¿Qué dice la ley de glaciares?: los cambios que tratará de introducir el Gobierno nacional
El Gobierno busca modificar el alcance de la norma para habilitar nuevas actividades productivas en zonas hoy protegidas.
La Ley de Glaciares de Argentina volvió a quedar en el centro del debate tras el avance de una iniciativa oficial que propone modificar su alcance. La norma, vigente desde 2010, fija los presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce en el país.
En un escenario de creciente tensión entre desarrollo económico y protección ambiental, el Gobierno nacional impulsa cambios que ya cuentan con aval del Senado y que apuntan a redefinir qué zonas quedan bajo resguardo. El eje de la reforma es habilitar actividades productivas en áreas periglaciares que hasta ahora estaban vedadas a la explotación industrial.
La iniciativa, promovida en línea con demandas de gobernadores y sectores productivos, busca facilitar inversiones en minería y energía mediante instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, incluido en la Ley Bases de Argentina. De avanzar, el cambio podría reconfigurar el equilibrio entre la protección de recursos naturales y el impulso a nuevas actividades económicas en regiones clave del país.
Qué establece la ley de glaciares en Argentina
La legislación vigente prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la estabilidad o la función de los glaciares. Entre ellas, se incluyen la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de infraestructura y la exploración o explotación minera e hidrocarburífera en esas áreas protegidas.
Además, la ley creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que permite identificar y monitorear estas formaciones a lo largo del país, especialmente en la cordillera de los Andes.
El objetivo central es preservar estas reservas como fuentes de agua para consumo humano, agricultura y generación de energía, en un escenario global marcado por el cambio climático.
Qué cambios analiza el Gobierno nacional
Aunque todavía no hay un proyecto definitivo aprobado, desde el oficialismo se planteó la posibilidad de revisar algunos aspectos clave de la ley. Entre los puntos en discusión aparecen:
- La redefinición del concepto de ambiente periglacial, lo que podría reducir el área actualmente protegida.
- La habilitación de ciertas actividades productivas bajo condiciones específicas.
- La revisión de restricciones que hoy afectan a proyectos mineros o energéticos en zonas cordilleranas.
Estos cambios apuntan, según el Gobierno, a fomentar inversiones y desarrollo en regiones con alto potencial de recursos naturales, como Vaca Muerta o zonas mineras de la cordillera.
Más poder para los gobernadores
Un punto central de esta reforma es que le transfiere facultades directas a las provincias para que ellas decidan qué zonas proteger y cuáles no. Esto reduce notablemente la participación del Gobierno nacional en el manejo de estos recursos naturales.
Los principales impulsores de esta medida son los gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza. El proyecto ya consiguió su primer triunfo en el Senado con 40 votos a favor y 31 en contra, marcando un cambio en los criterios de resguardo ambiental para favorecer el desarrollo minero.
El debate: ambiente versus desarrollo
La discusión sobre la ley de glaciares no es nueva. Desde su sanción, generó tensiones entre distintos sectores. Por un lado, organizaciones ambientales advierten que cualquier flexibilización podría poner en riesgo fuentes clave de agua en un contexto de crisis climática.
Por otro, provincias y sectores productivos sostienen que la normativa actual limita el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
En este escenario, la eventual reforma promete reabrir un debate profundo sobre cómo equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo en Argentina.
