Cómo es el “mapa” del federalismo climático en la Argentina
A partir de un informe elaborado por una importante ONG local, se puede conocer la estrategia de cada gobernación para mitigar los efectos de la huella de carbono y mejorar el medioambiente.
En un escenario nacional donde la agenda climática ha sido puesta en duda y las capacidades estatales para llevar a cabo procesos orientados a mejorar el medio ambiente también vienen siendo degradadas, las provincias se han convertido en “la primera línea” de política públicas vinculadas con estos objetivos.
Varios informes califican a los estados del interior como los responsables en el ordenamiento territorial, el uso del suelo, la gestión del agua, la salud, los residuos, el transporte, el control ambiental, la energía distribuida y las compras públicas sostenibles.
Se trata de ámbitos en los cuales se deciden medidas que afectan de manera inmediata a la adaptación y la mitigación, se habilitan proyectos, se accede a financiamiento y se protegen o deterioran ecosistemas estratégicos.
Por eso, disponer de una radiografía federal actualizada se tornó en un reclamo fundamental para sostener la acción climática cuando el nivel nacional se retrae.
Para ayudar a comprender estas necesidades, la Fundación Sustentabilidad sin Fronteras, elaboró un informe bajo el título de “Compromisos Climáticos Provinciales” en donde se resumen las políticas públicas que llevan a cabo 21 de las 23 provincias argentinas, además de la Ciudad de Buenos Aires.
El documento también se propone cubrir un vacío institucional del gobierno nacional, teniendo en cuenta que la Ley Nacional de Cambio Climático (Ley 27.520) creó el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SNICC) y su Decreto Reglamentario 1030/2020 le asignó la función de centralizar y difundir información climática oficial.
Sin embargo, dicho mecanismo no cuenta con una presentación pública consolidada y periódicamente actualizada que integre en un único sitio los datos subnacionales relevantes a planes, inventarios, marcos normativos, financiamiento y gobernanza.
Cómo se hizo el mapa federal
En ese escenario, la ONG que está conformada por profesionales de diversas disciplinas que se unieron para hacerle frente al Cambio Climático, envió un mismo cuestionario a todos los gobiernos provinciales, con los mismos ítems, para poder elaborar una especie de “ficha técnica” de cada jurisdicción, estandarizando las respuestas en fichas comparables para permitir lectura individual y comparación horizontal.
Con más de 10 años de experiencia en el sector público, el sector privado, el universo emprendedor, organizaciones de la sociedad civil y universidades, la entidad sin fines de lucro también recopila en el trabajo criterios comparables entre jurisdicciones, preservando trazabilidad y fecha de corte.
De los pedidos realizados, 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires dieron respuesta a lo requerido, mientras que Salta y Tucumán no contestaron los pedidos de información realizados.
“Reunimos, en un solo lugar, lo que hoy está disperso entre oficinas, portales y documentos de trabajo o que directamente no es de acceso público y detallamos quién conduce la agenda climática en cada jurisdicción, qué áreas y correos de contacto existen, en qué estado están los Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC) y cómo aportan las provincias a las emisiones nacionales”, se detalla en el documento a modo de presentación,
También se ofrecen datos sobre las normas que rigen a cada provincia, los fondos que se movilizan, qué espacios de gobernanza y participación funcionan y cuáles son las políticas en curso.
De todos modos, los autores del informe aclaran que no se trata de un ranking ni un veredicto, sino de “una fotografía para informar decisiones y con el que se pretende llenar un vacío operativo mediante una herramienta para equipos provinciales que necesitan referencias claras, para legislaturas que requieren insumos comparados al debatir marcos normativos, para periodistas y organizaciones que monitorean políticas, para bancos y agencias que evalúan elegibilidad y capacidad de ejecución y para universidades que forman cuadros técnicos”.
Avance desigual
El informe fue presentado este jueves 18 de septiembre por miembros de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, en la sede de la Casa de la Provincia de La Pampa en la Capital Federal bajo la premisa de “recopilar información oficial de todas las jurisdicciones y permitir comparar avances en institucionalidad, planes de respuesta, inventarios de gases de efecto invernadero, marcos normativos, financiamiento y participación ciudadana”.
A modo de resumen, el documento revela que el 54% de las jurisdicciones cuentan con un área específica dedicada al cambio climático (Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego).
Para los integrantes de la ONG, ese índice “limita la continuidad de las políticas y hace depender la agenda de voluntades individuales más que de estructuras permanentes”.
También dificulta la articulación interjurisdiccional y el acceso a financiamiento internacional, que suele requerir contrapartes técnicas estables y con responsabilidades claras.
Otro punto determinante es que se observa un avance desigual en la elaboración y convalidación de los planes ya que sólo tres provincias (La Pampa, Jujuy y Misiones) cuentan con estrategias convalidadas a nivel nacional, mientras que otras 11 (Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego) aun se encuentran en proceso de intercambio técnico con el gobierno nacional.
