Necesitan reactivar la economía, y por eso quieren “relajar” la burocracia ambiental: ¿qué piden las empresas?

A partir de los nefastos efectos que la pandemia del Covid-19 ha generado sobre la mayoría de las actividades productivas del país, varios sectores económicos vienen reclamando al Gobierno medidas “de excepción” que les permitan paliar los problemas derivados de la lucha contra el coronavirus.

En especial, sectores tradicionales como los de infraestructura; minería y agricultura, entre otros, que le ponen presión a las autoridades para que “relajen” ciertas normas ambientales o que dejen de lado por un tiempo ciertos estudios de impacto ambiental que se consideran trabas burocráticas a la hora de “reactivar la economía de forma más rápida”. 

Así lo asegura un reciente informe de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), sobre el rol de los recursos naturales ante la pandemia por el Covid-19 en Argentina y el resto de la región.

“Lo barato sale caro”, advierte el organismo que depende de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), que además reclama un cambio de conducta para evitar que se siga “aumentando el desequilibrio de los ecosistemas”, porque, de lo contrario, “las consecuencias pueden ser mucho mayores en costos y bienestar social”.

De hecho, anticipa que el año próximo habrá un mayor recorte presupuestario en los países de la región como la Argentina debido a la crisis económica derivada de las medidas sanitarias para combatir la pandemia.

Ocurre que algunos gobiernos restringirán las asignaciones presupuestarias mientras que otros ya la contrajeron las actividades o personal contratado por el sector público en el sector medioambiental como los casos de México; Ecuador o Uruguay, donde la nueva institucionalidad ambiental surgida de estrategias para reducir el tamaño del Estado en plena crisis sanitaria ha impactado en el número de trabajadores y en los  presupuestos. 

Por eso y a modo de mecanismo para garantizar el funcionamiento de las actividades ligadas a las industrias extractivas de recursos naturales no renovables, la Cepal reclama “evitar alivios fiscales innecesarios, la desregulación ambiental y social”. 

Por el contrario, el organismo propone reforzar las medidas de fiscalización orientadas principalmente a la prevención de actividades ilegales; promover el desarrollo de nuevas tecnologías que incrementen la eficiencia de los procesos, su resiliencia tras emergencias y su sostenibilidad.

Visiones enfrentadas

“Un elemento fundamental, vinculado a todas las recomendaciones previas, es aunar esfuerzos para preservar la diversidad e integridad de los ecosistemas, respetando sus fronteras naturales y evitando la fragmentación, degradación y destrucción de hábitats”, detalla el documento de la Cepal al que tuvo acceso EconoSus.

Según la visión de los técnicos del ente de la ONU, se trata de una “tarea clave” para proteger la salud humana, ya que regula la dispersión y disminuye el riesgo de contagio de las enfermedades zoonóticas.

También agrega que la educación y conciencia son factores clave para asegurar un cambio de paradigma con respeto a la valorización de los recursos naturales. “La pandemia ha hecho una división entre bienes y servicios esenciales y no-esenciales, y un resultado evidente ha sido que la valoración de una actividad pre-Covid no corresponde a su valor durante la pandemia o post-Covid”.

Como ejemplo, señala que los trabajadores con menores ingresos están entre los más esenciales, y advierte que lo esencial (alimentación, salud, agua limpia) muchas veces depende de un uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.

En el caso de los efectos de la pandemia sobre la biodiversidad, la Cepal señala que son diversos y enumera problemas como los que vienen sufriendo el turismo a partir de la explotación ilícita, relajación de normas ambientales y posible disminución del presupuesto fiscal.

“El patrimonio natural es muy importante para el turismo, que ha disminuido severamente debido a medidas de confinamiento, prevención y cierre de fronteras”, sostiene el trabajo en el cual se advierte que la contribución al PBI, empleabilidad y en algunos casos a la mantención de los parques naturales, “se ha visto mermada por los efectos que el Covid-19 está provocando en el turismo de la región”.

