Ley de Glaciares: el Senado aprobó la reforma en medio de fuertes controversias, ¿qué cambia?

En una discusión con polémica, el Senado de la Nación aprobó -en una votación ajustada- y giró a Diputados la modificación de la ley de Protección de Glaciares, una iniciativa que divide aguas entre sectores ambientalistas, legisladores y gobiernos provinciales.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei introduce definiciones más restrictivas, reemplaza prohibiciones absolutas por evaluaciones de impacto y redefine el rol de las provincias.

Con las modificaciones, el proyecto del Poder Ejecutivo aprobado en el Senado en general por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, permitirá habilitar la minería en áreas hoy prohibidas.

El intenso debate en la cámara alta reflejó la tensión existente entre el aprovechamiento económico y la preservación de ecosistemas esenciales para la seguridad hídrica del país.

La sesión se desarrolló con manifestaciones en la puerta del Parlamento y fuertes cruces en el recinto que hasta último momento ponían en duda la aprobación de la ley.

“La columna vertebral de la ley no se toca”, aseguró la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el cierre del debate y sostuvo que “estamos planteando protección con responsabilidad y reglas claras, además de la profesionalización de los controles”.

Para la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, en cambio, la modificación de la ley 2010 «no es una cuestión técnica, sino que flexibiliza los estándares ambientales y es un retroceso».

Previo al debate, activistas de Greenpeace protestaron contra la ley y realizaron lo que denominaron “una acción directa y pacífica» sobre las escalinatas del Congreso de la Nación, según describieron desde la organización.

Sentados en inodoros, los activistas desplegaron un cartel con el mensaje «Senadores, no se caguen en el agua», con el objetivo de remarca la gravedad de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatiría más tarde en el Senado.

La discusión está marcada por la presión de provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que forman parte del “triángulo del litio” y concentran proyectos mineros de alto impacto.

El eje del debate gira sobre el alcance de las zonas protegidas, ya que la ley vigente prohíbe actividades que puedan afectar glaciares y áreas periglaciares, definidas como aquellas que funcionan como reguladoras del recurso hídrico.

En la práctica, la delimitación de esas áreas quedó sujeta a estudios técnicos y a interpretaciones que, según las empresas, generaron «inseguridad jurídica» y frenaron iniciativas.

El objetivo es evitar que extensiones amplias de la Cordillera de los Andes queden virtualmente vedadas a cualquier desarrollo productivo. Las provincias mineras sostienen que una reglamentación más precisa permitiría acelerar estudios de impacto, dar previsibilidad jurídica y cerrar esquemas de financiamiento internacional.

¿Qué dice el nuevo proyecto que impulsa el gobierno de Milei?

Desde el oficialismo argumentan que la norma actual sancionada en 2010, generó una “parálisis regulatoria” en sectores como el litio y cobre, y que la reforma busca mayor seguridad jurídica para las empresas.

Por el contrario, desde Unión por la Patria, aseguraron que esta iniciativa «perjudica muchísimo el agua, un bien tan fundamental». Y no sólo en las zonas donde hay glaciares, sino en todo el país”.

En esa misma línea, los ambientalistas alertan sobre el efecto que podría provocar la explotación minera en una provincia sobre el acceso hídrico en otra y de la libertad efectiva de fiscalización de las autoridades locales para determinar qué geoformas integrarán el ING.

¿Cambios en las reservas de agua de Argentina?

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, en 12 provincias. El Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el IANIGLA, identifica 16.968 cuerpos glaciares con una superficie total estimada de 8.484 km².

Más del 36% de la superficie continental argentina se encuentra en cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que subraya la dependencia de las comunidades y la producción respecto a estos reservorios.

Un informe la Fundación Vida Silvestre Argentina junto a otras organizaciones señala que más de la mitad de las especies de vertebrados del país viven en regiones relacionadas con el agua glaciar y que una proporción aún mayor de las especies amenazadas depende de estos sistemas.

