La Justicia de Santa Fe dejó sin efecto la orden que obligaba a la empresa Ar Zinc (ex Sulfacid) a iniciar tareas de saneamiento ambiental en su planta de Fray Luis Beltrán. La decisión reabre la incertidumbre sobre el futuro de uno de los pasivos industriales más importantes de la región, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos que podrían filtrarse hacia las napas subterráneas. El conflicto se suma a otros cuestionamientos ambientales que involucran a grandes industrias de la región, como ocurrió con el archivo de la causa contra Acindar por la presunta contaminación del río Paraná, pese a una investigación judicial que se extendió durante casi siete años.
El fallo fue firmado por el camarista Javier Beltramone, integrante de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, quien hizo lugar a la apelación presentada por la compañía y revocó íntegramente la resolución de primera instancia dictada el 25 de septiembre por el juez de San Lorenzo, Eugenio Romanini.
La resolución original establecía un plazo máximo de ocho meses para estabilizar la barranca lindera al río Paraná y contener los depósitos de jarosita. También exigía informes quincenales sobre los avances de las tareas y la instalación de un cerramiento perimetral en el predio de 50 hectáreas, ubicado entre la Ruta Nacional 11 y el río.
Sin embargo, Beltramone consideró que la Justicia Penal no tiene competencia para establecer cronogramas técnicos ni determinar soluciones de ingeniería ambiental. En su resolución sostuvo que la cautelar había impuesto “una estructura de prestaciones de significativa complejidad” que excedía las atribuciones de ese fuero.
El camarista agregó que “la medida terminó por trasladar a una incidencia penal la programación, dirección y supervisión de tareas que demandan aprobaciones administrativas, decisiones de ingeniería y verificación permanente”, sin “una justificación técnica suficiente”.
La decisión también cuestionó la actuación del fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, por no haber identificado con precisión qué delito habría cometido la empresa ni qué directivos podrían ser responsabilizados penalmente. Al respecto, Beltramone sostuvo: “No cabe equiparar sin mayor examen el incumplimiento de deberes ambientales con la comisión de un ilícito penal”.
Los residuos tóxicos de Ar Zinc y el riesgo de contaminación del río Paraná
El predio de Ar Zinc concentra un pasivo ambiental acumulado durante décadas de actividad industrial. Allí funcionó una planta dedicada a la producción de lingotes de zinc electrolítico y ácido sulfúrico, que dejó de operar hace aproximadamente diez años.
Entre los materiales depositados se encuentra la jarosita, un residuo del proceso industrial de producción de zinc que contiene metales pesados. En el predio también se acumulan plomo, cadmio y arsénico, sustancias que representan un riesgo para el ambiente y la salud cuando se dispersan o ingresan al suelo y al agua.
Según los especialistas mencionados en la causa, parte de estos materiales se filtra hacia las napas subterráneas y drena en dirección al río Paraná. A esa situación se suma el estado de la barranca, cuyo posible desmoronamiento podría agravar el problema y facilitar el desplazamiento de los residuos.
Precisamente, el riesgo de derrumbe fue uno de los argumentos centrales del fiscal Nicosia para solicitar una medida cautelar innovativa. El funcionario advirtió sobre la posibilidad de que los depósitos de jarosita quedaran expuestos ante las condiciones climáticas y las variaciones en el nivel del río.
En ese contexto, también mencionó el fenómeno de El Niño y las previsiones de precipitaciones intensas como factores que podían incrementar la inestabilidad de la barranca y el riesgo de filtraciones.
La empresa, patrocinada por el abogado Jorge Resegue, cuestionó la intervención del fuero penal. Entre sus argumentos sostuvo que los plazos establecidos judicialmente modificaban las condiciones de contratos de obra ya firmados, cuyos ingenieros estimaban un período de ejecución de 11 meses.
También planteó que las soluciones técnicas todavía debían ser definidas por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe. Beltramone consideró atendibles esos cuestionamientos y dejó sin efecto las obligaciones impuestas en primera instancia.
Quiénes son los responsables del pasivo ambiental de Ar Zinc
La resolución de segunda instancia aclaró que dejar sin efecto la medida cautelar no significa desconocer la gravedad del problema ni liberar a la empresa de sus obligaciones ambientales.
En ese sentido, el fallo señala que la decisión “no minimiza el peligro ambiental ni dispensa a Ar Zinc del cumplimiento de sus deberes”. También establece que las órdenes y los plazos destinados a detener la contaminación deben ser definidos por el juez civil que interviene en un amparo ambiental iniciado en 2020 por el mismo conflicto.
La resolución remite, además, a las evaluaciones y definiciones que puedan aportar el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos. De esta manera, la discusión sobre las obras de contención y remediación queda vinculada a las actuaciones administrativas y civiles que continúan en curso.
El conflicto también involucra a los grupos empresarios que estuvieron al frente de la compañía. Ar Zinc perteneció a la multinacional Glencore desde 2005 hasta el cierre de la planta en 2016. Cinco años después, en 2021, pasó a manos de Integra Capital, grupo liderado por José Luis Manzano, que concentra inversiones en petróleo, gas, uranio, litio y energía eléctrica, entre ellas la distribuidora Edenor.
Desde el municipio de Fray Luis Beltrán y la querella sostienen que Integra Capital asumió los terrenos y activos de la compañía comprometiéndose también con el pasivo ambiental. Sin embargo, consideran que Glencore mantiene una responsabilidad solidaria en los ámbitos civil y penal por los daños acumulados durante décadas de actividad industrial.