Glencore, la minera bajo la lupa: denuncias por corrupción, contaminación y violación de derechos humanos en cuatro continentes
La multinacional suiza lidera rankings globales por ingresos y valor de mercado, pero también acumula decenas de denuncias por afectaciones ambientales, corrupción y vulneración de derechos en los países donde opera.
“Nuestro propósito es obtener de manera responsable los productos que hacen avanzar la vida cotidiana”, afirma en su página web Glencore, una de las corporaciones mineras más grandes del mundo. Sin embargo, esa declaración contrasta con un extenso historial de denuncias que incluye contaminación ambiental, afectaciones a la salud, desalojos forzados, corrupción y cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos en distintos países.
Con sede en Suiza y operaciones en más de 30 países de África, América, Europa y Oceanía, la compañía participa en la extracción, procesamiento y comercialización de minerales estratégicos como cobre, cobalto, zinc, níquel y carbón, además de petróleo y productos agrícolas.
En Argentina, la empresa tiene una fuerte presencia a través de los proyectos de cobre MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), en Catamarca, y El Pachón, en San Juan. Ambos emprendimientos son considerados claves para la expansión minera impulsada por el Gobierno nacional y forman parte de los proyectos que buscan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Glencore y las denuncias por derechos humanos, corrupción y daños ambientales
La relevancia económica de Glencore tiene su correlato en los cuestionamientos que enfrenta a nivel internacional. Según reportes del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), vinculado a Naciones Unidas, la compañía encabeza los registros de denuncias relacionadas con la extracción de minerales utilizados en la transición energética.
“Glencore está vinculada con 70 denuncias de abuso, la mayor cantidad asignado a una empresa en el monitoreo, por segundo año consecutivo”, sostiene el reporte publicado en 2023, que recopiló casos registrados entre 2010 y 2022.
La situación no mejoró en los años siguientes. En el informe de 2025, la multinacional volvió a liderar el listado con 80 denuncias relacionadas con derechos ambientales, derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, además de conflictos laborales.
A estos antecedentes se suman causas judiciales por corrupción. En 2022, Glencore se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos por el pago de sobornos y manipulación de mercados en distintos países de África y América Latina.
Damian Williams, fiscal que encabezó la investigación, describió el esquema de la siguiente manera: “Glencore pagó sobornos para asegurar los contratos petroleros. Glencore pagó sobornos para evitar auditorías del gobierno. Glencore sobornó a los jueces para hacer desaparecer las demandas. En el fondo, Glencore pagó sobornos para ganar dinero, cientos de millones de dólares. Y lo hizo con la aprobación, e incluso el aliento, de sus altos ejecutivos”.
Posteriormente, tribunales del Reino Unido y autoridades judiciales de Suiza también sancionaron a la empresa por prácticas vinculadas a corrupción internacional y pago de sobornos para obtener negocios en distintos países.
Los conflictos de Glencore en Argentina: de Bajo la Alumbrera a El Pachón
La llegada de Glencore al país se consolidó en 2013 tras su fusión con Xstrata, operación que le otorgó el control mayoritario de Minera Alumbrera, uno de los proyectos mineros más emblemáticos y cuestionados de Argentina.
Durante años, Bajo la Alumbrera acumuló denuncias por contaminación ambiental y afectaciones a cursos de agua. En 2017, un tribunal de Tucumán condenó a la empresa por contaminación de localidades de esa provincia. Paralelamente, continúan abiertas otras causas judiciales relacionadas con la cuenca Salí-Dulce.
Desde la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, sostienen que la reactivación del complejo minero busca avanzar sobre el proyecto Agua Rica, ubicado en una zona considerada estratégica para el abastecimiento hídrico local.
“El anuncio del proyecto produjo un levantamiento popular en 2010 porque atenta contra nuestra fuente de agua, tanto para la vida del pueblo como para la producción”, afirma Melina Zocchi, integrante de la organización.
Otro de los focos de conflicto es el proyecto El Pachón, en San Juan. Organizaciones ambientales advierten que el yacimiento se encuentra en un área con presencia de glaciares de roca y en una zona clave para el sistema hídrico provincial.
“El riesgo ambiental más importante es que está situado sobre un glaciar de roca”, señala Raúl Orduña, integrante de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta.
Según el referente ambiental, la explotación podría afectar tanto la calidad como la disponibilidad de agua en la cuenca del río San Juan. Además, cuestiona la concesión hídrica otorgada al proyecto: “Eso equivale a casi 100 millones de litros de agua por día”.
A los cuestionamientos ambientales se suman antecedentes judiciales vinculados a la presencia de una escombrera ilegal proveniente de una mina chilena y denuncias por restricciones al acceso de caminos de uso público en la zona.
Mientras Glencore avanza con proyectos considerados estratégicos para la producción de cobre en Argentina, organizaciones sociales, ambientales y comunidades locales continúan señalando que el crecimiento de la actividad minera no puede desvincularse del debate sobre sus impactos ambientales, sociales e institucionales.
