Denuncia contra PAE en Santa Cruz: el sindicato pone el foco en los pasivos ambientales y cuestiona el accionar de la petrolera

El conflicto entre el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz (SIPGER) y Pan American Energy (PAE) sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa presentara una denuncia judicial contra el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen. El dirigente rechazó la acusación y afirmó que la medida busca criminalizar el reclamo sindical por el empleo local, aunque sostuvo que la discusión de fondo debería centrarse en el desempeño ambiental de la compañía y el cumplimiento de la normativa vigente.

A través de un comunicado público, Güenchenen aseguró que reclamar por el trabajo santacruceño y exigir el cumplimiento de las leyes provinciales “no es un delito”, al tiempo que cuestionó la incorporación de personal externo para operar en yacimientos de la provincia. “Me dirijo a los trabajadores petroleros, a las familias santacruceñas y a la opinión pública para expresar mi más absoluto rechazo a la denuncia judicial presentada en mi contra”, manifestó Güenchenen.

Según el dirigente, la denuncia intenta desplazar el eje del debate y presentar a la empresa como víctima frente a los reclamos sindicales.

Pasivos ambientales en Santa Cruz: el principal cuestionamiento a Pan American Energy

Más allá del conflicto laboral, Güenchenen dirigió sus críticas hacia la gestión ambiental de PAE en Santa Cruz. El secretario general del SIPGER sostuvo que existen presuntos pasivos ambientales, abandono de áreas operativas y posibles daños derivados de la actividad hidrocarburífera que deberían ser investigados por las autoridades competentes.

En ese sentido, reclamó que se analice el cumplimiento de la legislación provincial y nacional vinculada con la recomposición del daño ambiental, la evaluación de impacto ambiental, el saneamiento de áreas afectadas y la gestión de residuos peligrosos. “Lo que verdaderamente exige una investigación urgente y rigurosa es el comportamiento de PAE en Santa Cruz”, afirmó el dirigente.

Aunque las acusaciones forman parte del planteo realizado por el sindicato y no implican, por sí mismas, una constatación judicial de incumplimientos, vuelven a instalar en el debate público la cuestión de los pasivos ambientales asociados a la actividad petrolera y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre la explotación de hidrocarburos.

Conflicto laboral y reclamos por el cumplimiento de la Ley 3141

En paralelo, Güenchenen sostuvo que la empresa vulnera la Ley Provincial N.º 3141 (Ley 90/10) al incorporar cuadrillas y personal provenientes de otras jurisdicciones para desarrollar tareas en los yacimientos santacruceños. “La introducción de personal y cuadrillas externas para operar en yacimientos de Santa Cruz vulnera de manera flagrante el espíritu y la letra de la Ley Provincial N° 3141”, expresó.

El dirigente también advirtió sobre el impacto que esa situación tendría sobre el empleo local y afirmó que la paz social en la cuenca petrolera atraviesa un momento delicado. “La paz social de la cuenca está en riesgo porque la empresa desconoce la realidad laboral, social y productiva de Santa Cruz”, señaló.

Asimismo, cuestionó el accionar de la Justicia frente al conflicto.”Una Justicia que solo se mueve cuando reclama una empresa poderosa y se vuelve lenta frente al daño que sufren los pueblos deja de ser garantía de derechos y se convierte en parte del problema”, expresó.

Finalmente, Güenchenen aseguró que el sindicato no rechaza las inversiones ni la reactivación de la actividad hidrocarburífera, aunque sostuvo que ese desarrollo debe realizarse respetando el empleo local, las leyes provinciales y la protección ambiental. “No me van a correr. No me van a quebrar. No me van a hacer claudicar”, sostuvo Güenchenen, quien afirmó que seguirá junto a los trabajadores y “de frente a quienes pretendan desconocer los derechos de Santa Cruz”.