La minería de alta montaña en la región de Cuyo vuelve a quedar en el centro de la escena, no solo por sus multimillonarias promesas de inversión, sino por los ruidos ambientales que cruzan la cordillera. Lundin Mining, la compañía canadiense que opera en Argentina, enfrenta una nueva y severa denuncia judicial en Chile por presunta contaminación ambiental y afectación a la salud humana.
Un grupo de vecinos de la comuna de Tierra Amarilla (región de Atacama) interpuso una demanda de reparación de daño ambiental ante el Primer Tribunal Ambiental. La acción apunta directamente contra las operaciones de Lundin en ese país, acusándola de acopiar “basura mineral” en tres megabotaderos instalados a escasos metros de villas, escuelas y jardines infantiles.
Según los estudios técnicos y geológicos citados en el escrito judicial, el polvo en suspensión que emana de estas faenas contiene altas concentraciones de cobre procesado, arsénico y mercurio, cuyas emisiones superan ampliamente los rangos internacionales permitidos para la salud pública.
Del socavón gigante a los metales pesados: el historial que pesa
No es el primer dolor de cabeza que Lundin genera en la Comuna de Tierra Amarilla. La compañía ya arrastra litigios por la contaminación de acuíferos subterráneos, un escándalo que estalló tras el impactante descubrimiento de un socavón gigante en las inmediaciones de su mina Alcaparrosa.
En esta nueva presentación judicial —patrocinada por la abogada Sandra Dagnino Urrutia en representación de los vecinos Adriana Rojas Barraza, Yasna Flores Flores y otros residentes—, el foco está puesto en los proyectos “Candelaria 2030 continuidad operacional” y el “Mejoramiento Ambiental de Seis Tranques de Relave”.
De acuerdo con el documento al que accedió iProfesional, los demandantes aseguran que el volumen actual de residuos es infinitamente superior al contemplado en las Resoluciones de Calificación Ambiental originales, las cuales “datan de varios años atrás”.
“Los materiales presentes en estos botaderos tienen graves y en casos irremediables efectos de corto y largo plazo en la salud de la población“, cita el texto judicial, reproduciendo un informe oficial que la propia Seremi de Salud de Atacama remitió a la Corte Suprema chilena.
Cuestionamientos al Estado y muestras de laboratorio que encienden alarmas
La demanda no solo va contra la corporación canadiense; también arremete contra el Fisco de Chile por presuntas omisiones en su rol de fiscalización. Los vecinos apuntan que el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) “desconoce por análisis propio” el contenido químico real de los cerros de descarte y que el organismo regulador simplemente hace fe de la información que declaran las propias mineras.
Para romper esa inercia, los denunciantes sumaron un peritaje clave de la consultora GEO-AV (especializada en geoquímica). Las muestras de material particulado fino tomadas en cuatro puntos urbanos críticos —como las cercanías del colegio Luis Uribe y la Villa Emergencia Nantoco— arrojaron niveles alarmantes de metales pesados.
Qué piden los vecinos a la Justicia y qué sigue en el caso
Los demandantes presentaron tres exigencias concretas al Tribunal Ambiental:
- Declarar el daño ambiental y que el Tribunal dictamine formalmente la culpabilidad dolosa o culposa de la empresa y del Estado
- Ejecutar un plan técnicamente viable para mitigar la afectación de los componentes ambientales de la comuna
- Frenar la volatilidad del polvillo mediante planes especiales durante días de viento, tronaduras y movimiento mecánico de residuos