Contaminación del Río de la Plata: la Provincia apelará el embargo y apunta a Nación por falta de financiamiento
El Gobierno bonaerense asegura que las obras de saneamiento no avanzan por la falta de avales y financiamiento del Estado nacional.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que apelará el embargo por $157 mil millones dispuesto por la Justicia Federal en el marco de la causa por contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata. Desde la Fiscalía de Estado bonaerense aseguraron que la medida será recurrida y responsabilizaron a la gestión de Javier Milei por no haber garantizado el financiamiento necesario para las obras de saneamiento.
Embargo millonario por contaminación ambiental en La Plata, Berisso y Ensenada
La decisión judicial fue tomada por el juez federal Alberto Recondo, quien ordenó el embargo hasta tanto la provincia avance con obras para tratar los efluentes cloacales en la región que abarca La Plata, Berisso y Ensenada.
El fallo se apoya en informes técnicos que describen un escenario crítico: el sistema hídrico fue definido como “un sumidero de desechos cloacales e industriales”, con un nivel de contaminación “aberrante”. Los estudios también advierten sobre vertidos sin tratamiento en cursos de agua clave como el río Santiago y el arroyo El Gato.
Además, peritajes realizados en la zona detectaron un “corredor costero de aguas contaminadas” que se extiende a lo largo del Río de la Plata, con aportes urbanos e industriales provenientes de distintos puntos del conurbano y la provincia.
La respuesta del gobierno de Axel Kicillof
Desde la gestión de Axel Kicillof sostienen que el problema estructural lleva más de dos décadas y que requiere financiamiento internacional para su resolución. En ese sentido, remarcaron que ya en 2024 el Ministerio de Economía provincial solicitó al Gobierno nacional priorizar el financiamiento para el proyecto de tratamiento de líquidos cloacales.
La obra, estimada en 270 millones de dólares y con un plazo de ejecución de cinco años, beneficiaría a más de 933.000 habitantes, especialmente en los distritos de La Plata, Berisso y Ensenada.
Según la provincia, el crédito internacional ya fue otorgado, pero no puede ejecutarse sin los avales del Estado nacional. En paralelo, indicaron que se avanzó en gestiones con el Banco Mundial para destrabar el financiamiento.
Qué dice la Justicia sobre las obras de saneamiento
En su resolución, el juez Recondo fue contundente al señalar que las demoras no pueden justificarse únicamente por falta de recursos. “Las carencias presupuestarias (de la provincia), aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones”, afirmó.
El magistrado también remarcó que la falta de una política ambiental adecuada se extiende por más de 20 años y que el inicio de las obras estaba previsto para 2022. En ese momento, el costo representaba apenas el 0,67% del presupuesto provincial.
Además, sostuvo que la imposibilidad de ejecutar el proyecto “no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”.
Impacto ambiental y medidas pendientes
Los informes técnicos incorporados a la causa revelan altos niveles de contaminación por efluentes cloacales, con presencia significativa de nitrógeno en distintas zonas de La Plata y afluentes urbanos en Berisso y Ensenada.
Ante este escenario, la Justicia también ordenó garantizar la remoción mecanizada de residuos sólidos urbanos en el estuario y en los cursos de agua afectados.
Mientras tanto, la Fiscalía de Estado bonaerense avanza con la apelación que será presentada ante la Cámara Federal de La Plata, en un conflicto que combina crisis ambiental, responsabilidades políticas y financiamiento de infraestructura clave para la región.