Las nueve restantes aún no han presentado borradores para iniciar el proceso (Catamarca, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Salta, San Luis, Buenos Aires, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Además, siete provincias desarrollaron inventarios propios (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe), lo que para la ONG, “representa un paso importante en términos de autonomía técnica y elegibilidad para financiamiento”.
El resto de las provincias carecen de inventarios provinciales y dependen exclusivamente de la serie desagregada del Inventario Nacional, lo que limita la calidad de la información para diseñar políticas específicas.
Ausencia de leyes específicas
En el documento se asegura que “los inventarios provinciales resultan más exhaustivos y precisos, ya que incorporan datos de actividad obtenidos de fuentes propias y recopilados de manera directa”.
Respecto al marco normativo, solo un grupo reducido de ocho provincias cuenta con leyes marco de cambio climático como son CABA, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa.
En el resto, se identifican proyectos de leyes marco o decretos, resoluciones u ordenanzas aisladas, sin un andamiaje integral que garantice continuidad.
Para la ONG, “la ausencia de legislación específica expone a muchas políticas al riesgo de discontinuidad frente a cambios de gestión e incluso retrocesos”.
La gobernanza climática también muestra un panorama fragmentado si se tiene en cuenta que existen experiencias robustas como el Gabinete Provincial de Cambio Climático en La Pampa, el entramado de mesas y consejos en Santa Fe o la institucionalidad de Misiones, mientras que otras jurisdicciones apenas cuentan con comités incipientes o no tienen espacios formales de articulación.
En el caso de la participación ciudadana, considerada como clave para legitimar las políticas y alinear intereses, sigue siendo débil en la mayoría de las provincias, con mecanismos esporádicos o limitados a consultas puntuales.
Con relación al financiamiento, aparece como una de las mayores brechas ya que algunas jurisdicciones lograron acceder a fondos internacionales, pero la mayoría depende de recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), o de proyectos articulados por Nación.
En este sentido, varias provincias informaron no contar con financiamiento específico, lo que compromete seriamente la factibilidad de implementar medidas más allá del diagnóstico, a lo cual se suma una limitación estructural ya que sin el aval del gobierno nacional resulta muy difícil que las provincias accedan de manera directa a financiamiento internacional, “lo que las deja sujetas a la voluntad política y a los tiempos de gestión de la administración central”.
Federalismo climático
En datos concretos, el informe también revela hallazgos claves:
- Tres provincias tienen Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático convalidados por el gobierno nacional (La Pampa, Jujuy y Misiones).
- El 54% cuenta con áreas de gobierno específicas de cambio climático.
- Siete provincias elaboraron inventarios propios de gases de efecto invernadero (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe).
- Ocho jurisdicciones cuentan con una ley marco de cambio climático (CABA, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa).
- Buenos Aires concentra el 34% de las emisiones nacionales.
- La mayoría depende de fondos del Consejo Federal de Inversión o de cooperación nacional, y tienen acceso limitado a financiamiento internacional.
Al respecto, Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras, entiende que “el federalismo climático está en construcción” y asegura que “la capacidad de las provincias para sostener y acelerar sus planes será determinante para que la Argentina cumpla sus compromisos internacionales y proteja a millones de personas frente a sequías, inundaciones e incendios”.
Cómo es el “mapa” del federalismo climático en la Argentina
Región Noroeste
Jujuy
Su contribución provincial a las emisiones nacionales de GEI revela que el último inventario provincial es del año 2014 y dio como resultado 2,8 MTCO2eq, el 0.77% de las emisiones nacionales.
En cuanto a la legislación climática provincial, cuenta con la Ley 6230 , Ley Marco Provincial de Cambio Climático (Boletín Oficial 20/08/21) que establece lineamientos e instrumentos para mitigación y adaptación, y la Ley 6305 de 2022, que instituye el régimen de compatibilidad y promoción de proyectos de certificación reducida de emisiones de carbono.
A su vez, en 2016, mediante el Decreto 1169/16, se creó bajo la órbita del Ministerio de Ambiente el programa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2050”, como hoja de ruta para la descarbonización provincial.
En relación al financiamiento, provincia contó con fondos de CFI para: el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos, cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones y la Provincia, con una donación de fondos LIFE de la Comisión Europea.
Salta
La provincia aún no presentó el borrador de su plan de cambio climático al gobierno nacional y hasta el momento solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 12,92 MtCO2eq para el 2022.
Tampoco posee una ley marco de cambio climático ni normativa vinculada directamente a la
temática y en cuanto a financiamiento, tuvo apoyo de Euroclima/FIAP para el desarrollo de un Plan ganadero de respuesta al cambio climático; de Enandes (OMM–COSUDE) para fortalecer la adaptación en la provincia, y a nivel productivo, líneas del CFI.
Tucumán
No presentó el borrador del Plan provincial de respuesta al cambio climático al gobierno nacional y, en cuanto a su aporte al clima sólo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 6,28 MtCO2eq para el 2022.
Evidencia también una fata de ley marco de cambio climático y se destaca únicamente el decreto 2025/9/MDP que crea la Mesa Provincial de Cambio Climático.
