Atanor abandona su planta de San Nicolás pero el daño ambiental sigue abierto
La empresa inició el retiro de equipos de la fábrica donde producía agroquímicos. Vecinos reclaman la remediación del pasivo ambiental y el avance de las causas judiciales.
Tras más de dos décadas de denuncias vecinales, movilizaciones y procesos judiciales, Atanor comenzó a desmantelar su planta industrial de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.
El retiro de la empresa marca un punto de inflexión en uno de los conflictos ambientales más emblemáticos de la región, aunque los vecinos advierten que el cierre de la fábrica no implica la reparación de los daños acumulados durante años.
La planta, perteneciente al grupo multinacional Albaugh LLC, producía agroquímicos como glifosato, atrazina y 2,4-D en un predio ubicado dentro del radio urbano. Habitantes de los barrios Los Fresnos y Barrio Química denunciaron durante años olores intensos, emisiones, vuelcos de efluentes, enterramiento de residuos peligrosos y problemas de salud que atribuían a la actividad industrial.
El desmantelamiento comenzó a evidenciarse a principios de junio, cuando camiones cargados con tambores y equipos empezaron a salir del establecimiento, confirmando para los vecinos que la producción no volverá a realizarse en ese lugar.
La explosión que cambió el rumbo
El cierre definitivo de la planta se aceleró tras la explosión registrada durante la madrugada del 20 de marzo de 2024 en un reactor utilizado para la producción de atrazina.
Luego del incidente, vecinos denunciaron irritación en los ojos y la garganta, fuertes olores y la caída de partículas blancas sobre viviendas y calles cercanas. A raíz del episodio, la Justicia dispuso la clausura preventiva total de la planta, que nunca volvió a operar.
Posteriormente, la compañía inició el proceso de relocalización de sus operaciones hacia otras instalaciones ubicadas en Pilar, provincia de Buenos Aires, y Río Tercero, Córdoba.
Sin embargo, el conflicto ambiental se remonta mucho más atrás. Vecinos aseguran que los episodios de contaminación comenzaron en la década de 1990 y que durante años convivieron con emisiones y olores persistentes.
Como parte de esa lucha elaboraron el denominado “Mapa de la muerte”, un relevamiento comunitario que registró más de 200 fallecimientos por cáncer en las inmediaciones de la planta. Se trata de un registro elaborado por vecinos que refleja la preocupación sanitaria existente.
Más de 15 años de causas judiciales
Las primeras denuncias formales cobraron fuerza en 2009, cuando trabajadores de la empresa alertaron sobre el presunto enterramiento de residuos peligrosos y el vertido clandestino de efluentes hacia las barrancas del río Paraná.
A partir de esas presentaciones se iniciaron actuaciones en los fueros provincial y federal.
En el marco de un amparo ambiental, la Justicia bonaerense tuvo por acreditados daños sobre el suelo e irregularidades vinculadas con el tratamiento y control de los efluentes, además de ordenar evaluaciones de riesgo, monitoreos periódicos y controles sobre las sustancias utilizadas por la empresa.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás también fijó una indemnización sustitutiva de 150 millones de pesos por considerar irreversible parte del daño ambiental ocasionado.
En paralelo, durante 2026 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó tomar declaración indagatoria a seis representantes de Atanor y a ocho funcionarios de organismos provinciales de control por su presunta responsabilidad en la contaminación del río Paraná.
La investigación analiza posibles infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos, delitos contra la salud pública e incumplimientos de los deberes de funcionario público. Además, continúan abiertas otras causas vinculadas con la explosión de 2024 y con aspectos administrativos relacionados con la planta.
El desafío pendiente, la remediación ambiental
Aunque la empresa comenzó a retirar sus instalaciones, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el verdadero desafío comienza ahora.
La etapa siguiente será determinar la magnitud del pasivo ambiental que permanece en el predio mediante estudios sobre el estado del suelo, las aguas subterráneas, los sedimentos y las instalaciones industriales.
El cierre de una planta no implica automáticamente la recomposición ambiental. La remediación requiere estudios técnicos independientes, monitoreos, acceso público a la información, controles estatales y un plan de saneamiento con plazos y responsabilidades definidas.
Desde el Foro Medio Ambiental de San Nicolás señalaron además que durante las tareas de desmantelamiento se habrían registrado nuevos episodios de contaminación y reclamaron una fiscalización más estricta por parte del Ministerio de Ambiente bonaerense y de la Autoridad del Agua.
Por su parte, el Gobierno bonaerense informó tras la explosión que intervino en el caso y mantuvo reuniones con vecinos, aunque continúan los reclamos para acceder a los estudios ambientales y conocer el plan integral de saneamiento.
