Milei busca aprobar una ley clave para Estados Unidos, pero enfrenta resistencia de la industria farmacéutica

El gobierno de Javier Milei busca apurar en el Congreso la sanción de la ley para adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un paso central para activar el acuerdo comercial bilateral firmado con Estados Unidos. Sin embargo, el trámite legislativo sufrió un freno inesperado tras la suspensión de un plenario de comisiones y la reaparición de tensiones con los laboratorios nacionales.

El compromiso asumido por el Ejecutivo establece que la Argentina debe ratificar el PCT antes del 30 de abril. El proyecto iba a tratarse en comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, pero la reunión fue suspendida, en parte, por la ausencia del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien debía defender la iniciativa.

Ahora, el oficialismo -en coordinación con el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger– busca redefinir el cronograma para obtener dictamen y llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.

Una disputa clave con la industria farmacéutica

El eje del conflicto gira en torno al impacto que tendría la adhesión al PCT en la industria local. El tratado establece que una patente registrada en cualquiera de los 158 países miembro tiene validez automática por 20 años en todos ellos, lo que implicaría un cambio estructural en el sistema argentino.

El mayor impacto se daría en el sector farmacéutico, ya que se eliminarían regulaciones que hoy permiten a los laboratorios nacionales producir medicamentos genéricos sin reconocer patentes extranjeras. Esto abre un escenario de competencia directa con empresas internacionales.

«Hay una discusión con los laboratorios por el capítulo II del PCT, que permite el uso de una opinión preliminar de otra oficina de patentes al analizar una solicitud», confirmó a iProfesional una fuente del oficialismo.

Ese capítulo habilita a los solicitantes a pedir un examen adicional ante la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), lo que, según la industria local, podría “debilitar” al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Aunque ese informe no es vinculante, en la práctica puede acelerar o dificultar la aprobación de patentes.

El argumento oficial y la presión del calendario

Desde el Gobierno rechazan las críticas y sostienen que el sistema actual perjudica a los innovadores argentinos, incluidos investigadores del CONICET, quienes deben tramitar sus patentes desde el exterior con mayores costos.

Además, acusan a los laboratorios de intentar bloquear la competencia: “Los mismos actores que se oponen a la adhesión ya usan el PCT para proteger sus patentes en el mundo”, señala un documento del Ministerio de Desregulación que circula entre diputados oficialistas.

Según el Ejecutivo, la adhesión no debilitaría al INPI sino que podría fortalecerlo, incluso permitiéndole convertirse en una autoridad internacional de examen de patentes, lo que implicaría mayor jerarquía e ingresos.

Pese a las demoras, el oficialismo mantiene el objetivo de aprobar la ley antes de fin de abril. La próxima semana será clave: funcionarios del área económica asistirán al Congreso para impulsar otros proyectos y no descartan incluir la iniciativa del PCT si logran destrabar el conflicto.

El tiempo apremia. Si el Congreso no sanciona la norma antes de la fecha límite, el acuerdo comercial con Estados Unidos no podrá entrar en vigencia, lo que suma presión política sobre la Casa Rosada en un escenario legislativo cada vez más ajustado.