La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó el cierre definitivo de un basural a cielo abierto en Pueblo Brugo, departamento Paraná, tras documentar irregularidades ambientales reiteradas y el incumplimiento de disposiciones administrativas y judiciales. La medida contra la gestión de residuos en la provincia, que evoca lo ocurrido cuando cerraron el basural de Luján, prohíbe arrojar, acumular y enterrar residuos en el predio
La decisión quedó establecida en la Resolución 593/2026, firmada el 19 de octubre por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman, y publicada en el Boletín Oficial provincial el 21 de octubre. Además del cierre, el organismo inició un sumario administrativo contra la Municipalidad de Pueblo Brugo y advirtió que podría recurrir a la fuerza pública y presentar denuncias penales si se detectan nuevos vuelcos de basura.
El caso expone una serie de incumplimientos que se remontan a 2021, cuando las autoridades provinciales dispusieron la suspensión preventiva de las actividades. Pese a las intimaciones, las sanciones y una sentencia judicial que ordenó cerrar el predio, las inspecciones posteriores constataron que la disposición irregular de residuos continuaba.
Basural de Pueblo Brugo bajo la lupa por contaminación y daños ambientales
Los informes técnicos incorporados al expediente identificaron dos cavas utilizadas para depositar residuos. Una contenía basura y efluentes lácteos, mientras que en la otra se detectaron aguas subterráneas aflorantes, acumulación de líquidos contaminantes y desechos sin clasificar.
La situación resulta especialmente preocupante porque el basural está ubicado junto a sectores de bosque nativo e incluso se superpone parcialmente con áreas clasificadas en la Categoría I (Roja), que comprende zonas de muy alto valor de conservación.
Los técnicos también advirtieron sobre el escurrimiento de líquidos provenientes de los residuos hacia la cuenca hidrográfica del arroyo Antonio Tomás. Esta situación representa un riesgo para el entorno natural y los recursos hídricos, además de evidenciar las consecuencias de mantener un sitio de disposición de basura sin controles ambientales adecuados.
Los antecedentes administrativos muestran que el problema persistió durante varios años. En agosto de 2021 se había dispuesto una suspensión preventiva y, en diciembre de 2022, la Secretaría de Ambiente sancionó al municipio mediante la Resolución 3261/22. La medida incluyó un apercibimiento y un plazo de 20 días para regularizar la situación.
Sin embargo, nuevas inspecciones realizadas en octubre de 2023 y diciembre de 2024 volvieron a detectar irregularidades, incluido el depósito de residuos sobre la vía pública.
La intervención provincial se produjo también en un contexto de reclamos vecinales. Habitantes de la zona habían presentado una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Pueblo Brugo para exigir el cierre del basural y la recuperación del área afectada.
El 19 de marzo de 2025, el Juzgado de Garantías N.º 5 de Paraná hizo lugar a la demanda y ordenó la relocalización definitiva del sitio de disposición de residuos, el cierre del predio y el saneamiento integral del terreno. La sentencia también exigió un estudio de impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana.
En mayo de ese año, el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó la decisión y rechazó las apelaciones municipales. Según los antecedentes citados en la resolución provincial, el tribunal consideró que la actuación del municipio presentaba una ilegitimidad manifiesta y continuada.
¿Qué alternativas presentó el municipio para el traslado del basural?
Mientras el basural seguía funcionando, las autoridades municipales presentaron dos posibles terrenos para trasladar la disposición final de los residuos, ubicados en el paraje La Piragua. Las propuestas fueron presentadas en diciembre de 2024 y febrero de 2025, pero la Secretaría de Ambiente consideró que la documentación resultaba insuficiente.
Entre los requisitos pendientes figuraban los estudios de impacto ambiental, los análisis del suelo y de las napas subterráneas y un plan de remediación para el sitio contaminado. El organismo también exigió acreditar la titularidad del terreno, evaluar sus condiciones hidrogeológicas y demostrar una vida útil mínima de 20 años para la alternativa propuesta.
La falta de una solución técnicamente respaldada dejó al municipio sin una alternativa que cumpliera con las exigencias ambientales. La Provincia también reclamó un plan de saneamiento para las dos cavas y el tramo de calle pública utilizado como vertedero, y descartó que se siguieran enterrando residuos en el predio.
La Resolución 593/2026 establece que cualquier nuevo ingreso o depósito de basura podrá derivar en la intervención de las fuerzas de seguridad para impedir el acceso de vehículos. También prevé una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por un posible delito de desobediencia a la autoridad, contemplado en el artículo 239 del Código Penal, y por eventuales infracciones a las normas penales de protección ambiental.
El sumario administrativo abierto contra la Municipalidad de Pueblo Brugo incluye la presunta operación ilegal y continuada del basural, el incumplimiento de las medidas preventivas y la falta de adecuación a las exigencias técnicas. La reincidencia también forma parte de las imputaciones, debido a la sanción aplicada en 2022 y a la persistencia de las irregularidades documentadas posteriormente.
El municipio dispone de diez días hábiles administrativos desde la notificación para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Si no lo hace, la Secretaría de Ambiente podrá resolver el procedimiento con los antecedentes reunidos.
Por el momento, la resolución no impone una multa económica inmediata. La medida se concentra en detener la disposición de residuos, abrir el procedimiento administrativo y avanzar con las exigencias de cierre y saneamiento de un predio cuya actividad continuó pese a las advertencias y a una sentencia judicial.