Un proyecto de ley que propone incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal comenzó a encender una fuerte polémica en el ámbito político y productivo. La iniciativa, impulsada por la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado y contempla penas de hasta 25 años de prisión cuando un daño ambiental derive en la muerte de personas.
El texto recibió el respaldo de varios legisladores de La Libertad Avanza, del PRO y de fuerzas provinciales. Entre quienes acompañaron el dictamen figura Patricia Bullrich, mientras que Carolina Losada firmó en disidencia junto con Nadia Márquez y Maximiliano Abad.
El proyecto propone crear un nuevo Título XIV del Código Penal denominado “Delitos contra el ambiente”, incorporando la figura del ecocidio como un delito autónomo. Según la definición incluida en la iniciativa, se considera ecocidio al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de protección ambiental.
Las penas previstas van desde tres hasta diez años de prisión para quienes provoquen daños ambientales especialmente graves, extensos y duraderos. Si el daño es irreversible, la condena podría elevarse a entre cinco y quince años de cárcel.
Uno de los aspectos que más debate genera es el agravamiento de las penas cuando existen víctimas fatales. En esos casos, la iniciativa establece condenas de entre cinco y 25 años de prisión, mientras que si fallecen dos o más personas el mínimo de la pena asciende a diez años.
Además, el proyecto incorpora la responsabilidad penal de las empresas, que podrían enfrentar multas millonarias, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales e incluso restricciones para contratar con el Estado.
Otro punto novedoso es que el ecocidio no solo podrá configurarse por una conducta intencional. El texto también contempla situaciones derivadas de “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo”, aunque con sanciones menores.
En los fundamentos, la autora sostiene que el Código Penal argentino presenta un vacío legal frente a los delitos ambientales y afirma que “la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal”.
Asimismo, considera que “la sanción de este proyecto constituirá un paso histórico en la evolución del derecho penal argentino”.
Proyecto de ecocidio: qué cambia en el Código Penal y cuáles son las penas previstas
La iniciativa busca incorporar de manera sistemática los delitos ambientales al Código Penal argentino, tomando como referencia experiencias internacionales de países como Francia, Bélgica, Colombia, Chile y Bolivia, además de propuestas impulsadas en el ámbito de la Unión Europea.
Entre sus principales novedades aparece la incorporación de conceptos como “daño ambiental especialmente grave”, “daño ambiental irreversible” y “afectación multiecosistémica”, que serán determinantes para establecer futuras responsabilidades penales.
También incluye agravantes para funcionarios públicos que participen en este tipo de delitos, quienes podrían recibir penas más severas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con dictamen favorable en comisión, el proyecto deberá ahora reunir los consensos políticos necesarios para ser tratado en el recinto del Senado.
La Sociedad Rural rechazó el proyecto y advirtió que puede frenar inversiones
La iniciativa ya despertó una fuerte reacción de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que cuestionó tanto su contenido como el procedimiento legislativo utilizado para avanzar con el dictamen.
“Es sorprendente este proyecto de ley. Entendemos que esto viene por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que se puso muy nervioso por los incendios y, en vez de legislar en su provincia, impulsa una ley nacional”, afirmó Andrés Costamagna, director de la entidad.
El dirigente sostuvo además que detrás del proyecto existe una estrategia política. “Es una devolución de favores entre gobernadores y jefes de bloque para que le voten leyes”, expresó.
Costamagna fue especialmente crítico con la redacción de la iniciativa. “Lo que está escrito es un desastre desde el punto de vista de lo que persigue la ley en sí y la falta de conocimiento del que redactó la ley respecto a conceptos básicos. Desde lo técnico es un error, desde lo legal es un error y desde todo punto de vista es un error. Se contradice con lo que el Presidente dice. Toma de base Naciones Unidas y el cambio climático. Nace de una persona del PRO [la senadora autora era de JxC] pero parece redactado por alguien de izquierda, no entendemos nada”.
Según explicó, la principal preocupación radica en la amplitud de los conceptos utilizados para definir el daño ambiental. “No discrimina absolutamente nada y deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental. Según este proyecto, todo puede ser daño ambiental”.
El representante de la SRA también alertó sobre las consecuencias económicas que podría generar la norma. “Meter presos a quienes causan daño ambiental suma votos, pero después también hace que los inversores no vengan nunca más”.
Asimismo, cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para emitir el dictamen. “No llamaron a consulta pública, hicieron dictamen cerrado y lo mandan a tratamiento sin cumplir el procedimiento legislativo normal”.
Y agregó: “Llama mucho la atención que haya sido impulsado por gente de La Libertad Avanza y del PRO y, sobre todo, que tenga la firma de Patricia Bullrich sin dialogar con los sectores productivos. Usaron el Mundial de fútbol para distraernos y mandar esto, algo que en la Argentina se hizo durante mucho tiempo”.
Finalmente, anticipó que la entidad intentará impedir que el proyecto avance en el Congreso. “La SRA va a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley no se trate. Entendemos que sería un error para la Argentina que exista este tipo de leyes donde se criminalizan las actividades productivas esgrimiendo al ambiente como paraguas para penalizar situaciones indefinidas. Esto daña a la Argentina, a la inversión futura y al sector productivo”, concluyó.