Mendoza: imponen multas de hasta $10 millones por contaminar, derrochar o “robar” agua
La provincia dio luz verde a un proyecto de ley que fortalece el marco normativo en la gestión de los recursos hídricos.
El Senado de Mendoza aprobó finalmente un proyecto de ley que fortalece el marco normativo en la gestión de los recursos hídricos. Esta iniciativa, sancionada por unanimidad, busca optimizar el uso del agua y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales en una provincia donde la disponibilidad del recurso es limitada.
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Las multas imponen multas de hasta $10 millones por contaminar, derrochar o “robar” agua. Cabe remarcar que tras su paso por ambas Cámaras legislativas, el proyecto aguarda ahora la promulgación del Poder Ejecutivo para entrar en vigor.
Cambio clave en la gestión hídrica
El proyecto, impulsado originalmente por los ex senadores Marcelo Rubio, Fernando Alin, Rolando Baldasso, Ernesto Mancinelli, y el actual senador Martín Kerchner Tomba, introduce modificaciones a la Ley General de Aguas y otras normativas complementarias. Una de sus principales novedades es la asignación de las multas por infracciones a la Unidad Fiscal del Agua (UFA), creada por la Ley Provincial 9589. Esto centraliza la fiscalización y el cobro de sanciones, permitiendo un manejo más eficiente y transparente de los recursos obtenidos.
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Las sanciones establecidas oscilan entre 100 y 10.000 Unidades Fiscales del Agua, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas medidas apuntan a desincentivar prácticas como el uso no autorizado del recurso, la obstrucción de canales de riego y el desvío ilegal de agua.
Impacto en el uso agrícola y urbano
El proyecto también incluye regulaciones específicas para el sector agrícola, con nuevas reglas sobre el uso de hijuelas y turnos de riego entre usuarios, favoreciendo una distribución más equitativa del recurso. En el ámbito urbano, prohíbe construcciones que interfieran en el flujo de los canales de desagüe, una medida destinada a preservar la infraestructura hídrica.
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Además, las modificaciones refuerzan la lucha contra el cultivo clandestino, con sanciones agravadas en caso de reincidencia, y amplían la obligatoriedad de trámites administrativos para garantizar el uso legal del agua.
Hacia un manejo sostenible del recurso
Mendoza, una provincia que enfrenta severas limitaciones en sus recursos hídricos, avanza con esta ley hacia un marco normativo más robusto y sostenible.
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En un contexto de creciente preocupación por la escasez global de agua, estas medidas buscan no solo proteger el recurso, sino también garantizar su acceso equitativo y responsable para las generaciones presentes y futuras.
