En crisis y lejos de lo prometido: cuánta plata destina el Gobierno para cuidar el ecosistema forestal natural del país

En la actualidad, la Argentina cuenta con una Ley de Bosques Nativos aprobada por el Congreso hace 13 años y a la que se califica como una herramienta “imprescindible” para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. 

Sin embargo, hasta ahora, su implementación ha sido parcial y a pesar de que existen planes de forestación, las áreas deforestadas superan a las recuperadas y forestadas, según informes de organismos públicos y privados vinculados a esta problemática que también aseguran que en el 2017 (últimos datos disponibles) se perdieron 172.639 hectáreas de bosque nativo, lo que equivale a casi nueve veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la ley, se entiende como bosque nativo a todos los ecosistemas forestales naturales en distinto estado de desarrollo, de origen primario o secundario, que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de tres metros y una ocupación continua mayor a 0,5 ha, incluyendo palmares.

A partir de esta definición y la presentación por parte de las provincias de los llamados Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), el país cuenta con 536.545 km² de bosques nativos, lo que representa el 19,2 % de la superficie continental. Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa correspondientes al Parque Chaqueño.

Pero Entidades como la Fundación Vida Silvestre, por ejemplo, aseguran que existe una desfinanciación sistemática de la Ley: desde su sanción no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece y recibió mucho menos del 10% de lo que le correspondería.

En crisis

La entidad asegura que los fondos asignados a la protección de estos bosques en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del 2021 son escasos y mucho menores a los establecidos por la propia norma.

Si bien se duplican los fondos planteados con respecto al año anterior, representa menos del 5% de lo que corresponde según establece la Ley 26.331.

Es que el Presupuesto Nacional le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos algo más de $1.212 millones mientras que para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos reserva otros $25 millones. 

Si se cumpliera la ley el dinero para cumplir con los objetivos proteccionistas no debería ser inferiores al 0.3% del Presupuesto nacional.

Es decir, $25.184 millones, además de recibir otro 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.

A partir de este crítico escenario, el actual gobierno nacional viene enfocado en aplicar cambios a la norma, mediante el envío al Parlamento de un nuevo proyecto de ley que es impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié.

“Si seguimos con esta tasa de deforestación, en 70 años nos quedaremos sin bosques” sostuvo el funcionario durante un evento realizado por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (Findel), del  cual también participaron Juan José Mussi, intendente de Berazategui; Daniela Vilar, diputada nacional, y Luis Castellano, intendente de Rafaela. 

“Uno de los temas principales para este año es trabajar sobre la mejora de la ley de bosques nativos ya que necesitamos imperiosamente modificarla porque lo que vivimos el año pasado fue muy fuerte”, sostuvo Cabandié, además de  indicar que en el 2020 se transfirieron $811 millones (un 200 % más de lo que se transfirió en los cuatro años anteriores) para bosques nativos a pesar de lo cual se arrasaron 400.000 hectáreas, 300.000 por incendios forestales y 100.000 por deforestación.

En este marco,  consideró que los aspectos a mejorar de la ley de bosques nativos se relacionan precisamente con la distribución de los fondos destinados a las provincias.

También se manifestó a favor de preservar los bosques nativos pero sin olvidar los aspectos productivos que coexisten alrededor de las cuencas forestales a partir de algunos ajustes a la norma para poder seguir creciendo en la protección y el desarrollo con inclusión y sostenibilidad. 

Otra de los cambios que se buscan fomentar se refiere al abordaje de asuntos relativos a los recursos forestales, federalizar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos.

El objetivo es establecer un esquema de transferencias modificando el artículo 36 del Decreto Reglamentario de la ley con el fin de generar un nuevo mecanismo de traspaso directo del FOBOSQUE para que los fondos se destinen a las cuentas de las distintas jurisdicciones.

Se busca, de este modo, darle un carácter más federal a ese fondo y jerarquizar a las autoridades de aplicación de la ley de las provincias para que efectivamente el dinero sea destinados a políticas en la materia, tal como lo establece la norma.

Las modificaciones son respaldadas por estudios sectoriales como el Informe de Deforestación de los Bosques Nativos en Argentina: causas, impactos y alternativas, realizado por la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales. 

El documento sostiene la necesidad de fortalecer las herramientas de desarrollo vinculadas a los bosques nativos, de manera que formen parte de la matriz productiva del país, “de forma responsable y sostenible, generando arraigo y riqueza local”.

Según el trabajo, el 13 % de la población total de la Argentina vive dentro de los llamados Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo (OTBN); otro 61,5 % que posee necesidades básicas insatisfechas se encuentra en los departamentos con bosques nativo; y el 65,6 % de las comunidades indígenas del país residente dentro de los OTBN.

El trabajo también hace referencia a la desforestación, al advertir que las principales causas de este problema son los incendios forestales y la expansión de la frontera agropecuaria, que trae aparejada pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, disminución de la productividad de los suelos, cambios en los ciclos hidrológicos, reducción de recursos disponibles para las comunidades y pérdida de empleo rural como consecuencia de la modificación en la estructura agraria.