Mendoza multó y clausuró a una empresa de Grupo Arcor y a un frigorífico por incumplimientos ambientales
El Gobierno provincial aplicó sanciones de casi $25 millones por incumplimientos en el tratamiento de efluentes en el sistema Pescara.
La provincia de Mendoza aplicó multas millonarias y clausuró los puntos de descarga de efluentes de una empresa de Grupo Arcor y de un frigorífico por incumplimientos en el tratamiento de sus residuos líquidos. Las sanciones fueron dispuestas por el Departamento General de Irrigación luego de detectar que los vuelcos al sistema Pescara no cumplían con los parámetros ambientales exigidos.
La primera medida alcanzó al frigorífico San Javier S.A., ubicado en el distrito de Luzuriaga, Maipú. La clausura fue dispuesta mediante la Resolución N.º 657/26, luego de reiterados incumplimientos detectados durante las tareas de fiscalización del organismo. Además, Irrigación aplicó una multa de $13.020.000.

Las inspecciones y los análisis de laboratorio realizados por los equipos técnicos permitieron determinar que el establecimiento no alcanzaba los parámetros de calidad exigidos para el vuelco de efluentes. Según informó Irrigación, la empresa tampoco modificó su situación pese a los apercibimientos y multas aplicados anteriormente.
“Como resultado de este proceso administrativo y técnico, Irrigación resolvió clausurar el punto de descarga y aplicar la sanción prevista en la normativa vigente”, informó el organismo en un comunicado.
La medida no implica el cierre del frigorífico, sino exclusivamente la prohibición de descargar efluentes al ducto del canal Pescara hasta que se acrediten las condiciones técnicas y ambientales exigidas.

San Javier S.A. se dedica al faenamiento y conservación en frío de carne vacuna, una actividad que genera efluentes con elevada carga orgánica y microbiológica. “Cuando estos líquidos no reciben un tratamiento adecuado, pueden afectar la calidad del agua y representar un riesgo para el ambiente y para los usos aguas abajo del Pescara”, señaló Irrigación.
El punto de vuelco fue sellado de manera permanente por personal técnico y operativo del organismo, que posteriormente labró el acta correspondiente.
También sancionaron a una empresa de Grupo Arcor
La segunda medida alcanzó a Cartocor S.A., empresa perteneciente al Grupo Arcor que fabrica papel reciclado utilizado como materia prima para la producción de cartón. El establecimiento está ubicado sobre el Carril Rodríguez Peña, en Maipú, y descargaba sus efluentes al Canal Pescara.
Irrigación clausuró su punto de vuelco y le aplicó una multa de casi $12 millones. La medida fue adoptada por la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico del Departamento General de Irrigación, en ejercicio de las facultades de policía del agua del organismo.

Según explicó Irrigación, el objetivo de la clausura es impedir la continuidad de descargas que no se ajusten a las condiciones establecidas por la normativa vigente y preservar la calidad del agua del sistema Pescara.
“Estas intervenciones forman parte de una política de fiscalización activa, sostenida y basada en criterios técnicos objetivos”, señaló el organismo. Y agregó que el propósito “no se limita a la aplicación de sanciones”, sino que busca que las industrias adecuen sus procesos productivos y sistemas de tratamiento para que los vuelcos cumplan con los parámetros exigidos antes de ser incorporados a un cauce.
Las clausuras se suman a otras medidas adoptadas recientemente sobre establecimientos que descargan al sistema Pescara. Irrigación también lleva adelante un programa de monitoreo, dispuesto mediante la Resolución 776/25, destinado a identificar los sectores y descargas de mayor criticidad para adoptar las medidas correctivas correspondientes.
El sistema Pescara recibe los efluentes de más de 30 establecimientos. Si bien cuenta con perforaciones destinadas a mejorar la calidad del agua del ducto cerrado, Irrigación remarcó que cada empresa debe contar con sistemas de tratamiento adecuados a las exigencias de la normativa ambiental.
Desde el organismo señalaron que continuarán con las inspecciones y controles y que podrán aplicar sanciones económicas, clausuras de los puntos de vuelco o, cuando corresponda, de los propios establecimientos frente a nuevos incumplimientos.















