El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, de 12 militantes de Greenpeace que el 26 de febrero se instalaron en las escalinatas del Congreso de la Nación para protestar contra la reforma de la Ley de Glaciares.
Los activistas fueron procesados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. Según la investigación judicial, durante la protesta escalaron las rejas del Palacio Legislativo, que se encontraban cerradas con candado, y luego ingresaron a un sector restringido del Congreso.
Además del procesamiento, el juez ordenó embargos de $2 millones para cada uno de los 12 acusados.
La decisión no está firme. La defensa ya presentó una apelación ante la Cámara y solicitó que los procesamientos sean revocados y que los activistas sean sobreseídos.
Qué dijo Greenpeace sobre la protesta
Greenpeace rechazó el procesamiento y sostuvo que se trató de una protesta pacífica realizada mientras el Senado debatía la modificación de la Ley de Glaciares.
Según la organización, la acción buscó visibilizar su rechazo a una reforma que, a su entender, debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Greenpeace remarcó además que no hubo violencia ni daños materiales y que la propia resolución judicial reconoce que durante la protesta no se afectó el tránsito, a terceros ni el funcionamiento ordinario del Congreso.
“Defender el ambiente no es un crimen, es un derecho”, afirmó Diego Salas, director de Programas de Greenpeace en un comunicado.
El dirigente también cuestionó la rapidez con la que avanzó la causa contra los activistas y la contrastó con el reclamo judicial presentado contra la reforma de la Ley de Glaciares.
“Mientras la Justicia avanza con tanta rapidez en el procesamiento de los 12 activistas por una protesta pacífica que buscó poner en agenda la defensa de los glaciares y el agua, casi 900.000 personas seguimos esperando una respuesta sobre la demanda colectiva”, señaló Salas.
Esa presentación busca que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares sancionada por el Congreso.
La protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares
La manifestación del 26 de febrero se produjo en el marco del debate legislativo sobre los cambios a la normativa que protege los glaciares y el ambiente periglacial.
Según Greenpeace, la protesta formó parte de una movilización ciudadana más amplia. La organización indicó que más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública sobre la reforma cuando el proyecto fue tratado en la Cámara de Diputados.
Luego de la sanción de la reforma, casi 900.000 personas acompañaron el reclamo judicial impulsado por Greenpeace para cuestionar su constitucionalidad.
La organización sostiene que la modificación reduce el nivel de protección ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial, mientras que el Gobierno y los sectores que respaldaron la reforma defienden los cambios.