En relación con el financiamiento, participó del programa Readiness de Salud y Cambio Climático junto a OPS/OMS, con dinero aportado por el Fondo Verde para el Clima, y ejecutó acciones entre 2022 y 2023.
Además, en 2022 se acordaron pagos por resultados REDD+ del mismo fondo por reducción de emisiones por deforestación y, en paralelo, siguen vigentes en la provincia líneas del CFI, con opciones de financiamiento verde y créditos a tasa diferenciada.
Santiago del Estero
Ya presentó un borrador de su Plan provincial de respuesta al cambio climático y debe continuar trabajando en las observaciones y comentarios
realizados por los equipos técnicos de la Coordinación de Adaptación al Cambio Climático y la Coordinación de Mitigación del Cambio Climático.
Hasta el momento la provincia solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión 20,65 MtCO2eq para el 2022.
No cuenta con una ley marco de cambio climático, no obstante se destaca la Ley Provincial N° 7318 que declara la Emergencia Climática en la provincia hasta el 2030 y, en ese marco, creó el Comité de Cambio Climático.
En cuanto a financiamiento, no posee en la actualidad con manejos de fondos internacionales de apoyo, mientras que sus principales políticas climáticas desarrolla diversos programas e instrumentos orientados a la adaptación, mitigación y fortalecimiento de la gobernanza ambiental.
Uno de los pilares es el Programa Provincial de Educación Ambiental, que se implementa en escuelas, municipios, comisiones vecinales y otras instituciones, en el marco de una campaña permanente de concientización.
También impulsa la Agenda Ambiental Provincial para gobiernos locales, que ofrece lineamientos para el ordenamiento territorial y la adaptación de ciudades al cambio climático.
Catamarca
No presentó su borrador sobre el Plan provincial de respuesta al cambio climático al gobierno nacional y hasta el momento solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 1.99 MtCO2eq para el 2022.
Tampoco posee una ley marco de cambio climático, pero sí se destaca la Ley No 5880 , de medición, compensación y reducción de la huella de carbono.
En la actualidad no se dispone de fondos activos, no obstante, se avanza en coordinación con la
consultora GIZ en la elaboración de un diagnóstico del estado de situación, enfocado en los principales impactos identificados, particularmente los relacionados con olas de calor e inundaciones
Dentro de sus principales políticas climáticas se destaca la Ley Provincial N.o 5880, que establece el sistema provincial de medición, compensación y reducción de la huella de carbono bajo la Secretaría de Medio Ambiente como autoridad de aplicación.
La norma regula un marco integral para medir la huella de carbono y fijar metas de compensación y reducción de gases de efecto invernadero y alcanza a personas y entidades públicas o privadas de sectores como industria, energía, agro, transporte y minería, e incorpora un sistema de medición, reporte y verificación mediante declaraciones juradas alineadas con estándares internacionales.
Como instrumentos, prevé la emisión de bonos de compensación de huella de carbono, la posible creación de un sistema de comercialización y mercados voluntarios, y un fondo compensador provincial para financiar acciones de mitigación y adaptación.
Establece además un régimen sancionatorio (multas e inhabilitaciones) ante incumplimientos o falsedad de reportes, y promueve la coordinación territorial a nivel municipal para implementar políticas ambientales locales.
Noroeste Litoral
Entre Ríos
La provincia presentó su borrador del Plan y se encuentra en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Hasta el momento, solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 12,87 MtCO2eq para el 2022.
No cuenta con una ley marco de cambio climático, no obstante, desde la Secretaría de Ambiente, se elaboró un proyecto de ley de política climática provincial que contempla medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático, reconoce el Plan de Respuesta jurisdiccional como principal instrumento de política pública y promueve la conformación de un Gabinete Provincial de Cambio Climático de carácter interministerial.
La provincia es organismo co-ejecutor del proyecto “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay”, financiado por el Fondo de Adaptación a través de CAF (Banco de Desarrollo de América), con ejecución regional a cargo de PNUD, ejecución nacional a cargo de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (Argentina) y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (Uruguay), siendo las autoridades nacionales de ambos países los promotores y principales beneficiarios del mismo.
Desde la provincia informan que han desarrollado una agenda climática integral que combina medidas de adaptación, mitigación, educación y financiamiento verde.
Corrientes
Aún no presentó su borrador del Plan de Cambio Climático a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y hasta el momento solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 2,58 MtCO2eq para el 2022.
Tampoco posee una ley marco de cambio climático ni normativa vinculada directamente a la temática, a excepción del Decreto 45/2024 que declaró la emergencia hídrica y climática. Dicha normativa reconoce la creciente vulnerabilidad frente a fenómenos extremos como sequías prolongadas, escasez de agua, inundaciones y variaciones de temperatura, y busca dotar al Poder Ejecutivo de herramientas excepcionales para coordinar acciones urgentes de respuesta y adaptación.
La provincia no aportó información sobre líneas de financiamiento y tampoco evidencia políticas climáticas activas.
