Los peligros geológicos, la protección del agua y la capacidad para tratar los efluentes forman parte de una fuerte disputa por el desarrollo urbano del Cerro Catedral como cuando se frenaron a las obras en Chapelco por denuncias ambientales.
El debate coincide con el inicio de la prórroga de la concesión del centro de esquí de Bariloche logrado por la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA), que ingresó, de ese modo, en una nueva etapa de su contrato tras el vencimiento del plazo anterior, el 31 de octubre pasado.
La sociedad, controlada por los cuatro empresarios de la familia Trappa que también estaban detrás de Vía Bariloche al momento de la compra, tiene ahora la concesión hasta el 31 de octubre de 2056.
A partir de este nuevo contrato de concesión, sus accionistas diseñaron un proyecto de modernización del centro turístico que comprende varias etapas y que debería iniciarse con el cambio de Amancay, la telecabina que conecta la base del Catedral con el sector sur de la montaña y que transporta a esquiadores durante el invierno y también se utiliza para el ascenso de peatones.
El 18 de septiembre pasado, CAPSA propuso un plan para reemplazarla por un sistema con cabinas para 10 pasajeros, construir nuevas playas de estacionamiento y fijar las reglas de construcción en la base.
El planteo fue presentado por Helgamaría Salvatelli, directora de Proyectos de la concesionaria y hasta ahora no tuvo respuesta de parte de la provincia de Río Negro.
De hecho, la tardanza en la autorización forma parte de un reclamo realizado por la concesionaria ante las autoridades provinciales quienes, a su vez, habrían cruzado la iniciativa con una controversia más amplia sobre las construcciones en la montaña iniciada por una denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo de Bariloche.
El organismo pidió una evaluación ambiental integral del Plan Director del Cerro Catedral y la revisión de sus estudios por organismos técnicos independientes.
Cómo es la renovación de Cerro Catedral
El reclamo tiene en cuenta las dimensiones de la concesión que mantuvo CAPSA y que evidencia, por ejemplo, que el Cerro Catedral reúne 1.200 hectáreas esquiables y 32 medios de elevación, según el sitio oficial de Turismo de Bariloche.
La base está a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar y concentra el ingreso a las pistas y parte de los servicios del complejo con Amancay integrando además el circuito de ascenso por la ladera sur, que continúa con la telesilla Diente de Caballo y funciona también fuera de la temporada de esquí.
En su comunicación institucional, CAPSA presentó el recambio de la telecabina y la construcción de estacionamientos como proyectos distintos del pedido de reglas para construir en la base.
Además, el Plan Director establece los usos admitidos y los límites generales de construcción en el área pública concesionada.
Esa propuesta fue puesta en debate durante una audiencia pública convocada por el municipio de Bariloche en mayo pasado y según la resolución municipal que convocó a ese encuentro, cada obra deberá pasar por una evaluación posterior en la cual se analiza el proyecto concreto, con su ubicación y sus características constructivas.
Durante la audiencia, la defensora del Pueblo de Bariloche, Mariana Minuth, cuestionó el acceso a la documentación técnica y pidió que los vecinos, las organizaciones y los colegios profesionales puedan examinar los estudios y presentar observaciones.
En el mismo sentido, Ailin Clavería, ingeniera y asesora ambiental del organismo, expuso reparos sobre los impactos acumulativos del crecimiento previsto y entre sus planteos incluyó las proyecciones del cambio climático, las fuentes alternativas de energía y la capacidad de las plantas de tratamiento de efluentes para acompañar el crecimiento proyectado.
Su pedido apunta a establecer qué efecto pueden tener las obras en conjunto teniendo en cuenta que, por ejemplo, la capacidad de las plantas de tratamiento depende de la demanda que generen todos los nuevos usos que compartan la red de saneamiento en la base.
Qué riesgos geológicos y ambientales señala la ordenanza en Cerro Catedra
En la audiencia también se hizo mención a una serie de condicionantes del suelo, según consta en la Resolución 3467-I-2026 de la Municipalidad de Bariloche que fundamenta la Ordenanza 3615 cuyo texto recupera antecedentes del Servicio Geológico Minero Argentino y menciona deslizamientos, caída de rocas, flujos de agua y sedimentos y erosión en sectores del Catedral.
Entre los antecedentes del tratamiento también figura una presentación de la licenciada Silvia Uber ante el Concejo Municipal en junio de 2025 en la cual se describen problemas de erosión hídrica en sectores medios y bajos del faldeo y se identifican la pérdida de vegetación y la compactación de los suelos entre los efectos del uso intensivo de la montaña.
El estudio geológico citado caracteriza el riesgo a escala regional y advierte que la evaluación de una obra en particular requiere analizar el terreno en el lugar donde se proyecta construir.
Además, la ordenanza ratifica el carácter inalienable de las 1.920 hectáreas públicas del cerro; declara de interés social, ambiental, paisajístico, turístico, recreativo e hídrico su preservación; dispone gestiones para completar la titularidad registral municipal y encomienda requerir la intervención de la Administración de Parques Nacionales en la tutela ambiental.