En este sentido, los países más afectados por dicho escenario son los mismos que figuran en el ranking del buscador Tripadvisor de las cinco mejores actividades de interés turístico, que tienen tres o más atractivos asociados a “parques y naturaleza”, entre los cuales se encuentra la Argentina.

Uno de esos efectos negativos en la salud de los ecosistemas es el incremento en la explotación ilícita de recursos naturales (extracción de madera, especies comerciales exóticas, minería, pesca) por grupos ilegales y mafias regionales que aprovechan la restricción de labores de fiscalización, tutela y defensoría de los territorios por las medidas de cuarentena. 

Además, en contexto de mayor pobreza, las estrategias de subsistencia de comunidades locales que dependen de manera directa de los recursos de su entorno para su supervivencia seguramente aumentarán el consumo de leña, alimento, insumos de medicina tradicional y productos para el autoempleo.

“Otra merma de ingresos del Estado en el sector medio ambiente se debe a la disminución de las visitas a las áreas naturales por lo cual un recorte presupuestal crearía dificultades no solo para mantener su personal, sino en su capacidad de ser un polo de desarrollo sostenible como lo ha sido a la fecha”, sostiene la Cepal.

El informe además plantea algunas recomendaciones para los gobiernos de la región, incluyendo al de Argentina:

1. La transición hacia una economía sostenible brindará beneficios significativos que superan los costos de inversión. Los incentivos económicos y financieros deben incluir valoraciones de la naturaleza como un activo rentable y considerar las externalidades negativas de la extracción de recursos naturales. 
2. La protección y uso sostenible de los recursos naturales puede generar empleos y crecimiento económico a través de turismo, agricultura, acuicultura entre otros servicios ecosistémicos y pueden generar rentas hasta cinco veces más altas que su costo en términos anuales.
3. Se recomienda no relajar los esfuerzos de protección de la naturaleza por los desequilibrios económicos post-pandemia puesto que hay un riesgo muy alto de perder el beneficio de los servicios ecosistémicos, incluso de forma permanente.
4. La crisis debe ser un momento de inflexión de aprendizaje de la interconexión entre ecosistemas, humanos y distintas regiones del planeta. Parte de esta crisis (la del desequilibrio ambiental y la desigualdad en la salud y bienestar social) es pre-COVID y solo abordando las causas directas y subyacentes podemos reconstruir un futuro más seguro
5. La inversión en prevención es menos costosa que en el tratamiento y cura de enfermedades.
6. Se necesita implementar interfaces entre ciencia, evidencia y toma de decisiones para la planificación e implementación de soluciones. 
7. Será especialmente relevante determinar seguimiento al impacto ambiental en el corto y mediano plazo.

Recursos naturales no renovables

De acuerdo a la Cepal, las actividades extractivas y de producción de minerales y combustibles fósiles han sido consideradas en muchos de los países de la región como exentas de las medidas de restricción por la pandemia, al tratarse de eslabones iniciales de las cadenas de suministro y de valor. 

Por ejemplo, en Argentina son actividades claves para la economía por lo cual el Gobierno no ha paralizado las operaciones de forma completa, pese a tener capacidades reducidas, además de estar bajo medidas de prevención y protocolos de salud. 

Sin embargo, todos los nuevos proyectos se han visto afectados por suspensiones o directamente porque las empresas los levantaron de manera definitiva.

Además, muchas de las medidas a nivel global (como el cierre de fronteras y las cuarentenas obligadas), causaron profundos efectos en las economías que en el país se han traducido en la desaceleración de la actividad extractiva, al provocar restricciones de la oferta por cierres e interrupciones de las cadenas de suministro.

También la demanda, por fuertes caídas en los gastos en turismo, recreación, comercio minorista y transporte, que genera pérdidas masivas de ingresos. 

“Estos efectos sobre la oferta y demanda, tanto agregada como sectorial, conllevan a una disminución de los precios internacionales de los productos básicos, lo que es particularmente relevante para las economías de la región”, detalla la Cepal.

