Mientras el Senado de la Nación se prepara para debatir el proyecto que busca derogar la Ley de Tierras Rurales, vuelve a tomar protagonismo una de las provincias con mayor presencia de capitales extranjeros sobre su territorio: Misiones.
Según el quinto informe del Observatorio de Tierras, el 11,3% de la superficie misionera —más de 325.750 hectáreas— pertenece a propietarios extranjeros, el porcentaje más alto del país. Dentro de ese escenario, una empresa concentra buena parte de esas tierras: la forestal Arauco.
De origen chileno y controlada por el grupo Angelini, la compañía es el mayor propietario privado de tierras en Misiones. Posee alrededor de 232.000 hectáreas en la provincia destinadas principalmente a plantaciones de pino y eucalipto, además de áreas de conservación y reservas naturales.
La empresa alcanzó esa posición en 1996, cuando adquirió Alto Paraná S.A., una de las mayores compañías forestales del país. Desde entonces se consolidó como uno de los principales actores de la industria forestoindustrial argentina.
Un gigante forestal
Arauco desarrolla sus operaciones en Argentina a través de plantaciones forestales, viveros, aserraderos y una planta de producción de pasta celulósica ubicada en Puerto Esperanza, Misiones.
De acuerdo con su Reporte de Sustentabilidad 2025, la empresa administra más de 260.000 hectáreas en Argentina. De ese total, unas 136.000 hectáreas corresponden a plantaciones forestales productivas, mientras que más de 120.000 hectáreas están destinadas a la conservación de bosques nativos y otras áreas protegidas.
La compañía también señala que genera miles de empleos directos e indirectos y desarrolla programas de restauración ambiental, monitoreo de biodiversidad y certificaciones forestales internacionales.
Los cuestionamientos ambientales
Al mismo tiempo, Arauco ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y ambientales de Misiones.
Entre los principales reclamos figuran denuncias por el avance de monocultivos forestales sobre territorios históricamente utilizados por comunidades rurales e indígenas, la sustitución de bosques nativos por plantaciones comerciales, conflictos vinculados al acceso al agua y los impactos ambientales asociados al modelo forestal intensivo.
La empresa sostiene que todas sus operaciones cumplen con la legislación vigente, cuentan con certificaciones internacionales y destinan una parte significativa de sus tierras a la conservación de ecosistemas naturales.
El debate que llega al Senado
El caso cobra relevancia porque uno de los proyectos impulsados por el oficialismo propone derogar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, eliminando los límites actuales a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que la normativa vigente desalienta inversiones y limita el desarrollo productivo.
En cambio, organizaciones ambientales, especialistas en soberanía territorial y académicos advierten que eliminar esos límites podría acelerar la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de capitales extranjeros, especialmente en provincias con recursos estratégicos como Misiones, la Patagonia y zonas con abundancia de agua dulce.