Misiones
Es la tercera provincia en contar con su Plan de Cambio Climático convalidado por el Gobierno Nacional, en tanto que, en el caso de su contribución provincial a las emisiones nacionales de GEI, cuenta con un inventario provincial que toma como año base el 2018 y dio como resultado 3,3 MtCO2e.
Sin embargo, no posee una ley marco de cambio climático, no obstante se destaca la Ley I-172 que creó el Ministerio de Cambio Climático.
A ello se suma el Decreto 157/2021, mediante el cual se conforma el Gabinete de Cambio Climático con el objetivo de coordinar las políticas provinciales de mitigación y adaptación.
En términos de planificación y monitoreo, con la Resolución 38/2023 , que aprueba el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero, y con la Resolución 90/2023, que establece el Plan de Respuesta al Cambio Climático como instrumento rector de política climática.
Además, a través de la Resolución 03/2024, se crea el Programa Provincial de Huella de Carbono, orientado a medir y reducir las emisiones tanto en el ámbito público como privado.
Conforme a lo informado por la provincia, financian su acción climática con fondos propios ya que no recibe apoyo nacional o internacional para este esfuerzo.
Salvo el caso particular de la elaboración del Plan de Respuesta, en donde se contó con asistencia técnica, a través del PNUD.
Su principales políticas climáticas integran planificación estratégica, herramientas de medición, capacitación técnica y promoción del empleo verde.
A través de su plan de respuesta, la provincia busca generar capacidades técnicas en municipios y organismos provinciales para elaborar inventarios de gases de efecto invernadero, planes de adaptación y mitigación, y una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad, en línea con la normativa vigente.
Con el programa de Huella de Carbono establece un sistema de medición, reducción y compensación de emisiones, con tres niveles de certificación progresiva.
Este programa se basa en estándares técnicos y es implementado por profesionales registrados, promoviendo la gestión responsable de las emisiones tanto en el sector público como en el privado.
Chaco
La provincia presentó el segundo borrador del Plan de respuesta al cambio climático y se encuentra en intercambio técnico con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, se están actualizando indicadores del diagnóstico de adaptación, así como de mitigación.
En cuanto a su contribución provincial a las emisiones nacionales de GEI, se estima un valor inferior al 1% según año base 2018. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se están actualizando los sectores de emisión del inventario provincial en base a las nuevas guías/métricas del IPCC.
La provincia no cuenta con una legislación climática específica, noobstante, se está trabajando en el Proyecto de Ley Provincial N° 3347/2022 que busca operativizar el Plan de Respuesta para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
En cuanto a financiamiento, está iniciando la consultoría “Apoyo al análisis de impactos observados, amenazas y vulnerabilidades relevadas y los riesgos proyectados al cambio climático en los Planes de Respuesta” financiada por la agencia alemana GIZ.
Formosa
Ya presentó su borrador sobre el Plan provincial de respuesta al cambio climático y se encuentra en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Hasta el momento la provincia solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 10,28 MtCO2eq para el 2022.
Cuenta con una reciente ley marco de cambio climático, la Ley 1742, cuyo objetivo es establecer las directrices para promover, diseñar, ejecutar y gestionar los proyectos de certificación reducidas de emisiones de carbono, que se implementen en el territorio.
De acuerdo a lo informado por la provincia, las acciones que se llevan a cabo en materia climática son con fondos propios.
No obstante, en 2023 se contó con el apoyo de CFI para la elaboración del plan de respuesta provincial con el pago de dos expertas en adaptación y mitigación respectivamente.
Con relación a sus políticas climáticas, se encuentran en elaboración y en proceso de validación programas vinculados a cambio climático, biodiversidad, áreas protegidas, ordenamiento de bosques, calidad ambiental y desarrollo foresto industrial.
A su vez , su nueva Constitución en el artículo 81, prevé mecanismos para diseñar e implementar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, con programas de certificación de emisiones reducidas de carbono.
Santa Fe
La provincia presentó ante la Dirección Nacional de Cambio Climático el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático y aguarda la pre-convalidación técnica de la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Las emisiones de GEI de Santa Fe según su inventario provincial de Gases de Efecto Invernadero 2016 (IPGEI 2016), ascienden a 23,40 MtCO2e.
La provincia cuenta con la Ley 14019, sancionada en 2021, que define la política pública provincial de respuesta al cambio climático.
Con respecto al financiamiento, accede a diversas fuentes de financiamiento climático para el desarrollo e implementación de políticas ambientales.
A través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se encuentra en ejecución el Proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, correspondiente al empréstito CAR N° 1035 01K por 65 millones de euros, otorgado al estado provincial sin garantía del Tesoro Nacional.
Por otra parte, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones, se están llevando adelante iniciativas como la actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero y el programa “Planificar Santa Fe”, orientado al ordenamiento ambiental del territorio.
En el marco de fondos internacionales, la provincia participa de dos proyectos del GEF 8: uno vinculado a la conservación y protección de la biodiversidad, y otro en el marco del programa RESSNEA.
