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En el Congreso

Organizaciones alertan que la Ley de Soberanía podría afectar derechos ambientales

FARN, el CELS y otras 16 entidades cuestionaron la iniciativa del Gobierno por las facultades que otorga al Consejo de Seguridad Nacional para identificar y proteger infraestructuras críticas.

El presidente Javier Milei con uniforme camuflado de la Armada saluda a una autoridad de la Prefectura Naval Argentina frente a un avión oficial, en un acto vinculado a la defensa y la soberanía nacional.

Un conjunto de 18 organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos alertó sobre los riesgos que podría implicar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno de Javier Milei a través de un comunicado.

Aunque la iniciativa fue presentada bajo el argumento de reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, las entidades cuestionan que sus alcances exceden esa cuestión y podrían ampliar las facultades del Poder Ejecutivo sobre la seguridad de infraestructuras estratégicas y la actuación de las Fuerzas Armadas.

Fachada del Congreso de la Nación
Organizaciones alertan que la Ley de Soberanía podría afectar derechos ambientales. Crédito: Archivo

El comunicado difundido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras 16 organizaciones, señala que de los ocho capítulos del proyecto original, solo uno está dedicado al reclamo de soberanía. Los restantes incorporan modificaciones a las leyes de Defensa Nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia, además de crear un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al régimen de protección de las denominadas infraestructuras “críticas”. El proyecto las define como estructuras físicas, redes o sistemas, públicos o privados, indispensables para el funcionamiento de servicios esenciales, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el Estado.

Según las organizaciones, la amplitud de esa definición podría incluir instalaciones vinculadas con la expansión de Vaca Muerta, donde gremios denunciaron el colapso sanitario en Neuquén y Río Negro, como oleoductos, gasoductos, terminales portuarias y buques de licuefacción de gas natural, además de emprendimientos de megaminería en la Cordillera de los Andes y centros de datos para inteligencia artificial en la Patagonia.

“La amplitud de esta definición convierte a las infraestructuras críticas en un eje central del análisis de la iniciativa”, advierten las entidades. También plantean interrogantes sobre qué instalaciones quedarían comprendidas, quién tendría la facultad de identificarlas y qué consecuencias tendría esa clasificación para el ejercicio de los derechos y el control democrático.

Qué es el Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado, que tendrá entre sus funciones elaborar la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar aquellas consideradas de interés nacional y coordinar su protección. También podrá definir las medidas necesarias para garantizarla y ordenar la actuación de organismos nacionales.

La iniciativa contempla, además, la protección coordinada de infraestructuras binacionales o plurinacionales. Esto podría alcanzar, según la interpretación de las organizaciones, proyectos mineros compartidos entre Argentina y Chile, como Vicuña, o la integración energética para exportar gas de Vaca Muerta a través de infraestructura chilena.

Un cuerpo de agua tranquila y grisácea ocupa el margen inferior, con pequeños trozos de hielo flotando dispersos en la superficie
Advierten que podrían quedar alcanzados proyectos extractivos, protestas socioambientales y organizaciones que reciben financiamiento del exterior.. Crédito: Argentina. gob.ar

Otro punto cuestionado es la posibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas para proteger las infraestructuras identificadas por el Consejo. El texto del proyecto establece que deberán estar preparadas para cumplir esa función cuando corresponda.

Para las entidades firmantes, la falta de precisiones sobre qué se considera una afectación o destrucción de esas instalaciones y cuáles serían las medidas de protección habilitadas abre la puerta a decisiones discrecionales. “La falta de claridad del proyecto de ley en cuestión deja la puerta abierta a la discrecionalidad/arbitrariedad del poder de turno”, sostienen.

En ese sentido, advierten que movilizaciones, acciones judiciales, sentencias y campañas de comunicación podrían quedar bajo sospecha si se las interpreta como amenazas a la infraestructura crítica. También señalan que la iniciativa podría profundizar el camino iniciado por el Decreto 1107/2024, que habilitó al Presidente a identificar instalaciones como Objetivos de Valor Estratégico para su custodia por fuerzas militares y policiales, y por la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva mediante la Resolución 893/24 del Ministerio de Seguridad.

Qué cuestionan las organizaciones ambientalistas

Las organizaciones también alertan sobre las consecuencias que el proyecto podría tener para las comunidades y personas que se oponen a grandes emprendimientos extractivos. Recuerdan que las protestas pacíficas suelen ser protagonizadas por comunidades locales, indígenas, campesinas y urbanas, cuyos derechos están protegidos por el Acuerdo de Escazú, aprobado en Argentina mediante la Ley 27.566.

En particular, el artículo 9 de ese tratado establece la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras del ambiente puedan ejercer sus derechos sin amenazas, restricciones ni intimidaciones.

Otro aspecto que genera preocupación es el tratamiento del financiamiento internacional como una posible amenaza a la seguridad nacional. Las entidades advierten que esa clasificación podría derivar en consecuencias administrativas y penales para organizaciones ambientales y comunitarias que reciben fondos del exterior.

«Se privilegia la protección de la infraestructura estratégica por encima de los derechos humanos y de garantizar un entorno seguro para la protección del ambiente», cuestionan en el comunicado.

El pronunciamiento también vincula la iniciativa con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios y estabilidad regulatoria a determinados proyectos de inversión. Para las organizaciones, el nuevo esquema de seguridad podría funcionar como un blindaje para emprendimientos extractivos cuestionados por sus impactos ambientales, climáticos y ecosistémicos.

«Lo que está en juego es mucho más importante que la infraestructura crítica. Se trata de los derechos fundamentales. Y no hay mejor defensa de la soberanía que honrar esos derechos», concluye el documento.

El proyecto quedó sin tratamiento en Diputados

La iniciativa del Poder Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados en septiembre y obtuvo dictamen de mayoría el 27 de octubre, con 60 firmas en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

El dictamen quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, pero la sesión especial convocada para este miércoles 18 de noviembre se cayó por falta de quórum. El oficialismo reunió 126 diputados, tres menos de los 129 necesarios para iniciar el debate, por lo que el proyecto quedó pendiente de tratamiento.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento se encuentran FARN, el CELS, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Observatorio Petrolero Sur, la Fundación Servicio Paz y Justicia, el Círculo de Políticas Ambientales, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM La Plata), Fundeps, Surfrider Foundation Argentina y la Multisectorial Golfo San Matías, entre otras.

Fecha de publicación: 18/11, 5:11 pm