El gobierno de Uruguay decidió relocalizar la planta de hidrógeno verde que HIF Global proyectaba instalar frente a la ciudad entrerriana de Colón, luego de los cuestionamientos planteados por autoridades argentinas y comunidades de la zona. Sin embargo, el cambio de ubicación no puso fin a la controversia: desde Entre Ríos advierten que todavía se desconocen aspectos centrales sobre el impacto ambiental y productivo del emprendimiento.
La decisión fue confirmada por el canciller uruguayo Mario Lubetkin, quien aseguró que recibió instrucciones precisas del presidente Yamandú Orsi para modificar el emplazamiento del proyecto. El anuncio se produjo durante una reunión con su par argentino, Pablo Quirno, en Montevideo, donde participa de un encuentro de cancilleres del Mercosur.
Antes del encuentro, Lubetkin había explicado que las autoridades argentinas, funcionarios de Entre Ríos y representantes de Colón habían manifestado sus reparos respecto del lugar elegido y solicitado evitar, entre otros aspectos, “la contaminación visual” que podía generar la infraestructura.
El proyecto contemplaba la construcción de un complejo energético a unos 3 kilómetros de la costa de Colón y a 15 kilómetros de Paysandú. La iniciativa incluía un parque solar, un parque eólico y una planta destinada a producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.
Planta de hidrógeno verde de HIF y el conflicto con Entre Ríos
La ubicación original había generado un fuerte rechazo en Entre Ríos, donde autoridades provinciales y municipales cuestionaron tanto el emplazamiento como la falta de certezas sobre sus eventuales consecuencias para el Río Uruguay.
En marzo, los diputados entrerrianos Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador nacional Adán Bahl, presentaron ante la Justicia argentina una demanda civil de prevención de daños y perjuicios vinculada con el proyecto.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también había expresado públicamente su rechazo a la ubicación elegida y había comparado la situación con el histórico conflicto generado por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Uruguay. “No podemos permitir otra Botnia”, afirmó Frigerio.
Ahora, el Bloque de Concejales Juntos por Uruguay PJ de Colón advirtió que la relocalización no alcanza para cerrar la discusión. Según señalaron, aunque todavía no existe una comunicación oficial sobre el nuevo emplazamiento, se evalúa trasladar el complejo originalmente proyectado frente a Colón hacia otro sector de Paysandú.
“Cambiar la ubicación de la planta no significa eliminar sus posibles impactos. No aceptamos que proteger a una ciudad entrerriana implique trasladar la incertidumbre hacia otra comunidad de la región”, señalaron desde el bloque.
Los concejales recordaron además que desde el primer semestre de 2025 vienen planteando institucionalmente objeciones al proyecto. A través de un Proyecto de Comunicación reclamaron información pública, participación ciudadana y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
La preocupación también fue trasladada al resto de las localidades ubicadas sobre la costa del Río Uruguay. Desde el Concejo Deliberante de Colón impulsaron que otros cuerpos legislativos de la región se pronunciaran sobre el proyecto, bajo la premisa de que sus posibles consecuencias exceden los límites de una ciudad.
Impacto ambiental de la planta de HIF y defensa del Río Uruguay
El principal planteo de las autoridades locales apunta a que cualquier nuevo emplazamiento debe analizarse desde una perspectiva regional y transfronteriza. El Río Uruguay es compartido por ambos países y sostiene actividades vinculadas al abastecimiento y la calidad del agua, los ecosistemas, el turismo, la pesca, las actividades recreativas y deportivas y la producción.
En ese sentido, desde el bloque de concejales reclaman conocer con precisión dónde será instalada finalmente la planta, qué cantidad de agua utilizará, qué emisiones y efluentes producirá, cuáles serán sus riesgos y qué impacto podría generar sobre las actividades económicas y productivas de la región.
“Lo que ocurre sobre una margen del río no termina en esa margen: el río es compartido, y también pueden serlo sus consecuencias”, remarcaron.
Los concejales valoraron, al mismo tiempo, que las acciones políticas, institucionales y judiciales impulsadas desde Entre Ríos hayan contribuido a instalar el proyecto en la agenda binacional y a revisar su ubicación original.
En particular, destacaron la intervención de los legisladores nacionales Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, quienes llevaron el reclamo al ámbito judicial.
Pero la relocalización no representa, para las autoridades entrerrianas, el punto final del conflicto. Por el contrario, consideran que ahora comienza una nueva etapa en la que Uruguay deberá informar las características del nuevo emplazamiento y brindar precisiones sobre los efectos que podría tener el complejo industrial.
Desde el Bloque de Concejales Juntos por Uruguay PJ reafirmaron así la posición que sostienen desde 2025: “primero está la defensa del Río Uruguay, de nuestros recursos y del derecho de nuestras comunidades a decidir sobre aquello que puede condicionar su futuro”.
En esa línea, reclamaron que el Estatuto del Río Uruguay y el Acuerdo de Escazú garanticen información, transparencia y participación antes de que se adopte una decisión definitiva. También pidieron conocer los requerimientos de agua, los procesos industriales, los eventuales efluentes y emisiones, las necesidades de infraestructura, los riesgos asociados y las consecuencias acumulativas sobre el ecosistema y las actividades económicas vinculadas al río.
La planta puede cambiar de lugar, pero para las autoridades entrerrianas la discusión de fondo permanece: qué impacto tendrá el proyecto y quiénes tendrán participación en una decisión que puede afectar a ambos lados del Río Uruguay.