Parque acuático en Rosario: “No hay hasta el momento una licencia ambiental otorgada”

La construcción de un parque acuático en el sector de La Florida, como parte del proyecto de renovación integral de la costanera norte de Rosario, quedó nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, la discusión escaló tras las declaraciones de la procuradora de primera instancia del Ministerio Público, María Laura Martínez, quien advirtió que en el expediente judicial aún no consta una licencia ambiental otorgada para la obra.

El proyecto impulsado por la Municipalidad enfrenta actualmente cuatro causas judiciales promovidas por dirigentes políticos y organizaciones vinculadas a la defensa del río y del ambiente. Los demandantes buscan frenar la iniciativa y cuestionan tanto el procedimiento licitatorio como los estudios técnicos que respaldan la intervención.

Durante una entrevista con Radio 2, Martínez aclaró que su participación en el proceso responde exclusivamente a un control de legalidad. “De lo que se trata esta intervención es de un control de legalidad”, sostuvo la funcionaria, quien remarcó que el rol del Ministerio Público es velar por el cumplimiento de las normas y la protección de los intereses generales.

Parque acuático en La Florida: la falta de licencia ambiental genera cuestionamientos

Uno de los puntos más sensibles del expediente es el impacto ambiental que podría generar la obra sobre la ribera del río Paraná. En ese contexto, Martínez fue categórica al referirse a la documentación presentada por el municipio.

“Yo lo que te puedo decir es, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol tiene que ver con la legalidad y hasta donde yo veo, hasta donde yo pude ver, no hay hasta el momento una licencia ambiental otorgada”, afirmó.

La declaración alimentó las críticas de los sectores que rechazan el proyecto y que reclaman mayores garantías ambientales antes de avanzar con cualquier intervención. Además, la procuradora recordó la importancia de respetar los principios establecidos en acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información pública y la participación ciudadana en cuestiones ambientales.

En esa línea, también cuestionó una limitación de la normativa provincial. “Nuestra ley provincial no prevé la participación ciudadana. Cuando sí lo hace la ley nacional. Por lo tanto, nuestra ley provincial debería hacerlo y si no, nosotros deberíamos pedirlo”, señaló.

Costanera norte de Rosario: la defensa de la Municipalidad y el avance judicial

Mientras la Justicia analiza cerca de 700 páginas de documentación, desde la oposición insisten en que existen interrogantes sobre los estudios urbanísticos, hidráulicos y ambientales que respaldan la iniciativa. Los amparos presentados buscan que se declare la nulidad del decreto que habilitó el proceso licitatorio para una obra cuyo presupuesto supera los 13.700 millones de pesos.

Por su parte, la Municipalidad sostiene que la intervención responde a una necesidad urgente vinculada al deterioro del conducto Piaggio, una infraestructura clave ubicada en el área donde se proyectan los trabajos. Según la administración local, la reparación de esa tubería resulta indispensable para evitar daños ambientales mayores y recuperar condiciones sanitarias adecuadas en el sector.

El conflicto, sin embargo, trasciende la cuestión técnica. La falta de una licencia ambiental otorgada y el reclamo por mayores instancias de participación ciudadana mantienen abierto un debate que promete seguir sumando capítulos tanto en los tribunales como en la esfera política.