Cuáles son las restricciones ambientales fijadas para la concesión de CAPSA
Esa documentación del ordenamiento urbano ya distinguía áreas con distintas condiciones ambientales dentro de la concesión de CAPSA como las establecidas en el Anexo B de la ordenanza de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal que fija exigencias para sectores destinados a servicios, residencias turísticas y hotelería.
En un sector previsto para equipamientos complementarios, la norma identifica una alta vulnerabilidad del entorno y pide contemplar la remediación de una cantera y la instalación de sistemas de protección.
En otra zona, destinada a residencias turísticas, exige minimizar los movimientos de suelo y los eventuales desmontes, proteger el recurso hídrico e incorporar criterios de recuperación de aguas residuales e integración con el paisaje.
Qué condiciones defiende el municipio
Por su parte, la administración municipal que lidera el intendente Walter Cortés sostiene que el Plan Director de CAPSA permitirá ordenar un área con déficits de infraestructura y establecer límites para futuras construcciones.
En una comunicación oficial de mayo, el funcionario afirmó que el Informe de Sensibilidad Ambiental de CAPSA redujo del 9% al 4% de la superficie concesionada el área potencial de intervención en la base.
También indicó que la propuesta concentra las intervenciones en sectores mayormente modificados y excluye la expansión hacia bosques nativos. Recordemos que Greenpeace alertó por el riesgo de flexibilizar la Ley de Bosques en plena emergencia forestal.
Según el municipio, la concesionaria del Cerro Catedral deberá afrontar el 100% de las obras de infraestructura de agua, saneamiento y energía que requiera el desarrollo, además de acreditar que las redes y los accesos tienen capacidad para soportar los nuevos usos.
El municipio también entiende que la fabricación de nieve suma necesidades de infraestructura a la operación del cerro y, por ese motivo, convocó a una audiencia pública para revisar el estudio de impacto ambiental de un reservorio destinado a ese sistema que tiene una capacidad de 130.000 metros cúbicos y que, gracias a la fabricación de nieve, le permitió mantener la operación durante un invierno de escasas nevadas.
El acuerdo que prolongó la explotación
La disputa ambiental, que todavia no parece haber llegado a su fin, se concentra sobre una concesión que se originó en una licitación pública de la provincia de Río Negro en 1993.
La adjudicación de ese contrato se firmó un año después, el 14 de abril de 1994 con Ski World, la sociedad que luego pasó a llamarse Catedral Alta Patagonia o CAPSA, por sus siglas.
En febrero de 2004, la provincia renegoció el acuerdo con la empresa y la Legislatura de Bariloche ratificó esa readecuación mediante la Ley 3825.
Luego, se publicó una nueva readecuación contractual aprobada mediante la Ordenanza 2929-CM-18, que agregó 30 años a partir del vencimiento anterior, establecido para el 31 de octubre pasado.
El acuerdo se negoció durante la gestión del entonces intendente Gustavo Gennuso y vinculó la extensión con un programa de modernización que incluía inversiones por u$s22 millones y que contemplaba obras en medios de elevación, pistas y fabricación de nieve.
En una comunicación publicada en septiembre pasado, la empresa sostuvo que invirtió más del doble del monto estimado y que lo hizo en un plazo menor al pactado.
La familia detrás del negocio
En la actualidad, CAPSA es propiedad de Rolando Carlos Trappa; Sebastián Roberto Trappa; Marco Antonio Trappa y Luciano Rolando Trappa, quienes tomaron el control indirecto de CAPSA el 14 de diciembre de 2011, según la operación documentada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Los cuatro empresarios de una misma familia compraron entonces la totalidad de las acciones y los derechos de voto de Heket y Desimsur, las dos sociedades que reunían el 100% del capital de CAPSA.
Se trata de un grupo familiar que, al momento de la operación, también concentraban la totalidad de las acciones y los votos de Vía Bariloche, su empresa de transporte de pasajeros de larga distancia que también se expandió de manera exponencial en los últimos años mediante la compra de empresas competidoras.
Un ejemplo es el de Transportes Automotores Cuyo, que quedó bajo el mando de este grupo empresario que así pasó a controlar también importantes recorridos como Bariloche–La Plata; Neuquén–Buenos Aires y Jujuy–Río Gallegos.
De manera adicional, en este negocio de transporte de pasajeros y de carga, los Trappa son también dueños de otras sociedades como Don Otto; Rutamar; El Rosarino; Vía Tac; Koko y la firma de encomiendas Vía Cargo.
El imperio se extiende además hacia otros centros de esquí y de turismo invernal como La Hoya, en Esquel (Chubuto); Cero Chapelco, en San Martín de los Andes (Neuquén), además de ser dueños de una empresa de aviación comercial mediante vuelos chárter como es Servicios Aéreos Patagónicos (SEPSA), y de una importante cabaña ganadera en la provincia de La Pampa.