Además, con financiamiento de FAO, se ejecutan acciones destinadas a la gestión integral de cuencas hídricas y al manejo sostenible de los recursos pesqueros.
La política climática se centra en la implementación del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático que incluye 35 medidas de mitigación y/o adaptación que implican a los diferentes ministerios.
Nuevo Cuyo
Mendoza
No presentó el borrador completo del plan para ser analizado por la Subsecretaría de Ambiente
de Nación sobre su plan de respuesta climática, mientras que su contribución provincial a las emisiones nacionales de GEI, cuenta con Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero año 2018 y se encuentra en vías de tramitación la actualización de inventario GEI al año 2023.
Según inventario provincial al año 2018 la jurisdicción contribuyó con el 2,39% (8,7 MtCO2e) de los GEI.
La provincia cuenta con una ley marco de cambio climático, la Ley provincial No 9585 de Gestión Integral del Cambio Climático que establece las directrices para la gestión integral.
A su vez el Decreto No 758/25 (15/4/25) establece el “Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero”, cuyo objeto es establecer objetivos y lineamientos para la detección, control, monitoreo, cuantificación, medición, reporte, verificación y reducción de emisiones de GEI en actividades relacionadas con las grandes industrias con la finalidad de reducir su impacto sobre el ambiente; designando como autoridad de aplicación a la Dirección de Transición Energética la cual forma parte del Ministerio de Energía y Ambiente
Con respecto al financiamiento, posee un convenio suscrito con el Consejo Federal de Inversión sobre “Lineamientos Técnicos, Parámetros y Principios de Funcionamiento aplicables a la elaboración de un Plan Maestro para el Sector Hídrico provincial” el cual sienta las bases para un Plan Integral de Gestión Hídrica en Mendoza.
Su objetivo es mejorar la eficiencia, la protección y el uso sostenible del agua con adenda “Lineamientos Técnicos, parámetros y principios de funcionamiento aplicables a la elaboración de un Plan Maestro para el Sector Hídrico Provincial».
De acuerdo a lo informado por la provincia, han desarrollado un conjunto de políticas climáticas que integran planificación estratégica, gestión ambiental y herramientas de medición y certificación, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
En su Plan Energético Mendoza 2050, establece una hoja de ruta a largo plazo para diversificar la matriz energética provincial, promoviendo fuentes renovables, eficiencia energética y articulación con la industria local.
Su Plan Provincial de Residuos, busca implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos (GIRSU), promoviendo consorcios intermunicipales y el aprovechamiento de economías de escala.
En cuanto al Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, combina estrategias para reducir emisiones y fortalecer la resiliencia de los sistemas sociales y ecológicos frente a los impactos climáticos.
Además, lleva a cabo el Plan Ambiental Provincial 2016–2030, actualizado en 2022, que establece lineamientos de desarrollo sostenible y equidad territorial, en articulación con los planes de ordenamiento territorial provinciales y municipales.
San Juan
La provincia presentó su borrador del Plan de mitigación del Cambio Climático y se encuentra en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Hasta el momento, solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 2,21 MtCOe2 para el 2022. Sin embargo, se está trabajando en un proyecto para la confección de un inventario propio de GEI.
Actualmente, no cuenta con una ley marco de cambio climático aprobada, pero existe un proyecto de ley de adaptación y mitigación al cambio climático elaborado por el gobierno provincial.
Con relación al financiamiento, es apoyada por el CFI para inversiones en energías renovables y generación distribuida; eficiencia energética; mejoras de riego y uso del agua.
De acuerdo a lo informado, la provincia ha desarrollado una política climática integral basada en siete ejes estratégicos con más de 130 medidas de adaptación y mitigación.
A su vez, se destaca el fomento de energías renovables y la transición energética con fuerte liderazgo en generación solar, programas de generación distribuida, e impulso de fuentes como la geotermia, energía hidroeléctrica y el proyecto Tocota con el que busca reducir emisiones y diversificar la matriz energética.
San Luis
El plan de respuesta al cambio climático aún no ha sido formalmente presentado a Nación debido a que se encuentra en proceso de elaboración, revisión y validación técnica, y validación.
Hasta el momento la provincia solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 9,34 MtCOe2 para el 2022.
La provincia informa que participa activamente en el Proyecto de Pagos por Resultados de REDD+, en el marco de la Ley Nacional 26.331 sobre bosques nativos.
A su vez, desde la Subdirección de Desarrollo Sostenible, se avanzó en la conformación de un Comité Técnico para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), la emisión de resoluciones clave, la aprobación de un plan de prevención de incendios forestales y la adquisición de equipamiento tecnológico y logístico para el monitoreo territorial.
La provincia informó que la Secretaría de Ambiente de San Luis impulsa una política climática integral con foco en eficiencia energética; energías renovables; educación ambiental; conservación de financiamiento sostenible.
La provincia promueve la generación distribuida a través de la adhesión a la Ley Nacional 27.424, la conformación de una red provincial de eficiencia energética y la creación de un registro de actores del sector.
