Contaminación en el Río de la Plata. El juez fue recusado y se dilatan las obras de saneamiento

La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la defensa del gobierno bonarense, recusó al juez federal Alberto Recondo y la causa pasó a manos de Alejo Ramos Padilla.

De este modo, no habrá audiencias ni mesas de trabajo para revertir la contaminación hasta tanto la Cámara de Apelaciones de La Plata resuelva si hace lugar a la recusación del magistrado que lleva la causa desde hace seis años, informó el diario La Nación.

Las demoras juegan a favor de la Provincia de Buenos Aires, que comenzó a recopilar informes en la subsecretaría de Recursos Hídricos, en la Autoridad del Agua y en ABSA, mientras espera que el gobierno nacional acceda a otorgar avales para destrabar el acceso a un crédito con un banco internacional solicitado para afrontar las obras.

20 años sin obras

De acuerdo al gobierno bonaerense, la obra pública proyectada para brindar solución a la problemática de la contaminación de la cuenca del Arroyo el Gato, presupuestada en 2022 en US$245.997.956, exige acceder a financiamiento internacional para concretar su ejecución. Para ello se requieren avales del Estado nacional,

Al trabar el embargo multimillonario, en marzo pasado Recondo había desestimado el argumento del gobierno provincial sobre la necesidad de financiamiento internacional para llevar adelante las obras. Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 —es decir, en el primer mandato de Kicillof—, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producido en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.

En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales. “Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”, había expresado magistrado recusado.