, mejorar infraestructura y posicionar a la Argentina dentro del mapa global de minerales críticos.
Sin embargo, el avance del proyecto San Jorge también expone uno de los debates más sensibles del modelo extractivo argentino: cómo compatibilizar crecimiento económico, generación de empleo y protección ambiental.
Impacto ambiental y minería en Mendoza: vuelven las tensiones por el agua
El proyecto minero arrastra años de controversias en Mendoza. De hecho, fue uno de los emprendimientos más discutidos dentro del histórico conflicto provincial alrededor de la minería metalífera.
En diciembre pasado, la Legislatura mendocina aprobó la evaluación ambiental necesaria para habilitar el avance de la iniciativa, aunque la decisión estuvo acompañada por protestas de vecinos y organizaciones ambientalistas.
Las críticas apuntan principalmente al posible impacto sobre el agua, un recurso especialmente sensible en una provincia que atraviesa una crisis hídrica desde hace más de una década.
“Este tipo de megaminería utiliza sustancias altamente tóxicas como xantato y libera metales pesados que tienen graves riesgos de contaminar el agua del Río Mendoza que abastece al 75% de los mendocinos”, advirtieron desde la Asamblea por el Agua.
Los sectores ambientalistas cuestionan además el modelo de minería a cielo abierto y alertan sobre posibles efectos acumulativos sobre ecosistemas de montaña y cuencas hídricas.
Frente a esas críticas, el gobierno mendocino aseguró que el proyecto se desarrollará bajo estrictos controles ambientales y utilizando tecnologías modernas de monitoreo y mitigación de impacto.
Desde el oficialismo provincial sostienen que la minería puede convertirse en un nuevo motor económico para Mendoza si se combina con estándares internacionales de sustentabilidad y fiscalización estatal.
La discusión, sin embargo, está lejos de cerrarse. El avance del proyecto San Jorge vuelve a poner sobre la mesa una tensión que atraviesa a gran parte de América Latina: el desafío de aprovechar la demanda global de minerales estratégicos sin profundizar conflictos ambientales y sociales en los territorios donde se desarrollan las explotaciones.