La Rioja
La provincia presentó su borrador del Plan de Respuesta Provincial de Adaptación y Mitigación, encontrándose el mismo en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Hasta el momento la provincia solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 2,89 MtCOe2 para el 2022.
La provincia no cuenta con legislación climática específica pero se encuentran trabajando en un proyecto de ley. A su vez, la Asamblea Constituyente sancionó en el año 2024 la nueva Constitución, donde se incluye un capítulo que abarca la problemática ambiental y se titula “Protección del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Régimen Económico Financiero”.
Con la CAF financia el “Programa de Apoyo al Plan de Expansión y Mejora del Servicio – MAyE”, que incluye consultorías para el diseño y la preparación de pliegos de proyectos de agua potable, redes cloacales y tratamiento de efluentes.
Se trata de financiamiento climático vinculado a resiliencia hídrica y servicios básicos, con impacto directo en adaptación.
Adicionalmente, a través de programas nacionales con impacto provincial, ha sido elegible y/o beneficiaria de líneas del Banco Mundial y del BID en agua y saneamiento.
Si bien no son operaciones “verdes” en sentido estricto, respaldan capacidades e inversiones que contribuyen a la adaptación y la prestación de servicios esenciales.
Como complemento en el mercado de capitales local, en 2023 la provincia emitió bonos verdes por el equivalente de u$s55 millones (BYMA/MAE), con uso de fondos destinado al Parque Solar Arauco I y alineamiento a los Green Bond Principles de ICMA y al Panel SVS.
Algunos de los principales programas públicos se centran en mejoramientos habitacionales y servicios básicos como agua potable, cloacas, núcleos húmedos, asfaltado, alumbrado público, forestación y conectividad a numerosos barrios y asentamientos en distintos puntos de la provincia.
También busca mejorar herramientas y estrategias de conservación y administración óptima del recurso hídrico y lleva a cabo un plan maestro para el manejo del agua.
Centro
Córdoba
La provincia presentó su borrador del Plan de mitigación y se encuentra en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Según el inventario provincial con año de base al 2023, genera 27.71 MtCO2e, donde el sector energía representa el 38.43% de las emisiones totales, AFOLU el 56.08%, procesos industriales 0.94%, y residuos 4.58%.
No cuenta con una ley marco de cambio climático ni normativa que se refiera directamente al tema, mientras que, con relación a los fondos, publicó un Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad, presentado durante la Conferencia Climática Internacional en Córdoba.
Este instrumento permite vincular bonos o préstamos a metas de sostenibilidad (KPIs), habilitando emisiones u operaciones de crédito condicionadas al desempeño ambiental.
En paralelo, firmó con el Consejo Federal de Inversiones un convenio para líneas de crédito destinadas a fortalecer cadenas productivas con foco en sostenibilidad.
En 2024 se creó el Gabinete Provincial de Cambio Climático por Decreto PEP 295/24, con el fin de articular políticas de mitigación y adaptación, elaborar el Plan de Respuesta y sensibilizar a la sociedad.
El decreto obliga a los organismos del Poder Ejecutivo a aportar información al Gabinete y a la Secretaría de Cambio Climático para el cumplimiento de sus fines. (Decreto 295/24, 4/9/2024; B.O. 11/9/2024).
Por Resolución 98/2023, también creó el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Remoción de GEI, de inscripción voluntaria y pública, gestionado por la Secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente.
Buenos Aires
Desde el año 2022 se coordina la construcción del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, mientras que este año presentó el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero (IPGEI) tomando como año de base el 2018.
Los resultados muestran que Buenos Aires emite 124,40 MtCO2eq, el 34% de los GEI del país y representa el 39% de la población argentina.
Los principales sectores emisores son energía, agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), procesos industriales y de uso productivo (IPPU) y residuos.
La provincia no cuenta con legislación climática específica, pero en el 2022 el Ministerio de Ambiente promovió un Proyecto de Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que el gobernador presentó el 25 de octubre de ese año en la Cámara de Diputados de la Provincia.
La provincia de Buenos Aires accedió a financiamiento climático a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la cooperación internacional para llevar a cabo varios programas como el de transición energética; diseño de estrategia de Hidrógeno bajo en emisiones; expansión de la generación solar fotovoltaica.
En el marco del Programa Provincial de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático se impulsaron iniciativas para apoyar a gobiernos locales y dependencias provinciales en el desarrollo de capacidades climáticas y socioambientales.
También se elaboró el Plan Provincial de Manejo Costero Integrado, orientado a la planificación ambiental y gestión territorial de los ecosistemas costeros, con un enfoque en sostenibilidad e integración de actores sociales, económicos y gubernamentales.
Capital Federal
La Ciudad aún no presentó su Plan de Respuesta al Cambio Climático para convalidar por la Subsecretaria de Ambiente de Nación.
No obstante, la ciudad cuanta con un Plan de Acción Climática (PAC) desde el 2021 y según el inventario, generó 11,19 MtCOe2 durante el 2022 y 12,6 MtCOe2 durante el 2018
La Ciudad cuenta con un marco legal específico en materia de cambio climático, encabezado por la Ley N.o 3871/11 , que establece la Ley Marco de Cambio Climático.