Respecto a los precios, el informe agrega que hasta junio pasado se observó un aumento del precio del oro mientras que los valores de la mayor parte de los minerales están tendiendo a disminuir respecto al 2019. 

En relación con los combustibles fósiles, el organismo de la ONU califica como “notable” a la caída del precio del petróleo, que genera a su vez, una disminución en el precio de los combustibles. 

En este contexto de precios a la baja, junto con una menor demanda externa y una desaceleración de la producción, caerán los ingresos fiscales y la disponibilidad de divisas de los países cuyas economías son dependientes de la explotación de estos recursos, como es el caso de la Argentina.

“Por lo tanto, se reducirán las capacidades de los gobiernos en el corto plazo de responder a la pandemia y ayudar a la recuperación económica”, enfatiza el trabajo de la Cepal.

Solamente los países que cuentan con fondos de ahorro y estabilización acumulados, con ingresos provenientes directa o indirectamente de los recursos naturales no renovables (extractivos), estarán en mejor posición para acompañar al sector durante la crisis y financiar parte de los gastos que demanda la emergencia sanitaria y social, así como la recuperación económica posterior.

En este sentido, la Cepal explica que “en lo que respecta a la oferta y demanda de petróleo y sus derivados, las medidas de contención de la pandemia también han tenido efectos sobre la producción y el consumo de combustibles fósiles. Tanto la demanda como la oferta han decrecido a un ritmo superior y sin precedentes, por una guerra de precios que ha ocasionado un excedente de la producción y un mayor empuje de los precios a la baja, antes de que llegaran a un acuerdo los principales productores mundiales de petróleo”.

Además, para el organismo la incertidumbre es aún considerable y se proyecta que el corte de la producción necesaria para reducir la brecha en los próximos meses podría duplicarse dependiendo de las capacidades de almacenamiento y de la recuperación de la demanda, si no ocurre una segunda ola de la pandemia.

De ocurrir, el escenario tendrá fuertes implicancias para los países productores de petróleo de la región, teniendo en cuenta que sus explotaciones están basadas en un precio del barril superior al actual y a aquel que se proyecta para los próximos meses. 

También la rentabilidad de las empresas estará afectada en el corto plazo provocando una retracción de la inversión y el empleo. “La búsqueda de eficiencia y reducción de costos a través de mejoras tecnológicas y de los procesos está limitada por el esfuerzo que han realizado las empresas en los últimos años”, advierte la Cepal.

Minería y crisis

En el caso de los minerales, las medidas de contención también han tenido efectos sobre la oferta y demanda que se contrajo, aunque no en la magnitud y el ritmo que ha sucedido para los combustibles fósiles. 

“La región, que agrupa varias economías que dependen de la producción y comercio de minerales metálicos, como cobre, plata, oro y, en menor medida, estaño, hierro y zinc, también está condicionada a la reactivación de China, su principal socio en el comercio de estos recursos”, agrega la Cepal.

Las empresas también han comenzado a reducir inversiones (principalmente, en desarrollo, equipamiento y exploración) y empleo (con distinta gravedad según el país y el tamaño de empresa). A esto se suma el auge de lo que la Cepal llama minería informal e ilegal que podría incrementarse y producir múltiples impactos negativos.

Para este sector, las recomendaciones de la Cepal son: 

1. Es necesario el apoyo de los gobiernos, principalmente para reimpulsar y orientar la inversión, y con ello minimizar el impacto sobre el empleo formal.
2. Garantizar el funcionamiento de las actividades extractivas, sin comprometer la salud de los trabajadores y comunidades.
3. Evitar alivios fiscales innecesarios y la desregulación ambiental, laboral y tributaria.
4. Fortalecer los procesos de fiscalización de las regulaciones ambientales y las relativas a los compromisos sociales.
5. Controlar y limitar la actividad informal e ilegal de la minería.
6. Iniciar un proceso de evaluación de la gobernanza de los recursos extractivos para mejorar o desarrollar instituciones y capacidades para una mejor gestión de la volatilidad de los precios de estos recursos como commodities.