El retroceso de los glaciares argentinos es un fenómeno confirmado por la evidencia científica. El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia, perdió 800 metros de frente entre 2020 y 2024, según un estudio del que participaron científicos del CONICET.

La idea del proyecto fue del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de los otros 3 gobernadores que forman parte de la Mesa del Cobre: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

Esta adecuación impulsada por el Poder Ejecutivo implica un giro conceptual: pasar de un modelo de exclusión territorial automática a uno basado en la gestión del impacto real sobre el recurso hídrico.

Para el sector productivo, el nuevo esquema permitiría avanzar con proyectos en áreas que no cumplen funciones hídricas estratégicas. Sin embargo, para sectores ambientalistas, en cambio, el cambio podría implicar riesgos para la resiliencia de las reservas de agua frente al cambio climático.

¿Qué plantean los ambientalistas?

Frente al debate impulsado por el Ejecutivo, 25 organizaciones emitieron un comunicado días atrás que se tituló “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”. En el texto, plantearon que “cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.

Según las organizaciones, entre ellas Greenpeace Argentina, la reforma pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes.

Para los ambientalistas, el agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña.
Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles.

Advirtieron además que avanzar con esta reforma “constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano”.

“No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico argentino”, señalaron.

Para María Eugenia Testa directora del Círculo de Políticas Ambientales, “la modificación de la Ley de Glaciares avanza con un trámite acelerado, sin debate público ni participación técnica o ciudadana significativa, en contraste con el proceso deliberativo que dio origen a la norma vigente. Esto constituye una falla sustantiva en términos democráticos y de transparencia”.

“Debilitar la protección de los glaciares implica retrocesos en materia ambiental, impactos potencialmente irreversibles sobre el clima, la biodiversidad y el acceso al agua, y una desarticulación del sistema federal ambiental en un contexto de estrés hídrico creciente”, sostuvo Testa.

¿Qué establecen los cambios en la actual ley ?

Uno de los puntos claves de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley vigente ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo proyecto acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.

El proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Con estos cambios, de acuerdo al texto del Poder Ejecutivo, se revertiría la lógica de los presupuestos mínimos porque el piso lo fijarán las provincias en función de si consideran importante el aporte de agua dulce que hace ese glaciar a su territorio. Esto podría generar conflictos entre jurisdicciones por el acceso al agua.

La reforma propone un enfoque más restrictivo: solo quedarán bajo el régimen especial los cuerpos de hielo o geoformas que tengan un aporte hídrico relevante y comprobable a la cuenca.

De todos modos, uno de los cambios más relevantes es el reemplazo del esquema de prohibición por ubicación por un modelo basado en Evaluación de Impacto Ambiental.

Esto permitiría que proyectos productivos —principalmente mineros— puedan obtener factibilidad ambiental si demuestran que no afectarán la función hídrica del glaciar o del ambiente periglacial activo.

Además, la protección quedará circunscripta a glaciares y ambientes periglaciares con hielo intersticial y función de regulación hídrica comprobada, excluyendo suelos congelados sin capacidad de aporte significativo.

De esta manera, el proyecto refuerza además el rol de las jurisdicciones provinciales en la determinación técnica del aporte hídrico y en la aplicación de la norma, en línea con el dominio originario de los recursos naturales establecido por la Constitución.

Lo que se viene: el debate en Diputados

El apuro del oficialismo en debatir este tema quedó planteado días atrás cuando se conformaron las comisiones que debían tratar los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo en extraordinarias.

En ese marco, el oficialismo conformó la comisión de Recursos Naturales de Diputados y propuso al diputado sanjuanino, José Peluc, para presidirla, un legislador que viene del massismo y que se convirtió en el armador de la campaña de Milei en esa provincia.

Si bien el texto impulsado por el Poder Ejecutivo fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, la iniciativa sólo pudo ser avalada por el Senado y deberá esperar ahora el turno de la Cámara de Diputados para ser tratada ya en el período de sesiones ordinarias que comienza este domingo 1 de marzo. Tal vez, sea uno de los ejes del discurso del presidente Milei ante la Asamblea Legislativa.