Complementariamente, la Ley N.o 5613/2016 crea el Foro de Lucha contra el Cambio Climático, un espacio institucionalizado de participación para promover el diálogo entre distintos sectores y el seguimiento de las políticas climáticas locales.
En cuanto a la planificación estratégica, mediante la Resolución N.o 63/2021 se aprobó el Plan de Acción Climática 2050, que establece metas y acciones concretas a largo plazo para lograr la neutralidad de carbono en la Ciudad.
La Ciudad recibió un préstamo BIRF de u$s200 millones para el Proyecto de Gestión del Riesgo de Inundaciones y drenaje en las cuencas Cildáñez, Maldonado y Vega, con contrato firmado en 2016 y componentes de obras e institucionalidad.
También hubo financiamiento adicional del Banco Mundial para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo que beneficia a CABA a través de ACUMAR. A su vez, CFI ofrece líneas de “financiamiento verde” y productivo para MiPyMEs de jurisdicciones adheridas.
Sus principales políticas climáticas se encuentran detalladas en el Plan de Acción Climática 2050, no obstante ha desarrollado una serie de iniciativas complementarias orientadas a la adaptación, la salud y la participación ciudadana frente al cambio climático.
Entre ellas se destaca el Programa de Adaptación frente a Eventos Climáticos Extremos, implementado desde 2017, que busca reducir los riesgos para la población más vulnerable ante olas de calor, especialmente personas mayores, mediante campañas de concientización y recomendaciones prácticas.
Patagonia Norte
Neuquén
No presentó su plan de respuesta al cambio climático, que se encuentra en elaboración, mientras que del Inventario Nacional de GEI se desprende que las emisiones de la provincia en ese año se estiman en 24,36 MtCOe2
La provincia cuenta con una ley marco de cambio climático, la Ley Provincial N.o 3454 , promulgada el 28 de agosto del 2024.
Informó que no recibe de manera directa financiamiento climático externo sino de manera indirecta a través de apoyo de consultorías para el diseño de su plan de respuesta.
De acuerdo a lo informado, la provincia implementa un Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones en el sector hidrocarburífero, cuyo objetivo es detectar, cuantificar y controlar emisiones de gases de efecto invernadero como metano, dióxido de carbono y óxido nitroso, promoviendo a su vez medidas de mitigación.
Participa además como Punto Focal del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del PNUMA, lo que permite identificar eventos significativos de emisión y tomar medidas correctivas en línea con los objetivos provinciales y nacionales de reducción de metano.
En marzo pasado, adhirió al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV) mediante un convenio con la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, en coordinación con los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Locales.
Río Negro
La provincia presentó su borrador del Plan de respuesta al cambio climático y se encuentra en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Cuenta con dos inventarios propios, uno de 2019 y otro de 2022 que dió como resultado 5,72 MtCO2eq, correspondiente al 1,56% de las emisiones nacionales.
Su marco legal es la Ley 5140/2016, actualizada mediante la Ley 5665 (2023), mientras que en el caso del financiamiento climático tiene el apoyo de CFI y la agencia alemana GIZ para llevar adelante la elaboración del plan de respuesta y las acciones de monitoreo y evaluación de las medidas propuestas en el mismo.
De acuerdo a lo informado, la provincia asumió el compromiso de enfrentar el cambio climático mediante una política pública orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y fortalecer la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas frente a sus impactos.
La Pampa
Es la primera provincia en contar con el Plan de combate al cambio climático convalidado por el gobierno nacional vía Disposición N° 776/2025 de la Subsecretaría de Ambiente.
En cuanto a su contribución provincial a las emisiones nacionales de GEI, al año 2018 fue de 16 MtCO2eq, lo cual representa el 4% de las emisiones nacionales y 0,02% de las emisiones globales, según Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.
La provincia no cuenta con legislación climática específica, pero el Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático se encuentra aprobado por Decreto N°5120/24 y también se cuenta con el Decreto N°1450/22 de creación del Consejo Asesor Provincial de Cambio Climático.
En cuanto a financiamiento, ha contado con fondos del CFI y de PNUD (Elaboración de Planes de Respuesta Provinciales y Promesa Climática) para realizar consultorías específicas en diversas temáticas.
La Pampa posee un enfoque integral que combina mitigación (reducción de emisiones, energías renovables) y adaptación (infraestructuras gris y verde, salud, agropecuaria ecosistemica), respaldado por una gobernanza inclusiva.
Con el Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático como eje rector, se busca un modelo de políticas climáticas provinciales integradas, con impacto real y alcance territorial.
Este documento reúne 30 medidas integrales que priorizan riesgos y las fuentes que explican más del 90% de las emisiones, combinando adaptación y mitigación con foco en agua, infraestructura, salud, agro y energía, e incluyendo conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas, áreas protegidas y forestación urbana. Se elaboró con participación pública de sociedad civil y actores del territorio y fija metas al 2030 con seguimiento y transparencia.
