Tras asumir el control de la empresa, el Gobierno avanza en el diseño de una “nueva IMPSA sustentable”

Luego de haber asumido el control accionario de IMPSA, el Gobierno comenzó a darle forma a una serie de estrategias para fortalecer la continuidad productiva de la compañía fundada hace más de 100 años por la familia Pescarmona.

El objetivo que persiguen las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, titular del 63% del capital de IMPSA, es recomponer su capital de trabajo para posicionarla otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos sustentables.

Se trata de un proceso que también tendrá su costado medioambiental ya que las autoridades nacionales lo acomodarán a los requerimientos de la política industrial verde que se comenzó a adoptar, en una economía donde los recursos sean utilizados más eficientemente.

Es decir, incrementar la productividad de la compañía que tiene su sede en Mendoza en el sentido tradicional pero siendo más amigables con el medio ambiente.

La decisión se basa en la “importancia estratégica” que el Gobierno le otorga a IMPSA, empresa de tecnología e infraestructura energética fundada hace 114 años, que emplea de manera directa a 720 personas (un 35% son ingenieros) y genera trabajo a un entramado productivo de más de 100 PyMES mendocinas.

Además, exporta el 85% de su producción y lleva diseñadas y fabricadas más de 200 turbinas que producen energía en 40 países y que tienen el potencial de captar unos u$s2.000 millones por ventas de dólares. IMPSA también produce torres eólicas, puentes grúas, generadores para industria nuclear, entre otros.

El aporte oficial conjunto llega a los u$s20 millones para que la compañía pueda recomponer su capital de trabajo e inicie un proceso que le permita posicionarse otra vez como una referente de vanguardia en desarrollos tecnológicos pero con contenido sustentable.

Para llevar a cabo la transformación de la matriz productiva de IMPSA, el ministerio que comanda Matías Kulfas recurrió a una serie de especialistas en sustentabilidad y expertos en economía verde que permitan aportar propuestas con ese fin.

El paso inicial fue dado a fines de junio pasado cuando el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio de Desarrollo Productivo, realizó el seminario “La academia debate IMPSA. Oportunidades y desafíos para la transición energética con tecnología nacional”.

Se trató de un evento organizado de manera conjunta con el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA; la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM; el Departamento de Economía y Administración de la UNQUI; y el Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de UDESA.

Como primera conclusión, los analistas coincidieron en la importancia de la decisión estratégica del gobierno nacional y el de Mendoza de capitalizar la empresa y fortalecer su continuidad productiva mediante proyectos de economía sustentable.

Entre quienes debatieron el tema se destacaron el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Andrés López; el director de la Maestría en Política y Economía Internacionales, Federico Merke; la directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo, Verónica Robert; la directora del Diploma de Posgrado CATES, Patricia Gutti; y el director de Graduados de la Facultad de Ingeniería, Lucas Viñals.

En el caso de Merke, realizó un análisis desde una perspectiva internacional sobre las principales tendencias en materia energética, y planteó seis puntos como desafíos y oportunidades que hacen al contexto global.

“Estamos en un imperativo climático, que consiste en descarbonizar la economía hacia el 2050, consistentes con las metas de París por lo cual el mundo debe aumentar la producción y el consumo de energías renovables”, agregó el director de la Maestría en Política y Economía Internacionales de Desarrollo Productivo.

Merke detalló que el primer punto es un problema de acción colectiva, de desacople y fragmentación, mientras que el segundo elemento es el conflicto distributivo, sobre todo para los países en desarrollo. El tercer aspecto que identificó tiene que ver con el financiamiento y el cuarto con la mayor demanda de materiales críticos.

“Los inversores están viendo con bueno ojos el potencial para el nuevo ciclo de materias primas”, agregó y completó con el quinto elemento, que es el impacto ambiental de las energías renovables y el sexto al que calificó como el de la justicia climática. “Es clave un gobierno y un sector privado que cumpla con las reglas y explique cuáles son los desafíos que hay por delante”, aseguró.

Por su parte, Andrés López, de la UBA y el Conicet, planteó la necesidad de ir hacia una economía baja en carbono como imperativo para el comercio exterior teniendo en cuenta que la política industrial verde debe apuntar hacia una economía donde los recursos sean utilizados más eficientemente y más baja en carbono. “Esto apunta a elevar la productividad de la economía en el sentido tradicional pero más amigable con el medioambiente”, añadió.

