Denuncian que un empresario forestal y una multinacional destruyeron el territorio de una comunidad indígena de Misiones

El 5 de mayo fue detenido por la policía local el mburuvicha —cacique— Santiago Ramos de la comunidad Mbya Guaraní Tekoa Puente Quemado II, acusado por usurpación del territorio que habitan.  El traslado se efectuó hasta la comisaría de Garuhapé y más tarde, con despliegue de diez patrulleros, también fueron llevados ocho miembros de la misma comunidad, más un grupo de mujeres y niños, con la intención de interrogarlos y tomar sus datos. La ONG EMIPA, (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen), calificó el hecho como “desalojo encubierto” y llamó a movilizarse en contra de la medida. 

En horas de la tarde y después de la importante presión social ejercida por parte de organizaciones y miembros de la sociedad civil, los detenidos fueron liberados. La ONG XR (Rebelión o Extinción) Misiones, reveló que se les habían tomado las huellas dactilares, que a los hombres se les secuestró sus celulares, les generaron causas judiciales, y fueron apartados de las mujeres y los niños. 

Por su parte, Francisco Rodriguez, el Responsable de Asuntos Guaraníes, en comunicación con el jefe de la comisaría afirmó que no hubo orden de desalojo, y que “solo fueron demorados”. El caso quedó en manos del Dr. Leonardo Manuel Balanda Gómez, Juez de Instrucción N° 1, de la Cuarta Circunscripción Judicial, Puerto Rico, Misiones. Un comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes habla de una denuncia por “una supuesta intrusión” y proponen la creación de una mesa de diálogo. 

—Las tierras de ese lote y varias más fueron hechas sin el relevamiento territorial —afirmó Rodriguez—, entiendo que no se avanzó en la compra de esos territorios lastimosamente. La presunta intrusión la denunció el señor Ruff.

El cacique Santiago Ramos había acusado al empresario forestal, Alfredo Ruff, dueño de un aserradero en el departamento de Cainguás, municipio de Aristóbulo del Valle, por el desmonte de áreas prohibidas, sin tener en cuenta el relevamiento territorial y el derecho a la consulta previa, libre e informada, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

En febrero pasado el cacique Ramos también había realizado un video en el que denunciaba a la empresa de recursos forestales Arauco por su responsabilidad en el incendio y plantación de pinos; monocultivo que desde 2022 invadió las 333 hectáreas que rodean a la comunidad, a quienes les corresponden 659 ha., según relevamiento territorial. Llevado el caso a juicio, el propósito del cacique era talar los pinos para volver a plantar árboles nativos y comestibles con el objetivo de asegurar su alimento. 

La ONG Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) responsabiliza además al Gobierno de Misiones y al organismo de Asuntos Guaraníes por complicidad. “El hecho —a días de haber llevado el caso de esta Comunidad Mbya ante la ONU por su lucha territorial contra la multinacional Arauco—, resulta tan absurdo como ilegítimo, porque nadie es usurpador en su propio territorio. El lote en cuestión se encuentra dentro del relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de la Comunidad”. 

Desde la organización socioambiental XR de Misiones, cuentan que la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II se encuentra a 22 km hacia dentro de la ruta nacional N°12,, que no tienen luz ni agua, y que hace más de ocho años que piden agua potable, pero que “les niegan el derecho porque los presionan para irse de ahí”. También aseguran que hay más comunidades afectadas pero que son pocas las denuncias porque Arauco tiene prácticas directas de amedrentamiento: “entra con la camioneta y te prende fuego la casa”. 

Otra geografía, similar accionar

En Puerto Iguazú, la comunidad Mbya Guaraní Fortín MBororé enfrenta presiones similares, pero en este caso, vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario, al encontrarse en una región de alto valor comercial por su cercanía a las Cataratas del Iguazú.  Las 270 ha. que tenían unas 300 familias se redujeron, entre el desmonte y la ocupación. Antonio Moreira, miembro de la comunidad, cuenta que se separaron en cinco partes y los líderes quedaron enemistados. Frente a la colocación de un cerco, los damnificados no tuvieron a quién recurrir. 

—A nosotros no nos dijeron nada, solo entraron, pusieron los alambrados, y ahora ya llegaron hasta cerca de la casa de mi mamá. Pero tampoco sé cómo se manejan los líderes de la comunidad con el municipio, porque nadie vino a intervenir, esperamos que hicieran algo pero hasta ahora, nada. A ellos los están manipulando para que se peleen entre sí, y así mantenerlos ocupados en pavadas, mientras ellos hacen sus trabajos sucios.

En los últimos años hubo un avance de proyectos privados, cuenta Moreira. Según su testimonio, quienes  fueron a alambrar dijeron que eran de la Municipalidad y colocaron cámaras de seguridad en el predio. Tampoco les respondieron desde la Dirección de Asuntos Guaraníes de Puerto Iguazú. 

La comunidad que alguna vez fue cazadora y recolectora, abandonó la caza, se adaptó a cierta modernidad y también modificó sus hábitos alimentarios cuando ingresaron los ultraprocesados. Con esfuerzo sostienen sus costumbres, encontraron una opción de desarrollo en el turismo comunitario al recibir personas que quieren acercarse a la comunidad y conocer la forma en que viven. Antonio Moreira los guía en paseos en bicicleta a través de la selva y les cuenta acerca de sus costumbres. Dice que todavía se dedican al cultivo de alimentos, con una huerta redonda, pero también tienen problemas de agua. 

—Ya no tenemos nuestra vertiente de donde sacábamos el agua. Ahora estamos haciendo un pozo de agua en la casa de mi mamá. Perdimos un buen pedazo de monte y ahora ya limpiaron todo, están construyendo. Pero la tierra de mis padres no me la van a poder sacar tan fácil —asegura.