Patagonia Sur
Chubut
La provincia presentó su borrador del plan de respuesta al cambio climático y se encuentra en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Hasta el momento la provincia solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 9,94 MtCOe2 para el 2022.
No posee una ley marco de cambio climático, no obstante se destaca la Ley Provincial XI-84 , que crea la Mesa de Articulación por el Cambio Climático en el ámbito de la Legislatura con el fin de analizar impactos y proponer políticas públicas basadas en evidencia científica, bajo principios de participación multisectorial, sostenibilidad y cooperación.
A su vez, la resolución 29/2020 crea el Programa Provincial de Cambio Climático dentro de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.
También es destacable la Resolución 58/2024 que fija lineamientos para el control de emisiones fugitivas de metano en la industria petrolera, prohibiendo el venteo prolongado, exigiendo planes de gestión y detección de fugas, y estableciendo métodos de monitoreo y conservación de información técnica.
La elaboración del Plan de Respuesta al Cambio Climático provincial fue apoyada por los proyectos internacionales ARG19003 (Plan Nacional de Adaptación) y PNUD ARG19007 (Apoyo a la Implementación de la Contribución Nacional), ambos ejecutados por el PNUD.
A su vez, en 2023, con financiamiento del CFI, se avanzó mediante consultorías en adaptación y mitigación para finalizar el Plan de Respuesta al Cambio Climático.
También se destaca el proyecto Valorización de Servicios Ecosistémicos, el cual obtuvo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las políticas climáticas informadas por la provincia remiten a lo establecido en el borrador del Plan de Respuesta al Cambio Climático de Chubut, y se presentan como lineamientos declarados cuyo alcance y grado de implementación dependen de la operativización que la jurisdicción defina.
Santa Cruz
La provincia presentó su borrador del Plan de respuesta al cambio climático y se encuentra en intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Hasta el momento solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 6,71 MtCOe2 para el 2022
La provincia no posee una ley marco de cambio climático, aunque existe un proyecto de ley en la cámara de diputados. No cuenta con ningún fondo internacional ya que la consultoría para la elaboración del plan de respuesta se financia con fondos provinciales.
Según la Secretaría de Estado de Ambiente, la agenda se focaliza en la transición energética (desarrollo de parques eólicos e hidrógeno verde) y en la mitigación de metano junto al Ministerio de Energía y Minería, con una normativa en elaboración.
Además, se impulsa el desarrollo local como herramienta de resiliencia y se han brindado charlas de cambio climático a municipios y a algunas escuelas.
Tierra del Fuego
La provincia presentó su borrador del Plan de Respuesta al Cambio Climático y actualmente mantiene un intercambio técnico con la Coordinación Técnica Administrativa de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a fin de obtener la convalidación correspondiente y avanzar en el proceso de aprobación a nivel nacional.
Hasta el momento la provincia solo cuenta con los datos de GEI desagregados del inventario nacional que da cuenta de una emisión de 3.87 MtCOe2 para el 2022.
El 21 de diciembre de 2022 fue promulgada la Ley Provincial N° 1470 – ‘Ley de Gestión Integral para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en la Provincia’.
Actualmente, el borrador del decreto reglamentario se encuentra en su última fase de revisión, por lo que se espera su pronta reglamentación.
La provincia participa activamente en dos proyectos, uno financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el otro por la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ).
La política climática provincial se organiza en torno a tres ejes: mitigación, adaptación y educación ambiental.
Prioridades futuras
En síntesis, el informe confirma que la Argentina transita un federalismo climático aún en construcción y demuestra la existencia de provincias que avanzaron en marcos legales, inventarios y estructuras de gobernanza multisectorial, lo que les otorga mayor capacidad para implementar políticas y acceder a financiamiento.
Otras, en cambio, permanecen rezagadas: sin planes convalidados o ni siquiera presentados, con normativas incipientes o con iniciativas fragmentadas que corren riesgo de quedar en meras declaraciones.
Al mismo tiempo, del presente trabajo surge que la mayoría de las provincias está incrementando sus compromisos climáticos y varias ya forman parte de redes nacionales e internacionales, con la Alianza Verde Argentina como espacio destacado de articulación subnacional.
“Cerrar estas brechas es indispensable para que la Argentina cumpla con su NDC y, sobre todo, proteja a millones de personas frente a una crisis climática que ya se expresa en sequías, inundaciones e incendios”, se destaca e en el informe.
En esa sintonía, el trabajo considera que los próximos pasos deberían concentrarse en tres prioridades:
- Asegurar que las 24 jurisdicciones cuenten con planes convalidados e inventarios actualizados.
- Fortalecer marcos legales provinciales que garanticen continuidad.
- Consolidar la articulación entre provincias, municipios y Nación, generando condiciones para acceder a financiamiento internacional.
Al mismo tiempo, los autores del documento entienden que “superar estas brechas es condición para que Argentina se inserte en la transición global y acceda a inversiones y financiamiento internacional”.