En tanto, Robert ahondó sobre las características particulares de IMPSA como empresa de gran escala, su capacidad productiva a partir principalmente del desarrollo de energías renovables y el reciente proceso de crisis que atravesó. Profundizó también sobre las características del sector de energías eólicas en el mundo y los campos de conocimiento abordados.

“IMPSA ha acumulado competencias a lo largo de su historia en áreas como el transporte, energía nuclear, combustibles, distribución eléctrica, gestión energética y telecomunicaciones”, dijo la directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo, para quien la empresa desarrolló también bases en nuevos conocimientos estratégicos, como data, analytics, inteligencia artificial, machine learning e inteligencia artificial.

“Todo esto sumado a su núcleo productivo que es la producción de maquinaria e ingeniería para la energía eólica hace que sea primordial poner en valor estas capacidades adquiridas para no perderlas y ahí reside la importancia de la capitalización por parte del Estado”, detalló.

A su turno, el director de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo, Lucas Viñals, destacó las “capacidades tecnológicas y comerciales” de IMPSA en donde trabajó durante nueve años, y consideró que cuenta con “la tecnología capaz para desarrollar todo su potencial, siendo que es única en Latinoamérica en su especie, y es estratégica e importante”.

El panel continuó con la exposición de Patricia Gutti, para quien IMPSA actúa en un mercado particular, donde las compras públicas son centrales; genera contribución dinámica a la eficiencia; infraestructura intensiva y favorece la eficiencia del sistema productivo.

“Por eso el Estado no resguarda solamente el desempeño de una empresa individual sino la performance del conjunto de la estructura productiva de la trama”, analizó, y destacó que “para el Estado no da lo mismo tener esta empresa. Es un actor clave”.

Para la directora del Diploma de Posgrado CATES de la Universidad Nacional de Quilmes, la capitalización y reestructuración de IMPSA tiene como propósito garantizar la continuidad de un conjunto de capacidades y de pensar en nuevos lineamientos estratégicos para la empresa.

“Buscar que la empresa, con el control del Estado, tenga su propia lógica de funcionamiento interno; genere las respuestas necesarias a los objetivos políticos y al mismo tiempo pueda responder al desafío y los retos tecnológicos del mercado, tanto local como global”, explicó.

Modelo INVAP

Tras desembolsar algo más de $1.362 millones, el Gobierno nacional se convierte en el mayor accionista de IMPSA, la principal empresa de Mendoza y una de las mayores metalúrgicas de la Argentina.

A partir de ese dinero, el Estado argentino asume el control del 63,7% del capital de la compañía fundada en 1903 por la familia Pescarmona, mientras que otro 21,2% del capital pasará a manos del gobierno provincial a partir de inyectar $454 millones a la compañía.

En este escenario, los planteos y propuestas de estos expertos para transformar la matriz productiva de IMPSA a partir de las políticas medioambientales y de sustentabilidad que encara el gobierno nacional busca posicionar de nuevo a la empresa en los principales mercados del mundo.

Para el Gobierno, el dinero aportado a la ex empresa de la familia Pescarmona es vital para el plan de recomposición de la estructura de capital, que se inició con la reestructuración de la deuda y continuó con la asistencia oficial primero con el sistema ATP y luego con el “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), mediante el cual se cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa hasta diciembre del año pasado.

El objetivo es transformar la identidad de la compañía a partir del modelo INVAP, una sociedad estatal con gerencia profesionalizada que se dedica a desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.

La idea es utilizar el know how de esta sociedad estatal para replicar su modelo en una compañía que desde Desarrollo Productivo ven con un gran potencial para sus mercados específicos como el de la hidroelectricidad.

El aporte de IMPSA se observa en los proyectos que está ejecutando, como contratos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares, los de equipamientos para petróleo y gas.

También está diseñando y fabricando las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipos para YPF, además de la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM. A su vez, competirá para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia.

Pero los planes no se frenan en esta lista de iniciativas y operaciones aportadas por el mangement actual ya que desde el Gobierno entienden que IMPSA puede ser un jugador importante en el futuro de las concesiones de las mayores represas hidroeléctricas que fueron otorgadas a grupos extranjeros en los 80 y que vencen en el 2023.

El planteo oficial es sumar negocios para IMPSA a partir de la actualización de la vida útil de las turbinas, con ampliación en la capacidad de generación que se considera como una caja muy atractiva por los millones de dólares que suponen esas modernizaciones.

Otros funcionarios, con mayores ambiciones, hasta se animan a diagramar la creación de un mega grupo estatal con IMPSA; YPF y IEASA que se haga cargo de las concesiones revirtiendo las privatizaciones diseñadas por el menemismo.